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Este jueves, la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia dio inicio a un juicio inédito en el país: el primer litigio penal en contra de un magistrado de las altas cortes de Colombia. Se trata de Jorge Ignacio Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional, investigado por supuestamente haber negociado y utilizado sus influencias para incidir en una tutela que había presentado la empresa Fidupetrol que buscaba tumbar una multa en su contra. (En contexto: Caso de Jorge Pretetl: el comienzo de un juicio inédito)
Pretelt, vestido de traje negro y gafas del mismo color, entró al Palacio de Justicia por el parqueadero, al igual que varios de los intervinientes en este proceso. Sobre las 8:15 de la mañana, el magistrado José Francisco Acuña Vizcaya –ponente en este proceso– dio inicio a la audiencia. Antes de ser interrogado por la Sala Penal, Pretelt solicitó dos cosas: la primera, que Víctor Pacheco se retirara de la sala de audiencias mientras él intervenía, petición que fue avalada. La segunda, hacer una exposición de los hechos por los cuales el Senado lo suspendió, pero esta solicitud fue negada.
Así, el magistrado Acuña Vizcaya procedió a interrogarlo. Luego de responder varios aspectos de su vida personal, tales como su lugar de residencia, su formación profesional, entre otras cosas, el abogado expresó que conoció al abogado Pacheco mientras él ejercía sus funciones como litigante en procesos ante el Consejo de Estado y que le pareció “una persona agradable”. Agregó que compartió varios encuentros con él y que, tiempo después, le presentó al fiscal Fernando Mendoza en Barranquilla.
Según Pacheco, el 18 de octubre de 2013, Pretelt lo citó en su apartamento para pedirle $500 millones a nombre del entonces magistrado Mauricio González. Sin embargo, el abogado, condenado a dos años de prisión, recalcó en su momento que la plata nunca se entregó y que finalmente la sentencia salió en contra de los intereses de Fidupetrol. Frente a estas reuniones, Pretelt manifestó que solo recuerda dos visitas de Pacheco a su casa y que una de esas fue una reunión social con más de 80 invitados entre los que se encontraban personalidades “del poder público en Colombia”. (Lea: Senado suspendió del cargo a Pretelt y lo dejó en manos de la Corte Suprema)
Sin embargo, en la audiencia, manifiesta que Pacheco lo visitó en su despacho en siete o nueve oportunidades en donde le hablaba de los procesos que él tenía. Pero, pasado seguido, dice que nunca asistió por una invitación que él le haya hecho, sino porque, entre otras cosas, se hizo “amiga” de una funcionaria que le permitía el ingreso a la Corte Constitucional. De hecho, Pretelt asegura existe un registro de una visita de Pacheco a su despacho mientras él, en ese momento, se encontraba en Montería atendiendo un asunto personal.
Ante la pregunta de su supuesta exigencia económica a Pacheco, Pretelt –en tono enérgico– expresó que nunca le pidió plata y que el mismo Pacheco lo ha reconocido en declaraciones rendidas ante la justicia. Ni tampoco, dice, habló con algún magistrado de la Corte Constitucional por el tema de Fidupetrol. Asimismo, Pretelt aseguró que en un almuerzo entre Mauricio González y Rodrigo Escobar Gil nunca se habló de la mencionada tutela y que participación en ella fue de “cero interés”. El abogado, se 55 años y egresado de la Universidad del Rosario, le dijo a la Sala Penal que cuando la tutela llegó al alto tribunal y, luego de repartirse, le correspondió a él por el rango del código que tenía ese recurso.
La génesis de este caso está en una denuncia interpuesta por el exmagistrado de la Corte, Mauricio González Cuervo. El 4 de febrero de 2015, el mismo día de la elección de Pretelt como presidente de la Corte Constitucional, el también magistrado Luis Ernesto Vargas enteró a González de la petición de coimas por parte de Pretelt. En su despacho, Vargas le contó a González que lo había buscado Víctor Pacheco para contarle que Pretelt le había pedido $500 millones para fallar una tutela que debía resolver el alto tribunal. El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema de Justicia a pagar $22.500 millones.