Magistrada militar radica tutela contra sus compañeros por asegurar que no es imparcial

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana Velásquez interpuso una tutela en contra de la decisión que tomaron sus compañeros de sala en días pasados, en la que aseguran que su doble condición de juez y militar -pues es mayor del Ejército- pone en duda su imparcialidad. Esas afirmaciones están contenidas en un auto que la separó de dos procesos que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.

Es decisión se tomó luego que el senador Iván Cepeda recusara a Lombana argumentando que tenía una relación subordinada con Álvaro Uribe mientras él era presidente de la República y ella, oficial del Ejército. Y que había trabajado en la firma de Jaime Granados quien hoy funge como defensor del expresidente. “El mantenimiento de su estatus militar en servicio activo genera duda razonable sobre el manejo adecuado de sus legítimos intereses personales”, dice esa decisión.    

De acuerdo con Lombana, sus compañeros se extralimitaron en sus funciones. "Sin mediar ningún interés particular en los procesos, procedí a instaurar la mencionada acción al no estar de acuerdo con el contenido de la providencia y al considerar vulnerados mis derechos constitucionales a la igualdad, la no discriminación, al buen nombre y a la honra, al debido proceso y a la participación. Con su decisión, la Sala pone en entredicho mi imparcialidad, independencia, buen juicio, compromiso con la justicia y honestidad".

(Lea también: Magistrada Lombana responde a Daniel Coronell por caso Uribe)

Cabe precisar que la decisión de la Sala de Instrucción hizo un fuerte reparo a la magistrada por mantener el régimen de carrera de los oficiales de la Justicia Penal Militar, así como su rango militar y la vinculación a las fuerzas armadas. Y afirmó que la justicia no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. “Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”, dice el documento.

El fuerte pronunciamiento de la Sala de Instrucción, que se remite al caso concreto de los procesos de manipulación de testigos, generó cuestionamientos sobre si, en consecuencia, Lombana tendría que ser apartada de todos los casos que están en la Sala de Instrucción en contra de Álvaro Uribe como, por ejemplo, la investigación por su presunta relación en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998;  la masacre de la Granja  y de San Roque, perpetradas en 1996, y la masacre del Aro, ocurrida en 1997. 

También le puede interesar: Pros y contras de la elección de la magistrada militar Cristina Lombana

Estos casos, declarados de lesa humanidad por el alto tribunal en el 2018, los tiene a cargo el magistrado César Reyes. No obstante, si se llegara a tomar alguna decisión de fondo en este caso, se debatiría por toda la sala de instrucción. ¿Qué pasaría con Lombana? En la Corte explicaron a este diario que tendría que analizarse cada caso en concreto, si llega a presentarse una nueva recusación.  Este diario consultó al círculo cercano de la magistrada quienes advirtieron que Lombana no tiene pensado retirarse del Ejército ni de la Corte Suprema, entre otros, porque cuando Sala Plena de ese alto tribunal la eligió no le exigió renunciar al Ejército ni consideró como un impedimento su vinculación a las Fuerzas Armadas. 

En contexto: Iván Cepeda pide a la magistrada Lombana que se retire del proceso contra Uribe

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana Velásquez interpuso una tutela en contra de la decisión que tomaron sus compañeros de sala en días pasados, en la que aseguran que su doble condición de juez y militar -pues es mayor del Ejército- pone en duda su imparcialidad. Esas afirmaciones están contenidas en un auto que la separó de dos procesos que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.

Es decisión se tomó luego que el senador Iván Cepeda recusara a Lombana argumentando que tenía una relación subordinada con Álvaro Uribe mientras él era presidente de la República y ella, oficial del Ejército. Y que había trabajado en la firma de Jaime Granados quien hoy funge como defensor del expresidente. “El mantenimiento de su estatus militar en servicio activo genera duda razonable sobre el manejo adecuado de sus legítimos intereses personales”, dice esa decisión.    

De acuerdo con Lombana, sus compañeros se extralimitaron en sus funciones. "Sin mediar ningún interés particular en los procesos, procedí a instaurar la mencionada acción al no estar de acuerdo con el contenido de la providencia y al considerar vulnerados mis derechos constitucionales a la igualdad, la no discriminación, al buen nombre y a la honra, al debido proceso y a la participación. Con su decisión, la Sala pone en entredicho mi imparcialidad, independencia, buen juicio, compromiso con la justicia y honestidad".

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Cabe precisar que la decisión de la Sala de Instrucción hizo un fuerte reparo a la magistrada por mantener el régimen de carrera de los oficiales de la Justicia Penal Militar, así como su rango militar y la vinculación a las fuerzas armadas. Y afirmó que la justicia no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. “Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”, dice el documento.

El fuerte pronunciamiento de la Sala de Instrucción, que se remite al caso concreto de los procesos de manipulación de testigos, generó cuestionamientos sobre si, en consecuencia, Lombana tendría que ser apartada de todos los casos que están en la Sala de Instrucción en contra de Álvaro Uribe como, por ejemplo, la investigación por su presunta relación en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998;  la masacre de la Granja  y de San Roque, perpetradas en 1996, y la masacre del Aro, ocurrida en 1997. 

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Estos casos, declarados de lesa humanidad por el alto tribunal en el 2018, los tiene a cargo el magistrado César Reyes. No obstante, si se llegara a tomar alguna decisión de fondo en este caso, se debatiría por toda la sala de instrucción. ¿Qué pasaría con Lombana? En la Corte explicaron a este diario que tendría que analizarse cada caso en concreto, si llega a presentarse una nueva recusación.  Este diario consultó al círculo cercano de la magistrada quienes advirtieron que Lombana no tiene pensado retirarse del Ejército ni de la Corte Suprema, entre otros, porque cuando Sala Plena de ese alto tribunal la eligió no le exigió renunciar al Ejército ni consideró como un impedimento su vinculación a las Fuerzas Armadas. 

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