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Luego de que se conociera un informe de Human Rights Watch (HRW), que señala que altos mandos del Ejército estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008, el Comando General de las Fuerzas Militares señaló que la Fiscalía no adelanta actualmente ninguna investigación en contra los generales Rodríguez y Lasprilla, como lo sugiere el informe de la ONG.
Según los documentos expuestos por el Gobierno, tanto el comandante de las Fuerzas Armadas, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y de Ejército, general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, no presentan antecedentes penales ni disciplinarios. (Lea: “Altos niveles del Ejército facilitaron falsos positivos”: HRW)
Así mismo, advierten que ni la Fiscalía, ni la Procuraduría adelantan procesos en su contra. Sin embargo, el informe de HRW cita un testimonio que da cuenta sobre el presunto papel del entonces comandante de la Cuarta Brigada, el general Rodríguez Barragán, en la comisión de esos delitos.
Según HRW, la Fiscalía investiga a Rodríguez por 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales, incluyendo algunas cometidas por el general Robinson González del Río cuando estaba en el Gaula de Antioquia.
Los certificados expedidos el martes 23 de junio de 2015, fueron solicitados por el Gobierno, tras conocerse los señalamientos hechos por Human Right Watch en el informe sobre ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos de Colombia y en el que sugiere de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de 'falsos positivos', e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión.
"Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces", indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, en un comunicado.
"No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares", agrega.
Los falsos positivos son casos de civiles que fueron reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.
El análisis de datos de la Fiscalía efectuado por HRW indica que los fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.
Evidencias del informe muestran que "comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones -además de los entonces máximos mandos del Ejército- al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos y, por lo tanto, podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando".