Los reproches a la Fiscalía sobre hipótesis de los desaparecidos del Palacio de Justicia

“Colombia y la Fiscalía han hecho un trabajo brillante porque a la fecha hemos encontrado a estas (cinco) personas (del Palacio de Justicia) y seguimos en la búsqueda de los que todavía hacen falta por encontrar”. Este es el mensaje que el ente investigador le va a entregar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su próxima visita al país el 6 de septiembre. Las recientes declaraciones de la Fiscalía han despertado toda clase de reacciones pues, al día de hoy, todavía hay cinco personas desaparecidas, las investigaciones penales están completamente congeladas y, si bien se han encontrado varios cuerpos, esto ha significado la desaparición de otros. El caos está más que vigente.

(En contexto: El levantamiento y entrega de las víctimas del Palacio de Justicia, un caos que nunca se investigó)

El tribunal internacional estará en Bogotá para revisar qué ha pasado con el fallo que emitió en contra del Estado hace cinco años sobre las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. A nueve días de que empiece el examen, la Fiscalía hizo un anuncio “totalmente incoherente” para abogados que conocen de cerca el proceso, y revictimizantes para quienes llevan 32 años buscando a sus familiares. Uno de los fiscales encargado de la investigación, Jorge Sarmiento, aseguró que sobre los cinco cuerpos que ya fueron identificados y devueltos a sus familias, ya no puede existir el delito de desaparición forzada.

Ellas son: Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. Los cinco fueron incluidos en la sentencia de la Corte IDH como personas que sí fueron desaparecidas forzosamente del Palacio de Justicia y por ellos, el Estado ya les pidió perdón a las familias. Es más, a varias de ellas la Nación ya las reparó económicamente, otra de las órdenes que emitió tribunal internacional hace cinco años. Pero con esos hallazgos, el panorama para otras familias ha empeorado. Una de ellas es la de magistrado auxiliar Julio César Andrade. Su esposa enterró a quién pensó que era su esposo en 1985, pero hace dos años, la Fiscalía le dijo que no. Que a quien había enterrado era a Héctor Jaime Beltrán.

(Le puede interesar: “Encontramos a unos y otros desaparecen”: Pilar Navarrete, víctima del Palacio de Justicia)

De Andrade, la Fiscalía no tiene ninguna pista de dónde puede estar. En esa misma situación todavía hay seis personas más: David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra Forero, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco, reconocidos por la Corte Interamericana como presuntas víctimas de desaparición forzada. Sin que se sepa su paradero, y a la luz de cualquier tratado de derechos humanos, ellos siguen desaparecidos. La declaración del fiscal Sarmiento causó revuelo desde anoche pues el titular de Noticias Caracol aseguraba que, ahora, la Fiscalía iba a sostener la hipótesis de que en este caso nunca hubo desaparecidos. 

Sin embargo, esa versión fue cambiando con el paso de las horas. En una gira de medios que hizo el mismo fiscal Sarmiento en varias emisoras durante la mañana de este miércoles 28 de agosto, el funcionario aclaró que lo del noticiero había sido una generalización apresurada y que su nueva hipótesis era únicamente relacionada con las cinco personas que ya fueron identificadas. “Estas víctimas no fueron privadas de la libertad ni sus cuerpos ocultados y en ningún momento existió negativa respecto a reconocer dicha privación ya que estos fueron mal identificados y sus restos fueron encontrados en el lugar donde reposaban  otras de las víctimas”, agregó la Fiscalía en una escueta explicación, ante lo revelado por Sarmiento.

(Lea también: Siguen los problemas con los desaparecidos del Palacio de Justicia)

La hipótesis que plantea el ente investigador está basada en el caos que se vivió al momento de identificar los cuerpos y regresarlos a las familias. Tanto la Corte IDH, como investigaciones nacionales, han señalado que lo que se vivió durante esas jornadas fue un desorden absoluto. El Ejército, sin ningún protocolo forense, lavó el piso del cuarto piso del Palacio de Justicia, en donde todavía estaban restos calcinados de víctimas. Otros funcionarios empezaron a barrer cenizas de otras personas y acumularon en montículos lo que iban encontrando. Y, como si fuera poco, el exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró el año pasado que el Ejército se había tomado la sede de su instituto.

