Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema

De izq. a der: Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino. / Fotos: archivo El Espectador y El Heraldo

Un terremoto sacudió la justicia. La Corte Suprema comienza este miércoles sabiendo que tres de sus expresidentes enfrentan la posibilidad de ser investigados por el caso de corrupción más sonado del país este año aparte de Odebrecht: el del exfiscal Gustavo Moreno. Nunca antes la credibilidad de ese alto tribunal se había visto tan comprometida. Se trata, además, de tres exmagistrados cuya cercanía era reconocida dentro de la Corte: Francisco Ricaurte (quien aspira a ser magistrado del Tribunal de Paz) y Camilo Tarquino, quienes pertenecían a la Sala Laboral, y José Leonidas Bustos, de la Sala de Casación Penal.

El anuncio fue escueto pero contundente. El fiscal, Néstor Humberto Martínez, señaló que, por cooperación con Estados Unidos, la Fiscalía obtuvo pruebas “que servirían como evidencia de hechos consumados que tendrían por objeto afectar la integridad de la administración de justicia”. Son, precisó la Fiscalía, “comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y los señores Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla (…) se hace relación a solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados”.

En el caso del exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, quien está siendo investigado por supuestamente haberle pedido un soborno a Alejandro Lyons, los hechos documentados tuvieron lugar este año. La Fiscalía, sin embargo, señaló que el material con que ahora cuenta es “con anterioridad al año 2017”. Y dio un dato más espinoso aún: “Las evidencias referidas dan cuenta (de) que tales hechos están relacionados con procesos ante la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales”, que serían los congresistas Hernán Andrade y Musa Besaile y el exsenador Luis Alfredo Ramos.

Según la Fiscalía, en las conversaciones interceptadas a Leonardo Pinilla, quien fue capturado en junio pasado al tiempo que Moreno, por el asunto Lyons, se detectó que él menciona a los exmagistrados Bustos y Ricaurte. El primero, quien llegó a acumular un gran poder dentro de la Corte Suprema, fue presidente del alto tribunal en 2015 y acabó su período el año pasado. El segundo, igualmente poderoso en la Rama Judicial, se fue de la Corte en 2012 y de allí saltó al Consejo Superior de la Judicatura, pero su elección fue declarada nula y tuvo que dejar el cargo.

Es tan delicado este tema que la misma Corte Suprema le pidió a la Comisión de Acusaciones que “en atención a la gravedad que revisten esos hechos (…) obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor”. La Corte, además, le dijo a la Comisión que estará presta “a colaborar en la investigación a su cargo con toda la información que estime necesaria”. Respecto a los congresistas, la Corte aseguró: “De la investigación penal en contra de los congresistas vinculados a los actos de corrupción atribuidos a los exmagistrados (…) se ocupará inmediatamente una Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal”.

Andrade, Besaile y Ramos tienen en común que el exfiscal Gustavo Moreno fue en algún momento su abogado en procesos ante la Corte Suprema. En cuanto al primero, un conservador del Huila, Moreno hizo parte de su equipo defensor por el préstamo de $250 millones que le había hecho Armando Cabrera Polanco, condenado como el cerebro del desfalco a Cajanal. El caso finalmente precluyó: es decir, a la Corte se le pasó el tiempo para investigar. Desde que Moreno fue capturado, Andrade ha insistido en que nada tuvo que ver con los actos de corrupción que se le endilgan al exfiscal.

El cordobés Besaile, del Partido de la U, fue el segundo senador con la votación más alta del país en 2014 y la Fiscalía también le pidió a la Corte que lo investigara por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Besaile admitió que Gustavo Moreno alcanzó a revisar, en calidad de suplente, un proceso que se abrió en su contra, pero dijo que Moreno no emitió conceptos ni recibió honorarios. Besaile tiene una indagación preliminar en la Corte por parapolítica y su abogado es Luis Ignacio Lyons, quien, anunció la Fiscalía, también será investigado.

Se trata del hermano de Alejandro Lyons. Entre sus precedentes figura que ya había salido salpicado en denuncias, pues en 2010 el exparamilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, mano derecha de Vicente Castaño, aseguró que Luis Ignacio Lyons representaba los intereses de los Castaño en procesos de extinción de dominio y que como tal estaba cometiendo irregularidades, pero el caso fue rápidamente archivado en la Fiscalía. Por la información que dio el organismo investigativo, no es claro aún cuál habría sido el papel de Lyons en este entramado de corrupción.

El antioqueño Luis Alfredo Ramos, del Centro Democrático, es tal vez el caso más emblemático que manejó Gustavo Moreno mientras posaba como el abogado que batallaba contra los falsos testigos. Moreno defendió a Ramos con base en esa estrategia hasta que fue nombrado jefe anticorrupción de la Fiscalía, en octubre del año pasado, y le pasó el caso a un abogado de su entera confianza: Leonardo Pinilla. En la Corte Suprema, el juicio por parapolítica contra Ramos ya tuvo la audiencia final, en la cual el exsenador pidió ser declarado inocente y víctima de falsos testigos.

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Camilo Tarquino, el último exmagistrado que apareció mencionado en la rueda de prensa que dio el fiscal general —y un nombre nuevo en este escándalo—, fue magistrado de la Sala Laboral hasta junio de 2012. La Fiscalía señaló que la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte había asumido la indagación contra él, pero como aún no se sabe públicamente en qué años ocurrieron los hechos en cuestión, Tarquino podría igualmente ser investigado por la Comisión de Acusaciones, en caso de que las irregularidades que le endilguen correspondan a su período como magistrado.

Gustavo Moreno, el exfiscal arrestado 

El 1° de julio pasado Moreno pidió perdón por sus actos y el 14 de julio aceptó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, esa corporación rechazó la aceptación, pues Moreno dijo que admitía los cargos porque había recibido presiones por parte de un miembro de la Fiscalía. Moreno aseguró que un funcionario judicial le pidió que se declarara culpable o su esposa se vería involucrada en investigaciones. Su socio del supuesto soborno, el abogado Leonardo Pinilla, rechazó los cargos en su contra el pasado 1º de agosto. El monteriano de 32 años es investigado por los mismos hechos que el exfiscal Moreno.

En las audiencias de imputación contra Moreno y Pinilla, la Fiscalía ha señalado que los dos hombres se habrían reunido en noviembre de 2016 con el exmandatario cordobés para pedirle dinero. El ente investigador aseguró que, entre finales de febrero y comienzos de marzo pasado, Pinilla y Moreno visitaron a Lyons en su apartamento en Bogotá para reiterar la solicitud de dinero. Días después, según la Fiscalía, le pidieron al exgobernador $100 millones para que tuviera acceso al principio de oportunidad de dos personas que iban a declarar en su contra. Al final le pidieron más de $500 millones.

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Lyons es investigado por la Fiscalía porque, durante su gestión como gobernador de Córdoba (2012-2015), habría sido pieza clave en el despilfarro de las regalías de ese departamento. Los delitos por los que es investigado son concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en celebración de contratos, seis delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación y falsedad en documento público y privado. Moreno y Pinilla tienen procesos abiertos con la justicia estadounidense y se espera que sean pedidos en extradición.