La tutela que busca acabar con la “tolerancia” hacia el acoso sexual y laboral

En tiempos en que las denuncias sobre acoso laboral y sexual de miles de mujeres en el mundo han motivado marchas globales, escándalos judiciales y un movimiento internacional que hoy se conoce como #MeToo (A mi también), las denuncias que la profesora Mónica Godoy ha hecho al respecto, cobran toda la importancia. Y más ahora que la Corte Constitucional se le atravesó al tema, al seleccionar una tutela que presentó la docente en contra de la Universidad de Ibagué, y está pronta a fallar sentando un precedente nacional sobre la responsabilidad de las instituciones de educación superior a la hora de erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de la mujer. 

La historia de las denuncias de Godoy es ya conocida. El año pasado, mientras coordinaba el diplomado en Equidad de Género de la Universidad de Ibagué, a sus manos llegaron los testimonios de cinco mujeres vigilantes de la institución, en los que le contaron que eran constantemente víctimas de acoso sexual en su trabajo. En sus labores como profesora, también supo de un caso que agravó su preocupación por el tema: el relato de una estudiante que habría sido víctima de un acto sexual violento perpetrado por un instructor del gimnasio de la universidad. Godoy, que, por formación y convicción, ha sido defensora de los derechos de las mujeres, decidió meterse de lleno en el problema.

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Fue entonces cuando comenzó a investigar más a fondo las denuncias que recibió y de buscar el apoyo de las directivas de la Universidad para lograr una efectiva solución a lo que en la institución ya se estaba convirtiendo en un tema cotidiano. Lo intentó mediante talleres con el cuerpo de vigilancia, sensibilizando a los trabajadores y jefes sobre los derechos de las mujeres, y acercándose a las oficinas de alto rango, cuando se enteró que varios de los involucrados en los casos de acoso habían sido despedidos, agravando la estigmatización en contra de las mujeres que habían denunciado. Insistió en acercarse a las directivas cuando se enteró que una de las trabajadoras que había denunciado ser víctima también había perdido su contrato con la institución.

Luchó para que los directivos entendieran que esa no era la manera de solucionar el problema, pues estaban revictimizando a quienes habían denunciado, y que no entendía las razones de la Universidad para despedir a quien era una víctima de acoso. La respuesta que obtuvo de sus jefes fue un papel en el que dieron por terminado su contrato el 17 de agosto de 2017. Aunque no quedó registrado en el documento, la persona que le notificó su despido le dijo: “Es que su estilo no encaja con la institución”. Fue así como Godoy comenzó una batalla legal para que la justicia proteja los derechos que considera la Universidad no respetó.

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En la tutela que interpuso en septiembre del año pasado, la profesora pidió que se ampare sus derechos a la libertad de conciencia, al de la libertad de expresión, al del libre desarrollo de la personalidad, al de no ser discriminada por opiniones políticas y filosóficas, al del debido proceso, y al del trabajo. El recurso fue negado en primera y en segunda instancias, por dos juzgados civiles de Ibagué. Según las providencias, la tutela no es el recurso judicial que debe utilizar Godoy para resolver esta disputa, sino que es un trámite de tipo administrativo el camino correcto para solucionar su caso. Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó el caso.

Al despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz, la ponente del caso, llegó hace un poco más de un mes, un concepto clave con la firma de una de las organizaciones académicas más prestigiosas del país. Se trata de un documento de 30 páginas firmado por el director y tres investigadores del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Sus autores argumentan ante el alto tribunal los errores que cometió la Universidad de Ibagué, primero al despedir a una profesora que estaba trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y, en segundo lugar, al momento de proteger a las mujeres vinculadas a ella.

(Lea: Alexi Amaya, otra mujer que denuncia acoso sexual en la Universidad Nacional)

Además de explicar jurídicamente por qué la tutela sí es el medio idóneo en este caso, desvirtuando lo dicho por los jueces de primera y segunda instancias, Dejusticia señala que la actividad que emprendió Godoy dentro de la Universidad fue la de defender los derechos de las víctimas de acoso que acudieron a ella en busca de ayuda. Al hacerlo, dice el documento, la profesora también estaba ejerciendo su derecho a expresar libremente sus opiniones y, por eso, cualquier acto que buscara callar u ocultar su trabajo, puede considerarse como un acto de censura. Para el centro de estudios, no hay duda de que el despido de la profesora fue injustificado.