El exdirectivo agregó que la presencia de los uniformados resultó en una presión indebida a los médicos legales que terminaron entregando restos sin la debida identificación. Para la Fiscalía en 2019, estos fueron los errores que resultaron en que las cinco personas ya identificadas terminaran en tumbas de otras víctimas o simplemente “traspapeladas” entre los restos que no fueron identificados y que durante décadas permanecieron en la fosa común del Cementerio del Sur, sin que nadie diera razón de ellas. Y por eso no hubo desaparición. Una declaración aberrante y aterradora para una de las personas que más conoce el caso: la exfiscal Ángela Buitrago. 

(En contexto: Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia)

En diálogo con este diario, la exfuncionaria de la Fiscalía que, según las víctimas del caso, ha sido de las pocas investigadoras comprometidas con el expediente, aseguró que las declaraciones del fiscal Sarmiento no son otra cosa que un show mediático de la Fiscalía “para abonar el camino para la próxima visita de la Corte IDH”, pero que es totalmente irresponsable. Primero, porque no se les comentó a las víctimas sobre esta nueva hipótesis, un tema sensible pues revictimiza a las familias. Y segundo porque desconoce la jurisprudencia del caso y los años de investigación que ha hecho la propia Fiscalía.

Es más, entre 1993 y 1994, es decir hace 26 años, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en dos instancias reconocieron que hubo desapariciones en el Palacio de Justicia y ambos magistrados condenaron a la Nación y ordenaron investigar el caso. Otra de las grandes decisiones de la justicia colombiana sobre este caso, la tomó la misma Fiscalía que hoy cambia su versión. Antes de que la Corte IDH condenara al Estado, el ente investigador declaró que lo ocurrió entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 tenía que ser declarado como un crimen de lesa humanidad. Esa decisión permitió que todas las investigaciones al respecto continuaran su camino.

(Lea también una entrevista de la exfiscal Buitrago de 2015 sobre el caso del Palacio)

Buitrago recordó que, por las desapariciones del Palacio de Justicia, la Fiscalía ha llamado a indagatoria a más de 10 militares y, varios de ellos, fueron procesados, condenados -algunos de ellos absueltos-, y unos más tienen todavía recursos en la justicia. “Lo que están diciendo es problemático también para esos casos porque si el delito ya no existe, como sostienen, entonces ¿por qué los siguen procesando? Además, el ente investigador ya no tiene ninguna competencia para hablar de esto porque ese es ahora trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Esta declaración de la Fiscalía de que no hay desaparecidos es ilegal, o por lo menos deberían declararse impedidos”, añadió la exfiscal.

La lista de militares involucrados en estas investigaciones es larga. El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado por estos hechos, pero absuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Los magistrados consideraron que no existían pruebas que permitieran vincular al excomandante de la Escuela de Caballería con las desapariciones. El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado también en primera instancia, pero el alto tribunal estudia todavía su recurso de casación para determinar, sin más rodeos, si participó o no en las irregularidades de la retoma del Palacio. Otro general en retiro, Iván Ramírez Quintero, rindió indagatoria en enero del año pasado.

Su caso ahora está en manos de la JEP, al igual que el de cuatro uniformados más vinculados a las desapariciones: Miguel David Bastidas, José Cortés Franco, Luis Pico Hernández y Hernando Pérez Molina. La lista sigue. Los uniformados Ferney Ulmaldin Causaya, Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez fueron condenados en 2016, y su caso todavía está en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá. “Todos estos militares fueron vinculado por la propia Fiscalía a las desapariciones. Que ahora digan que no existieron es una clara jugada para beneficiarlos”, le dijo a este diario uno de los abogados del proceso.

