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Edward Rodríguez y Fabio Arroyave, los investigadores de la Comisión de Acusación que tienen a su cargo el expediente del magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, creen que hay indicios y pruebas suficientes para que la Comisión lo acuse ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Por eso, el pasado lunes 5 de marzo, radicaron un proyecto que, de ser aprobado, significaría un paso más hacia la posibilidad de que Malo termine en un juicio tanto penal como político.
El documento de 75 folios, conocido por este diario, reúne todos los argumentos por los cuales se pidió a la Comisión acusar al magistrado Gustavo Malo. En la investigación se tuvieron en cuenta 25 testimonios, entre los que se encuentran el del abogado y exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno; el del magistrado auxiliar de Malo para la época de los hechos, José Luis Reyes; el del excongresista Musa Besaile y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, entre otros.
En este caso, los representantes investigadores hallaron que las declaraciones de cada uno de los testigos fueron como piedras que hundían poco a poco al magistrado cartagenero, quien se desempeña en su cargo desde 2012.
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La pieza la clave en lo que se considera el peor escándalo de corrupción al interior de la justicia, el exfiscal Luis Gustavo Moreno, también es fundamental para esta acusación. Moreno, en sus diversos relatos ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación, señaló a Malo de ser el proveedor de toda la información usada por la organización para hacer los millonarios cobros y frenar los procesos.
En septiembre de 2017, quedó consignado en este proyecto de acusación, Moreno relató que el magistrado suministraba la información a Francisco Ricaurte, especialmente del proceso del senador Musa Besaile que estaba a su cargo:
“Preguntado: ¿Cuál es el papel que juega el doctor Francisco Ricaurte en esta historia? Contesto: Él tiene todo el manejo de la información, para nadie es un secreto la amistad asidua con el magistrado titular Gustavo Malo y la información que él tenía de los procesos era porque se la suministraba directamente el doctor Gustavo Malo”, añade el texto.
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Otro de los relatos que tiene hoy contra las cuerdas al jurista cartagenero es el del senador Musa Besaile. El congresista relató ante la Corte cómo fue el pedido de la extorsión por $2.000 millones, pago que serviría como evidencia pra confirmar la existencia de un “equipo” encargado de intervenir ilegalmente en procesos y de esa forma “obtener diferentes beneficios procesales, los cuales podían ir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones”, indican los investigadores.
Del mismo modo, el testimonio del magistrado auxiliar José Luis Reyes fue determinante para los representantes Edward Rodríguez y Fabio Arroyave. Reyes afirmó que se armó un entramado por parte del magistrado Malo para removerlo de su cargo, precisamente para evitar decisiones de fondo en el caso Besaile. Señaló que el togado rotaba constantemente a los magistrados auxiliares como supuesta estrategia para frenar el curso de las investigaciones, lo que fue corroborado por otra investigadora del despacho de Malo, Ana Marina Erazo.
Pero estas pruebas solo son la punta del iceberg de toda esta investigación. A lo largo de todo el proceso, y como se relata en el texto, se pudo inferir que Malo “como titular del despacho donde se surtían los procesos de única instancia seguidos en contra de los senadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, era quien ostentaba de la mejor posición para favorecer ilegalmente a los aforados, con decisiones y actuaciones que cumplieran con los objetivos a los cuales se había comprometido la organización para con ellos”.
Entre las cuatro consideraciones que tuvieron en cuenta los representantes para pedir la acusación también se afirma que Gustavo Malo “garantizó de manera efectiva que la organización a la que pertenecía pudiese cumplirle a los aforados que demandaban sus servicios, en ocasiones omitiendo realizar acciones propias a su cargo, tal y como propender por que el trámite fuera célere y eficiente”. Por eso resultó investigado por concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción y por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o a Reserva.
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Las funciones de Malo en el alto tribunal no solo se limitaban a las de magistrado, sino que, al parecer, iban más allá. Para Arroyave y Rodríguez está claro que el magistrado cartagenero era el encargado de suministrar los datos que necesitaba la organización ilegal para que fueran utilizados a la hora de abordar a los aforados mediante abogados que pertenecían también a la que la Fiscalía denominó una "organización criminal".
Dicho grupo criminal no solo tuvo en sus manos los $1.200 millones que habría pagado Álvaro Ashton -lo cual niega el senador- y los $2.000 millones que pagó Musa Besaile. A este paquete se suman Alejandro Lyons, quien dijo haber entregado $30 millones al también exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino; el exsenador Julio Manzur, quien señaló haber rechazado la oferta de Gustavo Moreno antes de ser encarcelado a raíz de una investigación en su contra por parapolítica.
En esa lista figuran igualmente el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y Fonade, que habría sido usado como fortín político para hacer favores burocráticos. Dichos casos se dieron a conocer en el marco de la audiencia de imputación de cargos contra el ex magistrado Francisco Ricaurte, quien también ha estado involucrado en este escándalo del cartel de la toga.
Malo salió temporalmente de la Corte en septiembre del año pasado, y antes de hacerlo, ante la presión de sus propios compañeros que hasta pidieron su renuncia, entregó los procesos por los cuales era cuestionado. Es decir, el de Musa Besaile y de Álvaro Ashton.