Los testigos contra los directivos de la Drummond

La recta final de 2019 fue difícil para la multinacional Drummond en el ámbito judicial. Hace unos días, el Consejo de Estado indicó que la compañía no estaba haciendo caso a los lineamientos que se impartieron sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Según esa corporación, la compañía estadounidense siguió extrayendo gas de quince pozos del proyecto Caporo Norte, denominado Campo La Loma, ubicado entre Chiriguaná y La Jagua (Cesar), considerados yacimientos no convencionales y en los cuales se suspendieron las actividades hace un año.

El otro episodio es el reciente llamado a indagatoria de seis altos directivos de la Drummond y su vinculación formal a una investigación penal, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Se trata de Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia entre 1990 y 2012; José Miguel Linares, vicepresidente ejecutivo de la época y actual presidente; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad, capturado en 2015 y dejado en libertad; Jorge Garzón Hernández, director de seguridad de ferrocarril entre 1996 y 2006, y Ricardo Linero y Luis Rodríguez Victoria, coordinadores de seguridad de la mina entre 1996 y 2005.

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En noviembre pasado, la Fiscalía resolvió su situación jurídica y decidió no imponerles prisión preventiva mientras el proceso avanza. El ente investigador consideró que no valía la pena privar de la libertad a los directivos de la empresa carbonera, pues han colaborado y no tienen antecedentes penales. El Espectador tuvo acceso al documento de la Fiscalía con que se sustentó esta determinación, desconocido hasta ahora, y en el cual se recopilan los testimonios y la tras escena que podría vincularlos con la financiación de grupos paramilitares entre 1996 y 2006, así como con el asesinato de dos líderes sindicalistas de la empresa estadounidense en marzo de 2001, por el que ya fueron condenados varios miembros del frente Juan Andrés Álvarez, del bloque Norte.

Los testimonios

Para resolver la situación jurídica de los directivos, la Fiscalía analizó, fundamentalmente, los testimonios de diez trabajadores colombianos de la compañía y dos contratistas de la Drummond. Los empleados en territorio nacional señalaron, en resumen, que la seguridad de la empresa la prestaban particulares y que eran muy cercanos a la empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA), contratista de la carbonera que era dirigida por Jaime Blanco Maya, medio hermano del excontralor Edgardo Maya. Blanco Maya fue condenado a 39 años de prisión por el doble homicidio, cometido en marzo de 2001, de Víctor Orcasita y Valmore Locarno, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintramienergética, por el cual ahora investigan a los seis directivos de la Drummond.

El trabajador 1* le contó a la Fiscalía en 2001 que entre 1999 y 2000 el comedor de los empleados en la mina, ubicada en La Loma (Cesar), “comenzó a llenarse de hombres armados” y que en la noche “veían vehículos con personas armadas y que eran ajenas a la empresa”. Entre ellos el jefe paramilitar alias el Tigre. Él confesó a las autoridades que sus hombres mataron a los sindicalistas por solicitud de Blanco Maya. El mismo testigo dice que el gerente de recursos humanos de la Drummond, Pedro Maya, familiar de Jaime Blanco Maya, “salía a rendirle pleitesía” al Tigre cuando llegaba a la isla de combustible de la empresa a abastecer sus vehículos.

Entre 2001 y 2002, los trabajadores 2 y 3 le contaron al ente investigador de la presencia de hombres armados ajenos a la empresa en el comedor y una garita de vigilancia. El empleado 3 añadió en 2007 que el sindicato tuvo “fuertes encuentros” con los directivos de recursos humanos de la compañía. Un año después dijo que los trabajadores se sentían amedrentados por los hombres armados de Blanco Maya y también se refirió a los lazos familiares de este con Pedro Maya y el ingeniero Jorge Hinojosa. El trabajador 5 también hizo énfasis en esta relación.