Aunque las declaraciones de la Fiscalía han resultado en todo tipo de reproches, la posición no es para nada nueva en el caso. En 2013, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cambió súbitamente al abogado que defendía a la Nación en la Corte IDH. El jurista Rafael Nieto Loaiza fue quien llevó desde el comienzo el caso internacional. Pero ese año, sus alegatos finales causaron problemas pues allí el abogado sostuvo que en el Palacio de Justicia ni hubo torturas, ni ejecuciones extrajudiciales, y mucho menos desaparecidos. En su reemplazó, la Agencia nombró a Julio Andrés Sampedro.

Para Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, uno de los desaparecidos en el holocausto y de quien la Fiscalía no ha dado ni una pista de su paradero, “es una jugada de la Fiscalía con mayor asidero político que jurídico”. Rodríguez también es abogada y asegura que hay una intencionalidad del gobierno detrás de lo que el ente investigador ahora llama una “hipótesis”. Advierte que “esto no va a tener ninguna consecuencia en lo que pase en la audiencia de la Corte IDH. La Corte les va a decir: ya está probado, por lo que reposa en el expediente, que sí hubo desaparición forzada”. Por el contrario, para Rodríguez, la nueva versión de la Fiscalía “desconoce el fallo de la Corte IDH”. 

La abogada recuerda que no solo el tribunal internacional ha dicho lo mismo, sino que existen varios pronunciamientos de las altas cortes colombianas que han declarado y reconocido tanto que hubo desaparición forzada, como que hubo responsabilidad del Estado. Además, critica la labor investigativa del fiscal Sarmiento: “Él se está centrando en los cuerpos. Está diciendo: ‘ya aparecieron cinco’. Pero no ha investigado responsabilidades individuales”. A este mismo tema también se refirió la exfiscal Buitrago. Para ella, para que la Fiscalía maneje esta nueva hipótesis, primero tiene que  establecer sin ninguna duda qué fue lo que pasó con estos cuerpos y determinar la causa de sus muertes. 

“Sí, encontraron cinco cuerpos de los desaparecidos, pero su obligación es explicar qué les pasó. ¿Cómo murieron? Ese debería ser el foco de ellos y no simplemente decir que no hay desaparecidos en esos casos, aunque durante 34 años sí lo estuvieron”, refiere Buitrago. Otro de los jurista que le salió al paso a las declaraciones de la Fiscalía es Germán Romero, abogado de algunas de las familias de los desaparecidos. Para él, es inadmisible que después de 34 años, los investigadores sostengan esta nueva hipótesis y recordó el hecho de que, durante cinco años de investigaciones, después del fallo de la Corte IDH, la Fiscalía no ha recolectado ni una sola prueba que respalde su teoría. 

“En este caso existieron desapariciones, no hay prueba que refute al día de hoy las versiones de civiles y militares que vieron salir con vida a las cinco personas cuyos restos ya fueron entregados (…) Lo de la Fiscalía es una estrategia de defensa basada en el desprestigio de años y años de investigadores, fiscales, jueces y representantes de víctimas”, agregó Romero en entrevista con RCN Radio. Para René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas que estaba en la cafetería del Palacio, la nueva hipótesis de la Fiscalía “es una tesis absurda” y reitera que “desconoce la sentencia de la Corte IDH”. Recordó además uno de los pronunciamientos claves del alto tribunal. 

En dos numerales de la sentencia, la Corte reconoció que el Estado cometió errores en el manejo de los cadáveres y dijo que eran de tal gravedad que no podían considerarse simples errores, sino que “constituyen graves irregularidades que han impedido el esclarecimiento” de lo que pasó en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Para Guarín, estas declaraciones de la Fiscalía son uno de tantos “pronunciamientos a los que estamos acostumbrados”, pues llevan 34 años lidiando con los cambios de las versiones de las autoridades, y esperando un compromiso real por parte del Estado. Para la Fiscalía, en cambio, sus avances son brillantes y deben ser “orgullo patrio”.

Nota de la Editora: inicialmente, esta nota hablaba de seis personas del Palacio de Justicia identificadas porque así lo decía la Fiscalía. El dato luego se corrigió: a la fecha de la publicación de este artículo, los restos hallados (de la lista de los 11 desaparecidos de los que habla la Corte Interamericana) correspondían a cinco personas.

