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El magistrado Gustavo Malo Fernández se encuentra en una situación cada vez más apretada. Aunque en la Corte Suprema ha presentado excusa tras excusa desde septiembre para poder ausentarse —ya va por la cuarta—, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ya hay señales de que su caso no va a archivarse pronto y que, al contrario, tiende a avanzar. Este lunes, 5 de marzo de 2018, se confirmó que los representantes Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y Fabio Arroyave, del Partido Liberal, radicaron un proyecto de decisión de 74 folios en el cual, palabras más palabras menos, le piden a la Comisión de Acusación que sigan con el trámite de llevar a Malo a juicio. (Le puede interesar: ¿Qué le espera a Gustavo Malo luego de la decisión de la Comisión de Acusaciones?).
“Se cuentan con testimonios y documentos que permiten inferir que dentro de los procesos de única instancia números 27700, 39768, que se tramitan en la Corte Suprema de Justicia en contra de Musa Besaile Fayad y Álvaro Ashton, procesos que cursaron trámite en el despacho del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, hubo un pago de dineros en un caso de $2.000 millones y en el otro de al menos $600 millones, para que no se continuara con el trámite natural de los mismos. Ya sea para evitar órdenes de captura, para buscar archivos o simplemente para dilatarlos y buscar en un futuro una posible prescripción”, expresó el representante Rodríguez.
Del expresidente de la Corte José Leonidas Bustos, quien tiene una indagación previa en la Comisión de Acusación también por hechos relacionados con el llamado cartel de la toga, es de quien más ha entregado información Luis Gustavo Moreno, el testigo estrella de esta historia. A Malo la Comisión empezó a investigarlo después de Bustos y, aun así, su caso avanza con más rapidez. Sobre el proceso de Bustos, señaló Rodríguez en la rueda de prensa a la que citó para divulgar esta información, “todavía están trabajando”. Teniendo en cuenta, además, que Bustos lo recusó a él, a Arroyave, y hasta al representante del Ministerio Público delegado para este expediente. (En contexto: Ponencia dice que Gustavo Malo tuvo serios indicios con el cartel de la toga).
Gustavo Malo está siendo investigado por cinco delitos: concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asuntos sometidos a reserva. “Se pudo establecer que existen serios indicios de la responsabilidad del doctor Malo Fernández en la conformación de un grupo de personas, tanto funcionarios públicos como particulares, con los cuales se concertó para afectar ilegalmente procesos de aforados que se tramitaron en sede de única instancia”, resaltó el representante Rodríguez, refiriéndose específicamente a dos procesos: el de Musa Besaile y el de Álvaro Ashton. Con este último, había otro factor en común: su amistad con Francisco Ricaurte.
Desde antes de que estallara el escándalo del cartel de la toga, Gustavo Malo ya era reconocido dentro de la Corte Suprema como el mentor de Francisco Ricaurte. Nacidos ambos en Cartagena, ya se habían cruzado en sus carreras en el Tribunal Superior de Cartagena. Pero cuando la “bomba” de corrupción estalló el año pasado, empezaron a salir a flote otros detalles que comprometieron tanto a Malo como a Ricaurte. Especialmente la versión que dio a la justicia José Reyes Rodríguez, exmagistrado auxiliar de Malo. Aseguró que lo habían sacado de la Corte tras proponer que se abriera investigación formal contra el senador Besaile.
Reyes Rodríguez también se refirió al tema de Ashton. Dijo que, por grabaciones de llamadas telefónicas, se había dado cuenta de la cercanía entre el senador liberal y Ricaurte, quien para ese momento ya había salido de la Corte Suprema y trabajaba en el Consejo Superior de la Judicatura, en donde estuvo hasta noviembre de 2014. “Ahí hay unas interceptaciones telefónicas. Ashton se reunía y buscaba asiduamente a Francisco Ricaurte (…) A mí eso me huele mal”, le dijo Reyes al fiscal delegado que viajó a Guatemala a buscarlo, en donde Reyes trabaja ahora con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Y Ricaurte, sabía Reyes, tenía un canal de comunicación directo con Malo.
En resumen, lo que testigos como Gustavo Moreno han señalado, es que Malo llegó al cartel de la toga gracias a su cercanía con Francisco Ricaurte -quien ya fue llamado a juicio por esto mismo- y que, desde su posición privilegiada como juez del máximo tribunal de justicia ordinaria, se prestó para pedir sobornos a investigados a cambio de influir en las decisiones de sus expedientes. Malo se fue temporalmente de la Corte en septiembre del año pasado, y antes de hacerlo, ante la presión de sus propios compañeros que hasta pidieron su renuncia, entregó los procesos por los cuales era cuestionado. Es decir, el de Musa Besaile y de Álvaro Ashton. (En contexto: En la recta final proceso contra el magistrado Gustavo Malo)
Desde entonces, seguramente también por la presión que ha generado este escándalo, los casos de ambos senadores empezaron a moverse a la velocidad de la luz. Luego de una semana de que el CTI estuviera buscándolo, Musa Besaile, el senador más votado del país en 2014 y miembro del Partido de la U, se entregó a las autoridades el 5 de octubre del año pasado, en pleno partido de la selección Colombia que jugaba contra Paraguay un partido de las eliminatorias al mundial de Rusia 2018. Besaile está siendo investigado por cohecho y peculado. Todo luego de que él mismo admitiera haberle entregado $2.000 millones a Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra.
En enero de este año se definió, además, que Besaile sería investigado formalmente por parapolítica. Por fin se tomaron decisiones en el caso que duró 11 años en estado preliminar. Y en cuanto Ashton, ha pasado algo similar. En febrero de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema concluyó que sí había razones para investigarlo formalmente por parapolítica, y ordenó su arresto. Ese expediente, debe decirse, duró menos tiempo en estado preliminar: desde 2012, no desde 2007 como fue el caso de Besaile, el cual de todas formas pasó mucho tiempo sin avanzar incluso antes de que lo tuviera a cargo Malo, pues él se posesionó como magistrado en 2012.
Gustavo Malo, por su parte, se ha defendido en la Comisión de Acusación. En sus indagatorias ha tildado a Moreno de “mentiroso calificado”, y ha asegurado una y otra vez que él nada ha tenido que ver con el cartel de la toga. A raíz de este escándalo, la Corte Suprema de Justicia se vio obligada a modificar su propio reglamento, el cual permite ahora que si hay un magistrado involucrado en una investigación penal o un problema que mine la credibilidad de la Corte, sus compañeros pueden apartarlo del cargo. En la Corte ya lo llamaron una vez a Sala Plena para discutir esta posibilidad, pero desde que se fue de la Corte, Malo ha acreditado licencias médicas que justifican su ausencia. (Lea también: ¿Hasta dónde llegó la corrupción en la justicia?)
Por eso, mientras tanto, la Corte no podrá tomar determinaciones con respecto al futuro de Gustavo Malo. Varios de sus compañeros, incluso, dicen que creen en su buena fe: “Si él dice que está enfermo, está enfermo”. Las licencias, sin embargo, son también lo que lo mantienen a flote en su cargo, pues sus compañeros no pueden discutir su retiro provisional si él no está para defenderse. El representante Rodríguez dijo que cuando el Congreso iniciara sesiones, la Comisión de Acusación conocería su proyecto. Los abogados de Malo, por su parte, ven en esta decisión solo conveniencias políticas: “Es un show mediático que le cae muy bien en época de elecciones”, le dijo a este diario Álvaro Pérez, defensor de Malo.