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Los trabajadores 4 y 5 volvieron a mencionar la permanencia de gente armada en el comedor de la mina y añadieron dos aspectos claves a sus declaraciones. El trabajador 4 relató que el sindicato siempre denunció que a las islas de combustible de la Drummond entraban los paramilitares. En este punto fue visto el líder paramilitar alias Tolemaida, según el trabajador 6. “Esto no es una calumnia que se está levantando hoy. (Los afiliados al sindicato) informaban que estos carros eran los que cometían los asesinatos en los pueblos”, dijo el empleado 4. Para el empleado 5, “era extraño” que los trabajadores de la carbonera estuvieran exentos de pagar el impuesto que en esa época se les pagaba a los paramilitares.

En 2007, el trabajador 7 mostró su descontento con los directivos de la empresa “por no haber coadyuvado con el Ministerio del Interior para que se atendiera la protección solicitada” por el líder sindical Valmore Locarno, quien resultó asesinado por los paramilitares. El mismo testigo añadió que Alfredo Araújo Castro y Ricardo Urbina, jefe de relaciones públicas y vicepresidente de recursos humanos de la multinacional, respectivamente, defendían a Jaime Blanco Maya. También dijo que el entonces presidente, Augusto Jiménez, sabía de la presencia de los hombres armados en el comedor de la mina. Entre 2011 y 2018, los trabajadores 8, 9 y 10 dijeron lo mismo sobre Jiménez.

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Jaime Blanco Maya fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en noviembre pasado, bajo el compromiso de contar la verdad sobre la supuesta financiación de la Drummond a paramilitares, y su testimonio fue tenido en cuenta por la Fiscalía en este expediente. Las seis declaraciones hechas por el empresario entre 2002 y 2018 indican que su empresa, ISA, fue por donde pasaron los dineros de la carbonera con destino a las autodefensas. Parte de esta versión la dio el propio excontratista de la multinacional en un proceso civil en Estados Unidos, en el que las víctimas del paramilitarismo en Cesar han pedido, infructuosamente, que se le atribuya a la compañía responsabilidad por los crímenes del grupo armado.

Lo que dice la Drummond

Jairo de Jesús Charris, jefe de seguridad de ISA, conocido como Viejo Miguel, fue condenado por el asesinato de los sindicalistas Orcasita y Locarno y sus declaraciones, igualmente, fueron recogidas por la Fiscalía para resolver la situación jurídica de los directivos de la Drummond. Este señaló que, días antes de los asesinatos, el jefe paramilitar alias Tolemaida asistió a una reunión, a la que fue Blanco Maya, en la sede de la empresa, para planear el crimen. La Drummond ha dicho que las declaraciones del Viejo Miguel son totalmente falsas y que éste intentó extorsionarlos con hacer declaraciones en su contra si no recibía dinero.

La Drummond sostiene que tanto Blanco Maya como el Viejo Miguel mienten. Fundamenta su señalamiento en un documento de diciembre de 2015, emitido por David Procter, juez del Distrito Norte de Alabama, en el cual se lee que todos los testigos que declararon contra Drummond en un proceso civil en Estados Unidos recibieron pagos del abogado Terry Collingsworth, director de la organización de derechos humanos International Rights Advocates, la cual representa a víctimas del paramilitarismo: “Después de recibir pagos directa o indirectamente por Collingsworth, tanto Blanco Maya como otros testigos falsos en las cárceles colombianas cambiaron su testimonio y afirmaron que Drummond había hecho pagos a las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia)”.

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El juez señaló que no dudaba “en encontrar que hay (al menos) causa probable para creer que Collingsworth, mientras procesaba demandas en nombre de su empresa, se involucró en soborno de testigos y perjurio subordinado”. Con respecto a Blanco Maya, específicamente, la Corte de Alabama determinó que “se negó a firmar su declaración contra Drummond hasta que recibió el pago”. Esta decisión de la justicia estadounidense, conocida por este diario, señala que los paramilitares Samario, Bam-Bam, Halcón, Tigre y Canoso, así como Blanco Maya y el Viejo Miguel, recibieron dineros. Sin embargo, los diez trabajadores de la Drummond cuyos testimonios aparecen en el reciente documento de la Fiscalía no figuran en el documento de la justicia estadounidense.