“Colombia y la Fiscalía han hecho un trabajo brillante porque a la fecha hemos encontrado a estas (cinco) personas (del Palacio de Justicia) y seguimos en la búsqueda de los que todavía hacen falta por encontrar”. Este es el mensaje que el ente investigador le va a entregar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su próxima visita al país el 6 de septiembre. Las recientes declaraciones de la Fiscalía han despertado toda clase de reacciones pues, al día de hoy, todavía hay cinco personas desaparecidas, las investigaciones penales están completamente congeladas y, si bien se han encontrado varios cuerpos, esto ha significado la desaparición de otros. El caos está más que vigente.

(En contexto: El levantamiento y entrega de las víctimas del Palacio de Justicia, un caos que nunca se investigó)

El tribunal internacional estará en Bogotá para revisar qué ha pasado con el fallo que emitió en contra del Estado hace cinco años sobre las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. A nueve días de que empiece el examen, la Fiscalía hizo un anuncio “totalmente incoherente” para abogados que conocen de cerca el proceso, y revictimizantes para quienes llevan 32 años buscando a sus familiares. Uno de los fiscales encargado de la investigación, Jorge Sarmiento, aseguró que sobre los cinco cuerpos que ya fueron identificados y devueltos a sus familias, ya no puede existir el delito de desaparición forzada.

Ellas son: Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. Los cinco fueron incluidos en la sentencia de la Corte IDH como personas que sí fueron desaparecidas forzosamente del Palacio de Justicia y por ellos, el Estado ya les pidió perdón a las familias. Es más, a varias de ellas la Nación ya las reparó económicamente, otra de las órdenes que emitió tribunal internacional hace cinco años. Pero con esos hallazgos, el panorama para otras familias ha empeorado. Una de ellas es la de magistrado auxiliar Julio César Andrade. Su esposa enterró a quién pensó que era su esposo en 1985, pero hace dos años, la Fiscalía le dijo que no. Que a quien había enterrado era a Héctor Jaime Beltrán.

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De Andrade, la Fiscalía no tiene ninguna pista de dónde puede estar. En esa misma situación todavía hay seis personas más: David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra Forero, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco, reconocidos por la Corte Interamericana como presuntas víctimas de desaparición forzada. Sin que se sepa su paradero, y a la luz de cualquier tratado de derechos humanos, ellos siguen desaparecidos. La declaración del fiscal Sarmiento causó revuelo desde anoche pues el titular de Noticias Caracol aseguraba que, ahora, la Fiscalía iba a sostener la hipótesis de que en este caso nunca hubo desaparecidos. 

Sin embargo, esa versión fue cambiando con el paso de las horas. En una gira de medios que hizo el mismo fiscal Sarmiento en varias emisoras durante la mañana de este miércoles 28 de agosto, el funcionario aclaró que lo del noticiero había sido una generalización apresurada y que su nueva hipótesis era únicamente relacionada con las cinco personas que ya fueron identificadas. “Estas víctimas no fueron privadas de la libertad ni sus cuerpos ocultados y en ningún momento existió negativa respecto a reconocer dicha privación ya que estos fueron mal identificados y sus restos fueron encontrados en el lugar donde reposaban  otras de las víctimas”, agregó la Fiscalía en una escueta explicación, ante lo revelado por Sarmiento.

(Lea también: Siguen los problemas con los desaparecidos del Palacio de Justicia)

La hipótesis que plantea el ente investigador está basada en el caos que se vivió al momento de identificar los cuerpos y regresarlos a las familias. Tanto la Corte IDH, como investigaciones nacionales, han señalado que lo que se vivió durante esas jornadas fue un desorden absoluto. El Ejército, sin ningún protocolo forense, lavó el piso del cuarto piso del Palacio de Justicia, en donde todavía estaban restos calcinados de víctimas. Otros funcionarios empezaron a barrer cenizas de otras personas y acumularon en montículos lo que iban encontrando. Y, como si fuera poco, el exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró el año pasado que el Ejército se había tomado la sede de su instituto.