“Resulta en un contrasentido censurar la libertad de expresión que se ejerce a favor de la defensa de los derechos humanos en una universidad, lugar por excelencia de la producción del conocimiento para mejorar las condiciones de la sociedad y contribuir a la realización de los derechos humanos”, dice el concepto de Dejusticia, en donde además los investigadores tocaron un tema sensible en el debate: la autonomía universitaria. Los autores recuerdan que si bien este es un derecho que tienen las instituciones de educación superior para proteger el libre desarrollo de las ideas, esto no quiere decir que pueden ir en desmedro de los derechos constitucionales, en este caso, la libertad de expresión.

(Lea también: Corte Suprema archiva proceso contra Jorge Armando Otálora por acoso sexual)

Dejusticia, además de presentar su intervención en la Corte, apoyó la tutela y le pidió al alto tribunal una serie de medidas claves para frenar casos como el de la Universidad de Ibagué. Como lo explica en el documento, así como la institución en cuestión no tiene los protocolos ni las medidas para prevenir y sancionar casos de acoso laboral y sexual, el llamado es que la Corte ordene al Ministerio de Trabajo a que adopte una política pública, con el fin de garantizar el trabajo decente y el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, y que elabore un documento actualizado sobre las estadísticas de la situación de acoso en Colombia.

El centro de estudios, además de pedir la protección de los derechos de Godoy, hizo una petición para que el Ministerio de Educación haga un seguimiento a las medidas que existen en las instituciones para prevenir casos como los denunciados por la profesora, y cuáles son las acciones que deben seguir las directivas para tratar las denuncias. Que estas ideas, claves para prevenir más casos de acoso en universidades, sean una realidad, depende de la Corte Constitucional. Es el alto tribunal el que tiene la palabra final en el debate para que, como lo dice Dejusticia, no exista más la cultura de la “tolerancia” hacia el acoso sexual y laboral, en ninguna universidad, ni en ningún ambiente laboral en Colombia.

En tiempos en que las denuncias sobre acoso laboral y sexual de miles de mujeres en el mundo han motivado marchas globales, escándalos judiciales y un movimiento internacional que hoy se conoce como #MeToo (A mi también), las denuncias que la profesora Mónica Godoy ha hecho al respecto, cobran toda la importancia. Y más ahora que la Corte Constitucional se le atravesó al tema, al seleccionar una tutela que presentó la docente en contra de la Universidad de Ibagué, y está pronta a fallar sentando un precedente nacional sobre la responsabilidad de las instituciones de educación superior a la hora de erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de la mujer. 

La historia de las denuncias de Godoy es ya conocida. El año pasado, mientras coordinaba el diplomado en Equidad de Género de la Universidad de Ibagué, a sus manos llegaron los testimonios de cinco mujeres vigilantes de la institución, en los que le contaron que eran constantemente víctimas de acoso sexual en su trabajo. En sus labores como profesora, también supo de un caso que agravó su preocupación por el tema: el relato de una estudiante que habría sido víctima de un acto sexual violento perpetrado por un instructor del gimnasio de la universidad. Godoy, que, por formación y convicción, ha sido defensora de los derechos de las mujeres, decidió meterse de lleno en el problema.

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Fue entonces cuando comenzó a investigar más a fondo las denuncias que recibió y de buscar el apoyo de las directivas de la Universidad para lograr una efectiva solución a lo que en la institución ya se estaba convirtiendo en un tema cotidiano. Lo intentó mediante talleres con el cuerpo de vigilancia, sensibilizando a los trabajadores y jefes sobre los derechos de las mujeres, y acercándose a las oficinas de alto rango, cuando se enteró que varios de los involucrados en los casos de acoso habían sido despedidos, agravando la estigmatización en contra de las mujeres que habían denunciado. Insistió en acercarse a las directivas cuando se enteró que una de las trabajadoras que había denunciado ser víctima también había perdido su contrato con la institución.