El escenario de conflicto en Cesar

En su análisis de contexto, la Fiscalía encontró que los grupos paramilitares en el Cesar llegaron en 1996 por órdenes de los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y que en los siguientes años tomaron fuerza de la mano de “Jorge 40”. Primero, en su lucha autoproclamada como antisubversiva, el grupo ilegal desapareció y desplazó a civiles forzadamente y cometió varias masacres, torturas y asesinatos selectivos. Durante este período, dice el ente investigador, sindicalistas, líderes sociales, organizaciones campesinas y estudiantiles, periodistas y pueblos nativos fueron blanco de estos ataques. Becerril, La Jagua y Codazzi fueron algunos de los municipios más afectados.

En esta misma zona del departamento, los grupos guerrilleros Farc y Eln se encargaron de atentar contra la infraestructura minera y el secuestro como mecanismo de presión hacia las multinacionales y las autoridades locales. De manera conjunta, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, los grupos subversivos atacaron en 16 oportunidades a la Drummond entre 1991 y 2001. Los más afectados fueron la vía férrea y el tren de la compañía, que sacaba el carbón a la costa Caribe. En 2001, la empresa calculaba pérdidas por $10.000 millones y ponía en duda el suministro de carbón al mercado internacional.

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Fue en este punto crítico, dice un informe de contexto de la Unidad de Restitución de Tierras, que la minera y su homóloga suiza Prodeco (que también opera en el Cesar) buscaron estrategias para proteger su infraestructura y su personal. “Es así como desde este período el accionar paramilitar en esta zona ha generado varios cuestionamientos en cuanto a las presuntas relaciones entre las empresas del carbón y el bloque Norte de los paramilitares a través del frente Juan Andrés Álvarez”, señala el informe del organismo, citado en el documento de la Fiscalía.

Además, el expediente revela los convenios de colaboración entre la Drummond y la Fuerza Pública (Ministerio de Defensa) a partir de julio de 2009, en los cuales el Estado se comprometió a suministrar protección a cambio de “una partida presupuestal” (no revela las sumas de dinero pactadas). Desde entonces y hasta el 20 de septiembre de 2016 se acordaron otros cinco convenios, firmados por el actual presidente de la compañía, José Miguel Hernández, y la Secretaría del Ministerio de Defensa, “sin que ninguno cobije el período comprendido entre 1996 y 2006. Es en este contexto donde se ha señalado la presunta financiación de Drummond a las autodefensas”, indicó la Fiscalía.

La influencia paramilitar en la zona se mezcló con otra denuncia, que menciona la Fiscalía en esta investigación, hecha por la ONG holandesa Pax en el informe “El lado oscuro del carbón: violencia paramilitar en la región minera de Cesar, Colombia”. En éste se establece que Drummond y Prodeco eran conscientes de las graves violaciones a los derechos humanos en la región minera del Cesar. Además, dice la organización europea, “ninguna de las dos empresas exigió al Estado colombiano garantías para los pobladores de la zona donde estaban ubicadas las minas” y tampoco “hizo ningún pronunciamiento público de la situación”.

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Un antiguo empleado de inteligencia de Prodeco le aseguró a Pax que los departamentos de seguridad de ambas empresas “jugaron un papel crucial en el establecimiento de los primeros contactos entre los paramilitares y los ejecutivos de las empresas en 1996”. De igual manera, el informe hace referencia a la forma como Prodeco y la Drummond supuestamente facilitaban información tanto al Ejército como a los paramilitares para perpetrar crímenes en el área de influencia de las dos compañías carboneras. Ahora le toca a la justicia tamizar toda esta información para esclarecer qué fue realmente lo que pasó en el Cesar con la empresa Drummond.

*El Espectador no revela los nombres de los testigos por su seguridad. -Nota de la editora: en un principio, la nota mencionó a la empresa ISA, sin hacer precisión de cuál empresa era. Se trata de Industrial de Servicios y Alimentos (ISA), de propiedad de Jaime Blanco Maya y no de Interconexión Eléctrica (ISA).