General (r) Iván Ramírez, emblema de la inteligencia militar, a punto de entrar a la JEP
El alto oficial en retiro fue absuelto por las desapariciones del Palacio de Justicia en diciembre de 2011. Desde entonces se espera que el Tribunal Superior de Bogotá confirme ese fallo o condene al general (r), lo cual no ha pasado en estos casi ocho años.
Redacción Judicial
El caso del holocausto del Palacio de Justicia está a punto de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En un documento fechado el pasado 12 de septiembre (hace cinco días), la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas llamó a firmar acta de sometimiento a quien estuvo a cargo del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Ejército para 1985: el general (r) Iván Ramírez Quintero. El uniformado resultó absuelto en 2011 por la desaparición forzada de 11 personas, en su mayoría trabajadores de la cafetería del Palacio, pero aun así, y sin que si fallo esté en firme -pues falta la segunda instancia- acudió a la justicia especial.
(Lea también: Los generales (r) del Ejército que se han sometido a la JEP)
Ramírez Quintero fue un hombre insignia para la inteligencia militar, pero también tiene acusaciones en su contra de haber participado en la tortura y desaparición de varias personas entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. El excomandante del Coici fue vinculado a este proceso a inicios de 2009, cuando la Fiscalía recuperó varios testimonios, entre ellos de los estudiantes de la Universidad Externado Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, que señalaron haber quedado bajo custodia militar tras salir del Palacio en llamas, sin que en las minutas de guardia fuera reportada su retención.
En el fallo con que la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en 2014 por varias graves violaciones a los derechos humanos durante la toma y retoma del Palacio, se lee que Matson y Santodomingo fueron detenidos arbitrariamente por militares que estaban a cargo del control de los sobrevivientes del holocausto, con base en criterios subjetivos. "La Corte consideró demostrado y el Estado reconoció que Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino fueron trasladados a una instalación militar por ser considerados sospechosos".
(Le puede interesar: Los reproches a la Fiscalía sobre hipótesis de los desaparecidos en el Palacio de Justicia)
En octubre de 2018 se supo que el general (r) Ramírez había acudido a la justicia especial, pues a los cuatro años de haber sido absuelto, en 2015, la Fiscalía le abrió una segunda investigación. En ese momento, en seguimiento de la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por lo sucedido en la toma y retoma del Palacio, fueron llamados a indagatoria 14 militares, entre quienes estaba Ramírez. Esta vez, el tema eran las torturas que se ejecutaron contra los rehenes del Palacio que después fueron catalogados por militares como "especiales".
Casi un año más tarde de la solicitud de Ramírez ante la JEP se profiere una de las primeras decisiones en su caso. Con su firma del acta de sometimiento, uno de los hombres que más conoce lo que pasó en el caso del Palacio (según la Fiscalía, pues él lo niega) está a un paso de entrar al tribunal encargado de esclarecer lo ocurrido en el conflicto. A este paso le sigue el estudio formal del plan de verdad que está dispuesto a aportar a esa jurisdicción y la reparación que le ofrecería a las víctimas.
(En contexto: Un símbolo militar es investigado por segunda vez)
En el documento que consigna la decisión de llamarlo a firmar el acta de sometimiento se les pide, además, a las supuestas víctimas del general Ramírez, los familiares de los desaparecidos, que aporten pruebas en el proceso. La decisión toca, por ahora, a Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán (cuyos restos ya fueron hallados); Jorge Franco, hermano de Irma Franco (guerrillera del M-19 de quien no se sabe nada desde 1985); René Guarín, hermano de Cristina Guarín (cuyos restos se entregaron a su familia en 2015), y el entonces funcionario de la Corte Suprema, Orlando Arrechea, reconocido por la Corte Interamericana como víctima de tortura.
