“Jesús Santrich”: la huelga de hambre continúa y los problemas también

“Nos pidió que confiáramos en su determinación y en su inocencia”, contó Pablo Catatumbo este domingo, mientras salía del búnker de la Fiscalía, donde acababa de ver a su compañero Seuxis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich. “No nos manifestó que quisiera morir, de ninguna manera, (pero) nos dijo que iba a continuar con esa huelga de hambre hasta las últimas consecuencias (…) Le dijimos que era necesario conservar la salud”. El exjefe guerrillero agregó: “Estos procesos políticos son mediáticos, pero son los abogados y es en los tribunales donde deben definirse. Nosotros estamos dispuestos a enfrentar la situación que se venga”.

(Puede leer: El operativo para ordenar la captura de "Santrich")

Santrich recibió ayer en su celda a Catatumbo, a Carlos Losada y a Victoria Sandino, quienes fueron, según lo manifestaron antes de ingresar a la sede central de la Fiscalía, a dejarle un mensaje de solidaridad y de apoyo. Pero, ayer, recibió también duros cuestionamientos de parte de los medios de comunicación, que revelaban más detalles de su captura y explicaban en detalle cómo quien habría sido su socio en un negocio de narcotráfico, Marlon Marín, terminó siendo al parecer un eje central en una red de corrupción que surgió persiguiendo los recursos para el posconflicto.

De Marín, se sabe ahora, existen horas y horas de grabaciones de llamadas telefónicas, con las cuales la Fiscalía cree que puede probar cómo él empezó a interferir en los procesos de contratos relacionados con recursos del posconflicto para quedarse con “tajadas”. Por ejemplo, en una de las llamadas habla con una mujer, a la cual le cuenta que modificó los requerimientos técnicos de un contrato de vivienda para aumentar su valor en un 10 %: se estructuró inicialmente por cerca de $20.000 millones y, con la participación de Marín, se habría incrementado a más de $22.000 millones.

La Fiscalía, como ya se lo notificó al presidente Juan Manuel Santos el fiscal Néstor Humberto Martínez, le sigue el rastro a una red de intermediarios que obtenía información privilegiada de las adjudicaciones de proyectos del posconflicto y la comercializaba entre personas interesadas en quedarse con los proyectos. Por esa razón, la semana pasada fueron llamadas a interrogatorio nueve personas, encabezadas por Marín. También la abogada María Elvira Valencia, adscrita al Fonade; Sonia Veloza Mogollón, aspirante a la Cámara de Representantes en 2014, impulsada por Rafael Pardo, y el exdiputado de Santander José Domingo Ardila.

Los interrogatorios comenzaron la semana pasada y continuarán esta que empieza. Según la Fiscalía, estas personas “estarían interesadas en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”. Se trata de un proceso que se suma a las inquietudes que ya han transmitido gobiernos donantes por el manejo de recursos del Fondo Colombia en Paz. Ayer, Cuba y Noruega expresaron en un comunicado conjunto su “preocupación por los acontecimientos más recientes relacionados con el proceso de paz”.

Así las cosas, tanto Marlon Marín como Jesús Santrich están librando sus batallas —aunque Marín igualmente está pedido en extradición, como Santrich, por narcotráfico—. Con respecto al exjefe guerrillero, tanto Santrich como los líderes del partido político FARC consideran que su detención es ilegal y que la solicitud de extradición en su contra debió ponerse en consideración del Tribunal Especial de Paz. Lo mismo piensa la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, quien señaló que la Sección de Revisión debe revisar el caso. Por eso, los abogados de Santrich presentaron una acción de hábeas corpus, con el propósito de que él saliera libre de forma inmediata.

(Tal vez quiera leer: El laberinto de los dineros de la paz)

Los abogados alegaron que ni la Fiscalía ni la Cancillería tenían competencia para tramitar su captura. El Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, rechazó la solicitud. Clara Inés Márquez, magistrada de la Sala Civil, determinó este 15 de abril que “la Fiscalía es la entidad competente para adelantar las actuaciones relacionadas con la captura con fines de extradición”. Agregó que la detención de Santrich está todavía dentro de los tiempos legales; que “se han cumplido los trámites pertinentes y en el actual estado del procedimient, no es oportuno, conforme al ordenamiento jurídico, remitir la actuación a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Por ahora, los interrogatorios y las pesquisas para entender qué estaba pasando con los contratos del posconflicto seguirán, así como continuará el expediente en contra de Santrich y de Marín en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ese proceso ante la justicia estadounidense ya tiene jueza asignada, una mujer llamada Valerie Caproni, quien está en esa instancia judicial desde 2013 cuando la nominó el presidente Barack Obama. Caproni, quien fue asesora general del FBI, es quien ahora tiene en sus manos el caso más delicado que ha surgido desde que se firmó el Acuerdo de Paz.