El exdirectivo agregó que la presencia de los uniformados resultó en una presión indebida a los médicos legales que terminaron entregando restos sin la debida identificación. Para la Fiscalía en 2019, estos fueron los errores que resultaron en que las cinco personas ya identificadas terminaran en tumbas de otras víctimas o simplemente “traspapeladas” entre los restos que no fueron identificados y que durante décadas permanecieron en la fosa común del Cementerio del Sur, sin que nadie diera razón de ellas. Y por eso no hubo desaparición. Una declaración aberrante y aterradora para una de las personas que más conoce el caso: la exfiscal Ángela Buitrago. 

(En contexto: Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia)

En diálogo con este diario, la exfuncionaria de la Fiscalía que, según las víctimas del caso, ha sido de las pocas investigadoras comprometidas con el expediente, aseguró que las declaraciones del fiscal Sarmiento no son otra cosa que un show mediático de la Fiscalía “para abonar el camino para la próxima visita de la Corte IDH”, pero que es totalmente irresponsable. Primero, porque no se les comentó a las víctimas sobre esta nueva hipótesis, un tema sensible pues revictimiza a las familias. Y segundo porque desconoce la jurisprudencia del caso y los años de investigación que ha hecho la propia Fiscalía.

Es más, entre 1993 y 1994, es decir hace 26 años, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en dos instancias reconocieron que hubo desapariciones en el Palacio de Justicia y ambos magistrados condenaron a la Nación y ordenaron investigar el caso. Otra de las grandes decisiones de la justicia colombiana sobre este caso, la tomó la misma Fiscalía que hoy cambia su versión. Antes de que la Corte IDH condenara al Estado, el ente investigador declaró que lo ocurrió entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 tenía que ser declarado como un crimen de lesa humanidad. Esa decisión permitió que todas las investigaciones al respecto continuaran su camino.

(Lea también una entrevista de la exfiscal Buitrago de 2015 sobre el caso del Palacio)

Buitrago recordó que, por las desapariciones del Palacio de Justicia, la Fiscalía ha llamado a indagatoria a más de 10 militares y, varios de ellos, fueron procesados, condenados -algunos de ellos absueltos-, y unos más tienen todavía recursos en la justicia. “Lo que están diciendo es problemático también para esos casos porque si el delito ya no existe, como sostienen, entonces ¿por qué los siguen procesando? Además, el ente investigador ya no tiene ninguna competencia para hablar de esto porque ese es ahora trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Esta declaración de la Fiscalía de que no hay desaparecidos es ilegal, o por lo menos deberían declararse impedidos”, añadió la exfiscal.

La lista de militares involucrados en estas investigaciones es larga. El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado por estos hechos, pero absuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Los magistrados consideraron que no existían pruebas que permitieran vincular al excomandante de la Escuela de Caballería con las desapariciones. El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado también en primera instancia, pero el alto tribunal estudia todavía su recurso de casación para determinar, sin más rodeos, si participó o no en las irregularidades de la retoma del Palacio. Otro general en retiro, Iván Ramírez Quintero, rindió indagatoria en enero del año pasado.

Su caso ahora está en manos de la JEP, al igual que el de cuatro uniformados más vinculados a las desapariciones: Miguel David Bastidas, José Cortés Franco, Luis Pico Hernández y Hernando Pérez Molina. La lista sigue. Los uniformados Ferney Ulmaldin Causaya, Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez fueron condenados en 2016, y su caso todavía está en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá. “Todos estos militares fueron vinculado por la propia Fiscalía a las desapariciones. Que ahora digan que no existieron es una clara jugada para beneficiarlos”, le dijo a este diario uno de los abogados del proceso.