La JEP quiere, además, empezar a familiarizarse con este tema. Por eso, la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas solicitó al Grupo de Análisis de la Información (Grai) “que contextualice los sucesos de la toma y retoma del Palacio de Justicia (hechos acaecidos los días 6 7 de noviembre de 1985), la participación que tuvo en ellos el mayor general (r) Iván ramírez y las circunstancias que rodearon la comisión de conductas relacionadas con desapariciones forzadas, homicidios y torturas”. Una petición que será de mucha ayuda para los magistrados en las decisiones que están por venir.
El caso del holocausto del Palacio de Justicia está a punto de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En un documento fechado el pasado 12 de septiembre (hace cinco días), la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas llamó a firmar acta de sometimiento a quien estuvo a cargo del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Ejército para 1985: el general (r) Iván Ramírez Quintero. El uniformado resultó absuelto en 2011 por la desaparición forzada de 11 personas, en su mayoría trabajadores de la cafetería del Palacio, pero aun así, y sin que si fallo esté en firme -pues falta la segunda instancia- acudió a la justicia especial.
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Ramírez Quintero fue un hombre insignia para la inteligencia militar, pero también tiene acusaciones en su contra de haber participado en la tortura y desaparición de varias personas entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. El excomandante del Coici fue vinculado a este proceso a inicios de 2009, cuando la Fiscalía recuperó varios testimonios, entre ellos de los estudiantes de la Universidad Externado Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, que señalaron haber quedado bajo custodia militar tras salir del Palacio en llamas, sin que en las minutas de guardia fuera reportada su retención.
En el fallo con que la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en 2014 por varias graves violaciones a los derechos humanos durante la toma y retoma del Palacio, se lee que Matson y Santodomingo fueron detenidos arbitrariamente por militares que estaban a cargo del control de los sobrevivientes del holocausto, con base en criterios subjetivos. "La Corte consideró demostrado y el Estado reconoció que Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino fueron trasladados a una instalación militar por ser considerados sospechosos".
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En octubre de 2018 se supo que el general (r) Ramírez había acudido a la justicia especial, pues a los cuatro años de haber sido absuelto, en 2015, la Fiscalía le abrió una segunda investigación. En ese momento, en seguimiento de la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por lo sucedido en la toma y retoma del Palacio, fueron llamados a indagatoria 14 militares, entre quienes estaba Ramírez. Esta vez, el tema eran las torturas que se ejecutaron contra los rehenes del Palacio que después fueron catalogados por militares como "especiales".
Casi un año más tarde de la solicitud de Ramírez ante la JEP se profiere una de las primeras decisiones en su caso. Con su firma del acta de sometimiento, uno de los hombres que más conoce lo que pasó en el caso del Palacio (según la Fiscalía, pues él lo niega) está a un paso de entrar al tribunal encargado de esclarecer lo ocurrido en el conflicto. A este paso le sigue el estudio formal del plan de verdad que está dispuesto a aportar a esa jurisdicción y la reparación que le ofrecería a las víctimas.
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En el documento que consigna la decisión de llamarlo a firmar el acta de sometimiento se les pide, además, a las supuestas víctimas del general Ramírez, los familiares de los desaparecidos, que aporten pruebas en el proceso. La decisión toca, por ahora, a Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán (cuyos restos ya fueron hallados); Jorge Franco, hermano de Irma Franco (guerrillera del M-19 de quien no se sabe nada desde 1985); René Guarín, hermano de Cristina Guarín (cuyos restos se entregaron a su familia en 2015), y el entonces funcionario de la Corte Suprema, Orlando Arrechea, reconocido por la Corte Interamericana como víctima de tortura.
La JEP quiere, además, empezar a familiarizarse con este tema. Por eso, la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas solicitó al Grupo de Análisis de la Información (Grai) “que contextualice los sucesos de la toma y retoma del Palacio de Justicia (hechos acaecidos los días 6 7 de noviembre de 1985), la participación que tuvo en ellos el mayor general (r) Iván ramírez y las circunstancias que rodearon la comisión de conductas relacionadas con desapariciones forzadas, homicidios y torturas”. Una petición que será de mucha ayuda para los magistrados en las decisiones que están por venir.