“Nos pidió que confiáramos en su determinación y en su inocencia”, contó Pablo Catatumbo este domingo, mientras salía del búnker de la Fiscalía, donde acababa de ver a su compañero Seuxis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich. “No nos manifestó que quisiera morir, de ninguna manera, (pero) nos dijo que iba a continuar con esa huelga de hambre hasta las últimas consecuencias (…) Le dijimos que era necesario conservar la salud”. El exjefe guerrillero agregó: “Estos procesos políticos son mediáticos, pero son los abogados y es en los tribunales donde deben definirse. Nosotros estamos dispuestos a enfrentar la situación que se venga”.

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Santrich recibió ayer en su celda a Catatumbo, a Carlos Losada y a Victoria Sandino, quienes fueron, según lo manifestaron antes de ingresar a la sede central de la Fiscalía, a dejarle un mensaje de solidaridad y de apoyo. Pero, ayer, recibió también duros cuestionamientos de parte de los medios de comunicación, que revelaban más detalles de su captura y explicaban en detalle cómo quien habría sido su socio en un negocio de narcotráfico, Marlon Marín, terminó siendo al parecer un eje central en una red de corrupción que surgió persiguiendo los recursos para el posconflicto.

De Marín, se sabe ahora, existen horas y horas de grabaciones de llamadas telefónicas, con las cuales la Fiscalía cree que puede probar cómo él empezó a interferir en los procesos de contratos relacionados con recursos del posconflicto para quedarse con “tajadas”. Por ejemplo, en una de las llamadas habla con una mujer, a la cual le cuenta que modificó los requerimientos técnicos de un contrato de vivienda para aumentar su valor en un 10 %: se estructuró inicialmente por cerca de $20.000 millones y, con la participación de Marín, se habría incrementado a más de $22.000 millones.

La Fiscalía, como ya se lo notificó al presidente Juan Manuel Santos el fiscal Néstor Humberto Martínez, le sigue el rastro a una red de intermediarios que obtenía información privilegiada de las adjudicaciones de proyectos del posconflicto y la comercializaba entre personas interesadas en quedarse con los proyectos. Por esa razón, la semana pasada fueron llamadas a interrogatorio nueve personas, encabezadas por Marín. También la abogada María Elvira Valencia, adscrita al Fonade; Sonia Veloza Mogollón, aspirante a la Cámara de Representantes en 2014, impulsada por Rafael Pardo, y el exdiputado de Santander José Domingo Ardila.

Los interrogatorios comenzaron la semana pasada y continuarán esta que empieza. Según la Fiscalía, estas personas “estarían interesadas en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”. Se trata de un proceso que se suma a las inquietudes que ya han transmitido gobiernos donantes por el manejo de recursos del Fondo Colombia en Paz. Ayer, Cuba y Noruega expresaron en un comunicado conjunto su “preocupación por los acontecimientos más recientes relacionados con el proceso de paz”.

Así las cosas, tanto Marlon Marín como Jesús Santrich están librando sus batallas —aunque Marín igualmente está pedido en extradición, como Santrich, por narcotráfico—. Con respecto al exjefe guerrillero, tanto Santrich como los líderes del partido político FARC consideran que su detención es ilegal y que la solicitud de extradición en su contra debió ponerse en consideración del Tribunal Especial de Paz. Lo mismo piensa la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, quien señaló que la Sección de Revisión debe revisar el caso. Por eso, los abogados de Santrich presentaron una acción de hábeas corpus, con el propósito de que él saliera libre de forma inmediata.

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Los abogados alegaron que ni la Fiscalía ni la Cancillería tenían competencia para tramitar su captura. El Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, rechazó la solicitud. Clara Inés Márquez, magistrada de la Sala Civil, determinó este 15 de abril que “la Fiscalía es la entidad competente para adelantar las actuaciones relacionadas con la captura con fines de extradición”. Agregó que la detención de Santrich está todavía dentro de los tiempos legales; que “se han cumplido los trámites pertinentes y en el actual estado del procedimient, no es oportuno, conforme al ordenamiento jurídico, remitir la actuación a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Por ahora, los interrogatorios y las pesquisas para entender qué estaba pasando con los contratos del posconflicto seguirán, así como continuará el expediente en contra de Santrich y de Marín en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ese proceso ante la justicia estadounidense ya tiene jueza asignada, una mujer llamada Valerie Caproni, quien está en esa instancia judicial desde 2013 cuando la nominó el presidente Barack Obama. Caproni, quien fue asesora general del FBI, es quien ahora tiene en sus manos el caso más delicado que ha surgido desde que se firmó el Acuerdo de Paz.