Las propiedades del magistrado Gustavo Malo

El magistrado Gustavo Malo Fernández continúa pensando si, como la Corte Suprema se lo solicitó, se aparta de su cargo mientras avanzan las pesquisas de la Comisión de Acusación en su contra. Está siendo investigado por solicitud de sus propios colegas de la Sala Penal, que le pidieron a la Comisión —juez natural de los magistrados de las altas cortes— establecer si Malo Fernández ha estado involucrado con la red de corrupción que se creó en el seno de la Corte Suprema. Ésta, supuestamente, era liderada por el exfiscal Gustavo Moreno y los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

(En contexto: Desfile de visitas en el despacho del exmagistrado Francisco Ricaurte)

Mientras Malo decide si hace o no caso a la petición de sus colegas, El Espectador se puso a la tarea de averiguar sobre sus propiedades. Una parte de su vida que adquiere mucha relevancia ahora que hay cuestionamientos sobre sus actuaciones como juez, sobre todo después de que el senador Musa Besaile aceptara ante la Corte Suprema que había pagado $2.000 millones para frenar una presunta orden de captura en su contra por parapolítica. Ese expediente está en el despacho del magistrado Malo desde mayo de 2014, y el soborno, según el propio Besaile, se le pagó a Gustavo Moreno en 2015.

Todos los bienes que Malo ha tenido a lo largo de su vida los ha comprado con su esposa, Estela Benítez Morales. El primero fue un apartamento de 120 metros cuadrados situado en Cartagena. En la Notaría Cuarta de Cartagena quedó registrado que la pareja adquirió el apartamento en noviembre de 1991, por un valor de $16 millones, que le abrieron una hipoteca y que, tres años más tarde, se lo vendieron a una mujer llamada Sandra Amador por $20 millones. En 2005, la pareja canceló la hipoteca por “cuantía indeterminada” que había abierto con este bien a través del banco Davivienda.

En julio de 1994, Malo Fernández y su esposa compraron su segunda propiedad: el lote número 3 en el barrio Manga, también en Cartagena. Fue un negocio muy exitoso. La transacción se hizo en la Notaría Cuarta de esa ciudad por $35 millones y luego de cuatro años, en abril del 98, se lo vendieron a la hermana del entonces magistrado del Tribunal Superior de Cartagena, Gloria Malo Fernández, por $100 millones. En Cartagena, los Malo Benítez tuvieron otro apartamento que consiguieron en 2006, igualmente ubicado en Manga, comprado por $110 millones. Lo vendieron tres años después por $120 millones.

(Le puede interesar: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

En 1998, Gustavo Malo Fernández y su esposa se hicieron a una casa lote en el mismo barrio (Manga), de 145 metros cuadrados, que les costó $120 millones. Esa propiedad sigue a nombre de la pareja, así como el apartamento de 215 metros cuadrados que tienen en el exclusivo barrio de San Patricio, en el norte de Bogotá, que compraron en 2015 por un valor registrado en notaría de $587 millones. Dos años atrás, el dueño del apartamento (Carlos Mario Clopatofsky, excónsul en Varsovia, Polonia) se lo había traspasado al BBVA por un valor registrado en la Notaría 11 de Bogotá de $800 millones.

Asimismo, a nombre de Malo y Benítez figura un lote de 10.000 metros cuadrados (una hectárea) que adquirieron en 2006 por $10 millones. Está en el sector Pontezuela-Bayunca, de Cartagena, un área donde hoy, un lote de 3.000 metros cuadrados puede llegar a costar $400 millones. Por último, está el negocio de un apartamento de 116 metros cuadrados localizado en Chicó Navarra, norte de Bogotá: en junio de 2013, ocho meses después de haber sido escogido como magistrado de la Corte Suprema, Malo y su esposa compraron esa propiedad por $595 millones. Dos años más tarde, en una época en que la finca raíz en Bogotá iba cuesta arriba, la vendieron por un valor inferior: $563 millones.

Malo ha recorrido toda su trayectoria profesional en la Rama Judicial. Abogado de la Universidad de Cartagena, fue juez penal municipal y de instrucción criminal, y permaneció varios años como magistrado en el Tribunal Superior de Cartagena. Pocos lo recuerdan, pero en mayo de 2010 se posesionó como fiscal delegado ante la Corte Suprema, mientras Guillermo Mendoza Diago ejercía como fiscal general encargado. En octubre de 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema lo eligió para reemplazar a Sigifredo Espinosa por encima de candidatos como Iván Velásquez, el entonces coordinador de la parapolítica.

Malo, por su parte, insiste en su inocencia. La semana pasada emitió un comunicado en el cual se declaró ajeno “frente a los actos de corrupción y a cualquier otra clase de actividad delictiva”, dijo que se trataba de “falsos cuestionamientos”, negó cualquier irregularidad frente al manejo del expediente del senador cordobés Musa Besaile o de Julio Manzur y se declaró impedido para seguir trabajando en ellos. Sobre Francisco Ricaurte, el magistrado que impulsó su llegada a la Corte Suprema, dijo que ambos tenían una relación de amistad y respeto mutuo. En la Corte, sin embargo, son varios los integrantes que no creen en su versión y exigen su renuncia. Otros, simplemente, callan ante el peor escándalo que haya sacudido al máximo tribunal de la justicia ordinaria.