Luchó para que los directivos entendieran que esa no era la manera de solucionar el problema, pues estaban revictimizando a quienes habían denunciado, y que no entendía las razones de la Universidad para despedir a quien era una víctima de acoso. La respuesta que obtuvo de sus jefes fue un papel en el que dieron por terminado su contrato el 17 de agosto de 2017. Aunque no quedó registrado en el documento, la persona que le notificó su despido le dijo: “Es que su estilo no encaja con la institución”. Fue así como Godoy comenzó una batalla legal para que la justicia proteja los derechos que considera la Universidad no respetó.

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En la tutela que interpuso en septiembre del año pasado, la profesora pidió que se ampare sus derechos a la libertad de conciencia, al de la libertad de expresión, al del libre desarrollo de la personalidad, al de no ser discriminada por opiniones políticas y filosóficas, al del debido proceso, y al del trabajo. El recurso fue negado en primera y en segunda instancias, por dos juzgados civiles de Ibagué. Según las providencias, la tutela no es el recurso judicial que debe utilizar Godoy para resolver esta disputa, sino que es un trámite de tipo administrativo el camino correcto para solucionar su caso. Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó el caso.

Al despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz, la ponente del caso, llegó hace un poco más de un mes, un concepto clave con la firma de una de las organizaciones académicas más prestigiosas del país. Se trata de un documento de 30 páginas firmado por el director y tres investigadores del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Sus autores argumentan ante el alto tribunal los errores que cometió la Universidad de Ibagué, primero al despedir a una profesora que estaba trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y, en segundo lugar, al momento de proteger a las mujeres vinculadas a ella.

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Además de explicar jurídicamente por qué la tutela sí es el medio idóneo en este caso, desvirtuando lo dicho por los jueces de primera y segunda instancias, Dejusticia señala que la actividad que emprendió Godoy dentro de la Universidad fue la de defender los derechos de las víctimas de acoso que acudieron a ella en busca de ayuda. Al hacerlo, dice el documento, la profesora también estaba ejerciendo su derecho a expresar libremente sus opiniones y, por eso, cualquier acto que buscara callar u ocultar su trabajo, puede considerarse como un acto de censura. Para el centro de estudios, no hay duda de que el despido de la profesora fue injustificado.

“Resulta en un contrasentido censurar la libertad de expresión que se ejerce a favor de la defensa de los derechos humanos en una universidad, lugar por excelencia de la producción del conocimiento para mejorar las condiciones de la sociedad y contribuir a la realización de los derechos humanos”, dice el concepto de Dejusticia, en donde además los investigadores tocaron un tema sensible en el debate: la autonomía universitaria. Los autores recuerdan que si bien este es un derecho que tienen las instituciones de educación superior para proteger el libre desarrollo de las ideas, esto no quiere decir que pueden ir en desmedro de los derechos constitucionales, en este caso, la libertad de expresión.

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Dejusticia, además de presentar su intervención en la Corte, apoyó la tutela y le pidió al alto tribunal una serie de medidas claves para frenar casos como el de la Universidad de Ibagué. Como lo explica en el documento, así como la institución en cuestión no tiene los protocolos ni las medidas para prevenir y sancionar casos de acoso laboral y sexual, el llamado es que la Corte ordene al Ministerio de Trabajo a que adopte una política pública, con el fin de garantizar el trabajo decente y el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, y que elabore un documento actualizado sobre las estadísticas de la situación de acoso en Colombia.

El centro de estudios, además de pedir la protección de los derechos de Godoy, hizo una petición para que el Ministerio de Educación haga un seguimiento a las medidas que existen en las instituciones para prevenir casos como los denunciados por la profesora, y cuáles son las acciones que deben seguir las directivas para tratar las denuncias. Que estas ideas, claves para prevenir más casos de acoso en universidades, sean una realidad, depende de la Corte Constitucional. Es el alto tribunal el que tiene la palabra final en el debate para que, como lo dice Dejusticia, no exista más la cultura de la “tolerancia” hacia el acoso sexual y laboral, en ninguna universidad, ni en ningún ambiente laboral en Colombia.