Aunque las declaraciones de la Fiscalía han resultado en todo tipo de reproches, la posición no es para nada nueva en el caso. En 2013, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cambió súbitamente al abogado que defendía a la Nación en la Corte IDH. El jurista Rafael Nieto Loaiza fue quien llevó desde el comienzo el caso internacional. Pero ese año, sus alegatos finales causaron problemas pues allí el abogado sostuvo que en el Palacio de Justicia ni hubo torturas, ni ejecuciones extrajudiciales, y mucho menos desaparecidos. En su reemplazó, la Agencia nombró a Julio Andrés Sampedro.

Para Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, uno de los desaparecidos en el holocausto y de quien la Fiscalía no ha dado ni una pista de su paradero, “es una jugada de la Fiscalía con mayor asidero político que jurídico”. Rodríguez también es abogada y asegura que hay una intencionalidad del gobierno detrás de lo que el ente investigador ahora llama una “hipótesis”. Advierte que “esto no va a tener ninguna consecuencia en lo que pase en la audiencia de la Corte IDH. La Corte les va a decir: ya está probado, por lo que reposa en el expediente, que sí hubo desaparición forzada”. Por el contrario, para Rodríguez, la nueva versión de la Fiscalía “desconoce el fallo de la Corte IDH”. 

La abogada recuerda que no solo el tribunal internacional ha dicho lo mismo, sino que existen varios pronunciamientos de las altas cortes colombianas que han declarado y reconocido tanto que hubo desaparición forzada, como que hubo responsabilidad del Estado. Además, critica la labor investigativa del fiscal Sarmiento: “Él se está centrando en los cuerpos. Está diciendo: ‘ya aparecieron cinco’. Pero no ha investigado responsabilidades individuales”. A este mismo tema también se refirió la exfiscal Buitrago. Para ella, para que la Fiscalía maneje esta nueva hipótesis, primero tiene que  establecer sin ninguna duda qué fue lo que pasó con estos cuerpos y determinar la causa de sus muertes. 

“Sí, encontraron cinco cuerpos de los desaparecidos, pero su obligación es explicar qué les pasó. ¿Cómo murieron? Ese debería ser el foco de ellos y no simplemente decir que no hay desaparecidos en esos casos, aunque durante 34 años sí lo estuvieron”, refiere Buitrago. Otro de los jurista que le salió al paso a las declaraciones de la Fiscalía es Germán Romero, abogado de algunas de las familias de los desaparecidos. Para él, es inadmisible que después de 34 años, los investigadores sostengan esta nueva hipótesis y recordó el hecho de que, durante cinco años de investigaciones, después del fallo de la Corte IDH, la Fiscalía no ha recolectado ni una sola prueba que respalde su teoría. 

“En este caso existieron desapariciones, no hay prueba que refute al día de hoy las versiones de civiles y militares que vieron salir con vida a las cinco personas cuyos restos ya fueron entregados (…) Lo de la Fiscalía es una estrategia de defensa basada en el desprestigio de años y años de investigadores, fiscales, jueces y representantes de víctimas”, agregó Romero en entrevista con RCN Radio. Para René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas que estaba en la cafetería del Palacio, la nueva hipótesis de la Fiscalía “es una tesis absurda” y reitera que “desconoce la sentencia de la Corte IDH”. Recordó además uno de los pronunciamientos claves del alto tribunal. 

En dos numerales de la sentencia, la Corte reconoció que el Estado cometió errores en el manejo de los cadáveres y dijo que eran de tal gravedad que no podían considerarse simples errores, sino que “constituyen graves irregularidades que han impedido el esclarecimiento” de lo que pasó en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Para Guarín, estas declaraciones de la Fiscalía son uno de tantos “pronunciamientos a los que estamos acostumbrados”, pues llevan 34 años lidiando con los cambios de las versiones de las autoridades, y esperando un compromiso real por parte del Estado. Para la Fiscalía, en cambio, sus avances son brillantes y deben ser “orgullo patrio”.

Nota de la Editora: inicialmente, esta nota hablaba de seis personas del Palacio de Justicia identificadas porque así lo decía la Fiscalía. El dato luego se corrigió: a la fecha de la publicación de este artículo, los restos hallados (de la lista de los 11 desaparecidos de los que habla la Corte Interamericana) correspondían a cinco personas.