El magistrado Gustavo Malo Fernández continúa pensando si, como la Corte Suprema se lo solicitó, se aparta de su cargo mientras avanzan las pesquisas de la Comisión de Acusación en su contra. Está siendo investigado por solicitud de sus propios colegas de la Sala Penal, que le pidieron a la Comisión —juez natural de los magistrados de las altas cortes— establecer si Malo Fernández ha estado involucrado con la red de corrupción que se creó en el seno de la Corte Suprema. Ésta, supuestamente, era liderada por el exfiscal Gustavo Moreno y los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

(En contexto: Desfile de visitas en el despacho del exmagistrado Francisco Ricaurte)

Mientras Malo decide si hace o no caso a la petición de sus colegas, El Espectador se puso a la tarea de averiguar sobre sus propiedades. Una parte de su vida que adquiere mucha relevancia ahora que hay cuestionamientos sobre sus actuaciones como juez, sobre todo después de que el senador Musa Besaile aceptara ante la Corte Suprema que había pagado $2.000 millones para frenar una presunta orden de captura en su contra por parapolítica. Ese expediente está en el despacho del magistrado Malo desde mayo de 2014, y el soborno, según el propio Besaile, se le pagó a Gustavo Moreno en 2015.

Todos los bienes que Malo ha tenido a lo largo de su vida los ha comprado con su esposa, Estela Benítez Morales. El primero fue un apartamento de 120 metros cuadrados situado en Cartagena. En la Notaría Cuarta de Cartagena quedó registrado que la pareja adquirió el apartamento en noviembre de 1991, por un valor de $16 millones, que le abrieron una hipoteca y que, tres años más tarde, se lo vendieron a una mujer llamada Sandra Amador por $20 millones. En 2005, la pareja canceló la hipoteca por “cuantía indeterminada” que había abierto con este bien a través del banco Davivienda.

En julio de 1994, Malo Fernández y su esposa compraron su segunda propiedad: el lote número 3 en el barrio Manga, también en Cartagena. Fue un negocio muy exitoso. La transacción se hizo en la Notaría Cuarta de esa ciudad por $35 millones y luego de cuatro años, en abril del 98, se lo vendieron a la hermana del entonces magistrado del Tribunal Superior de Cartagena, Gloria Malo Fernández, por $100 millones. En Cartagena, los Malo Benítez tuvieron otro apartamento que consiguieron en 2006, igualmente ubicado en Manga, comprado por $110 millones. Lo vendieron tres años después por $120 millones.

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En 1998, Gustavo Malo Fernández y su esposa se hicieron a una casa lote en el mismo barrio (Manga), de 145 metros cuadrados, que les costó $120 millones. Esa propiedad sigue a nombre de la pareja, así como el apartamento de 215 metros cuadrados que tienen en el exclusivo barrio de San Patricio, en el norte de Bogotá, que compraron en 2015 por un valor registrado en notaría de $587 millones. Dos años atrás, el dueño del apartamento (Carlos Mario Clopatofsky, excónsul en Varsovia, Polonia) se lo había traspasado al BBVA por un valor registrado en la Notaría 11 de Bogotá de $800 millones.

Asimismo, a nombre de Malo y Benítez figura un lote de 10.000 metros cuadrados (una hectárea) que adquirieron en 2006 por $10 millones. Está en el sector Pontezuela-Bayunca, de Cartagena, un área donde hoy, un lote de 3.000 metros cuadrados puede llegar a costar $400 millones. Por último, está el negocio de un apartamento de 116 metros cuadrados localizado en Chicó Navarra, norte de Bogotá: en junio de 2013, ocho meses después de haber sido escogido como magistrado de la Corte Suprema, Malo y su esposa compraron esa propiedad por $595 millones. Dos años más tarde, en una época en que la finca raíz en Bogotá iba cuesta arriba, la vendieron por un valor inferior: $563 millones.

Malo ha recorrido toda su trayectoria profesional en la Rama Judicial. Abogado de la Universidad de Cartagena, fue juez penal municipal y de instrucción criminal, y permaneció varios años como magistrado en el Tribunal Superior de Cartagena. Pocos lo recuerdan, pero en mayo de 2010 se posesionó como fiscal delegado ante la Corte Suprema, mientras Guillermo Mendoza Diago ejercía como fiscal general encargado. En octubre de 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema lo eligió para reemplazar a Sigifredo Espinosa por encima de candidatos como Iván Velásquez, el entonces coordinador de la parapolítica.

Malo, por su parte, insiste en su inocencia. La semana pasada emitió un comunicado en el cual se declaró ajeno “frente a los actos de corrupción y a cualquier otra clase de actividad delictiva”, dijo que se trataba de “falsos cuestionamientos”, negó cualquier irregularidad frente al manejo del expediente del senador cordobés Musa Besaile o de Julio Manzur y se declaró impedido para seguir trabajando en ellos. Sobre Francisco Ricaurte, el magistrado que impulsó su llegada a la Corte Suprema, dijo que ambos tenían una relación de amistad y respeto mutuo. En la Corte, sin embargo, son varios los integrantes que no creen en su versión y exigen su renuncia. Otros, simplemente, callan ante el peor escándalo que haya sacudido al máximo tribunal de la justicia ordinaria.