Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A través de un comunicado de cinco páginas, difundido después de que se conociera su renuncia de manera irrevocable, el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, hizo ciertas aclaraciones sobre las polémicas que surgieron de su gestión, como los vehículos arrendados, el uso de los recursos económicos de la JEP y los cuestionamientos que recibió de su gerencia. También resaltó la labor que desempeñó en poco más de un año y que finalizará el próximo martes, 1° de mayo.
Uno de los primeros temas al que se refierió son los vehículos arrendados y no comprados para los magistrados de la JEP. Al respecto, dijo que el presupuesto asignado por el Gobierno alcanzó sólo para el arrendamiento de 39 vehículos gama media-alta, full equipo y modelo 2016, y tres camionetas con blindaje nivel IIIA. Como la secretaría ejecutiva, según él, no tenía autonomía para la administración de dichos recursos, el contrato fue suscrito por el Fondo Colombia en Paz a cinco meses por un valor de $1.371 millones, presupuesto establecido por el Ministerio de Hacienda.
Néstor Raúl Correa manifestó, sobre el mismo tema, que el precio del arriendo corresponde a las tablas de la Unidad Nacional de Protección y que son precios de mercado que incluyen gasolina y seguros. Y dijo que la compra de vehículos está prohibida por la Ley 1873 de 2017, en relación con las medidas del Gobierno sobre austeridad. “En resumen, mi renuncia ni tiene nada que ver con este tema”, sostuvo. (Le podría interesar: Ordenan al Gobierno que archivos del DAS sean puestos a disposición de la JEP)
Otro aspecto al que se refirió fue a la comunicación que le envió la Contraloría General. En este caso, Correa dijo que hasta la fecha sólo recibió una comunicación de esa entidad en la que solicitó información sobre el uso de los recursos en la secretaría ejecutiva durante 2017. Los US$4.7 millones para la puesta en funcionamiento de este sistema de justicia, explicó el alto funcionario, son recursos de cooperación internacional que no fueron ejecutados por él. Y dice que los montos fueron ejecutados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Correa indicó que los recursos se administraron bajo manuales y procesos de contratación de las Naciones Unidas y que la secretaría ejecutiva remitió a la Contraloría la información con la que contaba en su momento. Sobre los recursos del Estado, indicó que estos empezaron a ser administrados por el Fondo Colombia en Paz, entidad adscrita el Gobierno Nacional. (Le sugerimos: La importancia de que la Jep conozca los archivos del Das)
Néstor Raúl Correa también explicó los cuestionamientos sobre su gerencia, pues existen versiones de que su renuncia obedeció a que las oficinas no se encontraban listas cuando los magistrados de la JEP se posesionaron. Al respecto, dijo que dichas versiones no son ciertas, y resaltó, en cambio, que la gerencia de esa entidad “ha sido extraordinaria”.
También, manifestó que el 15 de diciembre de 2017 se firmó el contrato de arrendamiento de la sede de la JEP y que un mes después los magistrados se posesionaron. “Esta secretaría solo contó con un mes para tener las oficinas adecuadas y disponer de los medios tecnológicos necesarios. Es evidente que esta labor solo se podría implementar gradualmente”, agregó.
El alto funcionario sostuvo que, a la fecha, cada magistrado está ubicado en una oficina, con su computador y que su puesto de trabajo cuenta los medios electrónicos necesarios. “Hoy en día cada uno de estos requerimientos se ha venido solucionado y ya se encuentran superados en gran parte, todo ello en un tiempo récord”, informó Correa. (Lea también: Con esta carta Néstor Raúl Correa presentó su renuncia como secretario de la JEP)
En la información divulgada por la sala de prensa de la JEP, Correa niega de que su renuncia tuviera como motivo la rendición de cuentas que solicitaron las embajadas de Noruega, Suiza y Suecia, por la ejecución de los recursos del posconflicto. Dice que dicha solicitud fue realizada al Gobierno en relación con el Fondo Colombia Sostenible que, según la comunicación, nada tiene que ver con la JEP.
Finalmente, concluyó que el ciclo para el cual fue contratado ya se cumplió. Y precisó que él logró los cometidos que le fueron confiados cuando fue designado como secretario ejecutivo. “El país me llamó a prestar un servicio difícil, complejo e inscrito en una sociedad polarizada. Ese servicio lo presté con el máximo compromiso e inteligencia. Y lo hice bien. Le cumplí al país y a las víctimas”, declaró.