“La desaparición, lo peor que le puede pasar a una familia”: directora de Medicina Legal

Claudia del Pilar García, directora de Medicina Legal, habló con El Espectador sobre el fenómeno de la desaparición forzada y sus dimensiones en Colombia. Asegura que, hacia finales de enero, la entidad entregará un parte preliminar sobre la fosa de “falsos positivos” descubierta en Dabeiba (Antioquia), aunque asegura que, desde ya, se estima que allí hay más cuerpos de los cincuenta, que es la cifra inicial. Asimismo, revela que, hacia mediados de 2020, entregará un informe total sobre los restos de las víctimas del Palacio de Justicia que reposan en el instituto.

Claudia del Pilar García, directora de Medicina Legal, habló con El Espectador sobre el fenómeno de la desaparición forzada y sus dimensiones en Colombia. Asegura que, hacia finales de enero, la entidad entregará un parte preliminar sobre la fosa de “falsos positivos” descubierta en Dabeiba (Antioquia), aunque asegura que, desde ya, se estima que allí hay más cuerpos de los cincuenta, que es la cifra inicial. Asimismo, revela que, hacia mediados de 2020, entregará un informe total sobre los restos de las víctimas del Palacio de Justicia que reposan en el instituto.

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¿Qué previsiones tiene sobre las fosas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, como la que se halló hace poco en Dabeiba?

La información que tenemos en este momento es la que nos dieron los magistrados de la JEP que están haciendo la intervención en Dabeiba: se prevé entre cincuenta y 75 casos en este cementerio, de los cuales hemos recibido diecisiete cuerpos para el abordaje inicial. El resto de las exhumaciones se piensan hacer en la segunda semana de enero, o después. Es posible que existan más fosas, pero no tengo una información sobre la cual pueda dar un dato certero.

Después de la exhumación de estos cuerpos, ¿qué sigue? ¿Cómo es el proceso y cuánto se demora en llegar la información a las familias?

Estamos conformando un equipo interdisciplinario de médicos, odontólogos y antropólogos. El proceso inicia con una necropsia médico-legal, que es la fase que estamos terminando. Luego, tomamos las muestras para genética y empezamos el procesamiento de las muestras en el laboratorio. Esperamos dar un informe preliminar de lo que encontramos hacia la tercera semana de enero sobre los avances de estos 17 casos, porque el tiempo depende de las características que encontremos en los cuerpos. No podría decir con certeza cuánto nos vamos a demorar, pero me comprometo con las víctimas a que sepan cómo vamos, y a poder ir dando tiempos de respuesta aproximados.

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Usted dijo que en Colombia habría cerca de 200.000 cuerpos por exhumar e identificar. ¿Cómo se llega a esta cifra?

Es una cifra proyectada, porque necesitamos ponernos unas metas desde el Estado para la búsqueda de desaparecidos. Esa cifra de 200.000 casos responde a que pensamos que se debe iniciar la búsqueda en los cementerios que hay en cada uno de los municipios. En Colombia hay más de 1.100 municipios, cada uno con, al menos, un cementerio. En promedio, un municipio pequeño tiene cien cuerpos en condición de no identificados, y un municipio más grande, de 200 a 300 casos. Esa operación al final da esta proyección de 200.000 casos.

Pero la cifra también se soporta en los casos que han pasado por Medicina Legal y por el sector salud como no identificados, luego de ser sometidos a necropsias. En promedio, en el país quedan entre 700 y mil cuerpos en condición de no identificados por año. En la década de los 90 o a comienzos del 2000 eran más o menos 3.000 casos por año. En esa evidencia es que se soporta también la cifra de los 200.000 cuerpos, pero debe entenderse como una cifra en proyección que, de nuevo, nace de donde el instituto confía que se deben buscar los desaparecidos.

El caso del Palacio de Justicia es otro de los emblemáticos sobre desaparición forzada. ¿Cómo pueden estar tranquilas las víctimas de que lo que pasó no se repite?

Lo que hacemos ahora, tanto en el abordaje del Palacio de Justicia como en todos los casos, es aplicar técnicas de genética en laboratorios que, no solamente están certificados a nivel nacional, sino, en el caso de Bogotá, por ejemplo, a nivel internacional. Lo que les da a las víctimas tranquilidad frente a lo que hacemos es exactamente eso: es ciencia que está certificada en Colombia e internacionalmente. De tal suerte que, cualquier ente científico que tenga la misma experiencia o más que nosotros, puede validar nuestro trabajo. Eso es conocido por las víctimas. De hecho, cualquier caso puede ser revisado a discrecionalidad por cualquier entidad nacional o extranjera.

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¿Medicina Legal tiene la capacidad técnica para contribuir al mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Tenemos la capacidad técnica, la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la infraestructura. Lo que yo he dicho es que necesitamos apoyo del Gobierno para tener el dinero que nos permita agilizar esta búsqueda de los desaparecidos, así como las necropsias y las identificaciones. Si no se tienen los recursos, el ritmo será el que hemos tenido hasta ahora, que no suple las necesidades de las víctimas.

¿Cómo ha sido la articulación con esa Unidad?

Desde que Luz Marina Monzón fue designada directora hemos tenido una excelente articulación. Hemos hecho reuniones pertinentes en donde se ha dado cumplimiento al mandato que ella tiene. Venimos trabajando de la mano, tanto en procedimientos como en entrega de información, de acuerdo con los requerimientos de la Unidad.

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Este año se identificaron los restos de una nueva víctima del Palacio de Justicia. ¿Qué sigue en este caso?

Lo que sigue es terminar todo el análisis de los casos que recibimos desde el 2014: 92 cajas con restos. Tenemos que terminar esos análisis, más todos los de los cuerpos que se han ido exhumando en el transcurso de estos cinco años, y poder dar un informe definitivo a las familias frente a los hallazgos de todos estos casos que recibimos. Lo que sigue es continuar los análisis forenses y genéticos y poder dar el informe definitivo, ojalá, en julio del año entrante.

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Desde su experiencia en Medicina Legal, ¿cuáles son esos daños más graves que le ha causado el conflicto armado a Colombia y qué necesitamos para solucionarlos?

A las víctimas les hemos hecho un daño muy grave como Estado por el desconocimiento frente a la necesidad de buscar los desaparecidos. Creo que es la deuda que tenemos con ellas. De las cosas que más me han marcado aquí es que la desaparición es lo peor que le puede pasar a una persona y a una familia. Para tratar de resarcir ese daño, debemos realmente centrar la misión de cada entidad en trabajar para las víctimas, pero, además, trabajar con ellas, que creo que es la única manera de resarcir en algo el dolor que hemos causado en todos estos años de guerra.