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El 1 de mayo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que 11 oficiales fueron relevados de su cargo y un general pidió la baja del Ejército. El remezón tiene que ver con posibles malos manejos de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, que se remontan a las “chuzadas” denunciadas por la revista Semana a comienzos de este año y que tuvieron un segundo capítulo con la revelación de supuestas “carpetas secretas” con información detallada que revela seguimientos a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. Aunque el ministro no quiso revelar nombres, El Espectador conoció los de dos generales, presuntamente implicados.
(En contexto: Nuevo escándalo en Inteligencia militar: 11 oficiales y un general salieron del Ejército)
El general que pidió la baja, supo este diario, es el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, hasta ayer jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, dependencia que le responde al Estado Mayor de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares. Por otro lado, uno de los oficiales que salió de su cargo es el brigadier general Eduardo Quirós Chaparro, quien se encontraba en la dependencia de planes y políticas del Ejército, tras ser sacado de Inteligencia por el escándalo de una posible persecución de las fuentes que le revelaron al New York Times las directrices que traerían de vuelta los “falsos positivos”.
El general García Luna llegó a la jefatura del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, en diciembre de 2019, cuando el general Eduardo Enrique Zapateiro asumió la comandancia del Ejército. García Luna entró a reemplazar al general Oswaldo Peña, quien salió de esta misma dependencia de las Fuerzas Militares por el escándalo del “dossiere” de Venezuela que el presidente Iván Duque entregó a Naciones Unidas, para probar los supuestos nexos del régimen de Nicolás Maduro con grupos ilegales. Muchas de las fotos que el documento oficial mostraba como hallazgos de inteligencia pertenecían a medios de comunicación, que las habían publicado en contextos distintos.
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García Luna, cuyo nombre poco ha figurado en medios, fue ascendido al grado de brigadier general en noviembre de 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Tiene una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y en su tesis, sobre una política de Estado para combatir el narcotráfico cuestiona la guerra contra las drogas y la política exterior de Estados Unidos, con esta palabras: “es importante resaltar, en relación a las falencias de la estrategia nacional que han impedido el logro de la neutralización del narcotráfico, la cooptación, relativamente exitosa, de las esferas política, económica, social y, más aún, de los centros de decisión estatal”.
El alto oficial no reporta procesos disciplinarios en la Procuraduría. A raíz de todo el escándalo por posibles irregularidades en Inteligencia, que inició en enero de este año, se iniciaron investigaciones disciplinarias en el Comando General de las Fuerzas Militares, en la Inspección del Ejército y en la Procuraduría y la Fiscalía. Sin embargo, a la fecha no se conoce de actuaciones contra el general García Luna ni la razón concreta por la que pidió la baja.
El caso del general Quirós es radicalmente distinto. Se trata de un hombre con 35 años de servicio en la Fuerza Pública, que hasta hace poco estuvo al frente del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim) y que se volvió en una figura constante de titulares de prensa mientras el general Nicacio Martínez fue comandante del Ejército. Quirós ya fue llamado a juicio disciplinario desde agosto del año pasado en la Procuraduría por una posible extralimitación en sus funciones en labores de inteligencia. El caso: la presunta cacería de fuentes que le filtraron información al New York Times.
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La historia se remonta al 22 de mayo de 2019, cuando en la sede de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga fueron citados 15 militares. “De lo que no cabe duda es que para el día 22 de mayo del año en curso se desarrolló, en la sede de la citada unidad, una reunión a la que asistieron todos los comandantes adscritos a ella pero, paralelamente y de manera independiente, el grupo comandado por el general Eduardo Quirós Chaparro se dedicó a una actividad ajena a la que demandaba la misión oficial que él mismo había dispuesto, cual fue convocar a un personal para someterlos a pruebas de diferente naturaleza en aras de lograr establecer quién de ellos pudo ser el que filtró a la prensa situaciones presuntamente irregulares”, dice el pliego de cargos.
Según denunció Semana hacia mediados del año pasado, Quirós ofrecía hasta $100 millones o seis meses de permiso a quien identifique qué oficiales han hablado con la prensa. Aunque el Ministerio de Defensa y el Ejército han negado en reiteradas ocasiones estas acusaciones, en agosto sacaron de Inteligencia al alto oficial terminó comandando el CEDE 3 del Estado Mayor de Planes y Políticas. Es decir, según describe el propio Ejército esta dependencia, quedó con la tarea de “asesorar y mantener informado al comandante del Ejército y al jefe de Estado Mayor en todo lo relacionado con las operaciones militares que se adelantan en el territorio nacional”.
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El escándalo de las “carpetas secretas” denunciado por la publicación periodística sostiene que desde Inteligencia y Contrainteligencia se realizaron sofisticados seguimientos informáticos y perfilamientos de periodistas, políticos de Gobierno y oposición, y defensores de derechos humanos. Entre las víctimas de estas “tareas especiales”, como las llamaban, estarían el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el corresponsal de la National Public Radio, John Otis; el del Wall Street Journal, Juan Forero; el fotógrafo Stephen Ferry; las periodistas de Time, Lynsey Addario y de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, entre muchos otros.