Marlon Marín, la pieza clave para investigaciones en Colombia y EE. UU.

Este viernes 4 de mayo, a las 2 de la tarde, está citada en el búnker de la Fiscalía para un interrogatorio Fernando Orozco, una de las nueve personas que inicialmente, según reconoció la Fiscalía, “estarían interesados en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”. Ayer jueves estuvieron en la misma diligencia Sonia Veloza, una excandidata al Senado por el Partido Verde, y Óscar Mantilla. Tanto Orozco como Mantilla son nombres nuevos en la lista, a la cual se agregaron tres personas más, según lo notificó el fiscal general al Congreso el pasado miércoles, por su presunto interés en conseguir partidas de los recursos designados para el posconflicto.

(Puede interesarle: Crece escándalo por dineros para la paz)

Mientras avanza la auditoría que se le encargó a la firma Ernst & Young, cuya misión es revisar con lupa la contratación y los sistemas de información del Fondo Colombia en Paz, este mes podría ser clave para empezar a desenmarañar con nombres, fechas y lugares el entramado de corrupción que se estaba tejiendo alrededor de los recursos destinados para garantizar la paz tras la firma del Acuerdo Final con las Farc. Y el protagonista principal, asegura la Fiscalía, es alguien que, aunque no pertenecía a esa guerrilla, está relacionado con ella por lazos sanguíneos: Marlon Marín Marín, sobrino de Luciano Marín, más conocido como Iván Márquez. El partido FARC dejó en claro que Marín Marín no es uno de sus miembros, pero el daño a su nombre, inevitablemente, ya está hecho.

Marín, quien logró escabullirse hacia los Estados Unidos el pasado 17 de abril como testigo de la DEA en referencia al pedido de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich, ahora busca un principio de oportunidad con la Fiscalía para aportar lo que asegura saber, a cambio de ser eximido de sanciones penales en Colombia. En Estados Unidos negoció la misma salida: información a cambio de beneficios, sobre todo de protección para su familia. El fiscal Martínez ya confirmó que con la justicia de Estados Unidos se acordó que Marlon Marín seguiría cooperando con Colombia y además, antes de irse, Marín dio horas de declaraciones sobre la presunta red de corrupción que iba por los recursos del posconflicto.

Por las pruebas en poder de la Fiscalía, a Marlon Marín no le quedaba otra que colaborar con los sistemas judiciales que estaban respirándole en el cuello. Grabaciones de conversaciones suyas con personas interesadas en contratos para la paz, conocidas por este diario y divulgadas también por otros medios, han dejado ver el tipo de negociaciones que Marín al parecer hacía en nombre de recursos que debían llegar a los exguerrilleros de las Farc que creyeron en la vida civil o a regiones que fueron azotadas por la violencia guerrillera. Según el fiscal general, hay más de 80.000 registros telefónicos como evidencia de esa red de corrupción. 

“Entregando eso y la documentación de la constructora, a los 15 días estamos firmando. ¿Qué les estamos pidiendo nosotros como familia? El 5 %. Usted puede manejar el otro 5 % (...) Nosotros sólo pedimos el 5 %”, se oye que dice Marín en una de esas conversaciones. Al presentar esa información en el Congreso, el fiscal general dijo: “Marín dice que él cobraba el 5 % de los proyectos productivos y no el 12 (...) como es propio de los políticos tradicionales (...) él, siendo parte del entorno de las directivas del nuevo partido (FARC) era el gestor más importante para apropiarse de estos recursos”.

(Vea: Así se negociaba el desvío de recursos para la paz)

Este escándalo, además, puso en una apretada situación al gobierno Santos frente a los gobiernos y organismos donantes de los recursos para la paz. Los resultados que arroje la auditoría de Ernst & Young serán fundamentales para establecer qué estaba pasando con ese dinero, aunque se sabe que los miles de millones de pesos que estaban en riesgo no alcanzaron a despilfarrarse, pues la mayoría de contratos no estaban adjudicados aún. El espinoso asunto le costó también el cargo a Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz, tal como lo anunció el vicepresidente, Óscar Naranjo. Ospina era una de las funcionarias más cercanas a Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, quien se salvó de lidiar esta tormenta porque justo viajó a Estados Unidos a una cirugía cuando estalló.

Marín, por su parte, sigue siendo considerada la ficha clave para develar esta compleja red que, según la Fiscalía, quería apoderarse de los recursos que los gobiernos extranjeros le han entregado a Colombia para establecer la paz. Se espera que antes de que termine mayo haya una audiencia para la cual se tendrá en cuenta la información que él ha aportado, aunque el fiscal no aclaró qué tipo de audiencia sería. “Tenemos identificados al menos cuatro alcaldes de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Nariño y Casanare que actuaban en contumacia con funcionarios de algunas entidades del sector central”, señaló Martínez en el Congreso. Lo que sí es claro con las declaraciones de Marín y las del propio fiscal es que en este tema aún queda mucha tela por cortar.

Este viernes 4 de mayo, a las 2 de la tarde, está citada en el búnker de la Fiscalía para un interrogatorio Fernando Orozco, una de las nueve personas que inicialmente, según reconoció la Fiscalía, “estarían interesados en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”. Ayer jueves estuvieron en la misma diligencia Sonia Veloza, una excandidata al Senado por el Partido Verde, y Óscar Mantilla. Tanto Orozco como Mantilla son nombres nuevos en la lista, a la cual se agregaron tres personas más, según lo notificó el fiscal general al Congreso el pasado miércoles, por su presunto interés en conseguir partidas de los recursos designados para el posconflicto.

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Mientras avanza la auditoría que se le encargó a la firma Ernst & Young, cuya misión es revisar con lupa la contratación y los sistemas de información del Fondo Colombia en Paz, este mes podría ser clave para empezar a desenmarañar con nombres, fechas y lugares el entramado de corrupción que se estaba tejiendo alrededor de los recursos destinados para garantizar la paz tras la firma del Acuerdo Final con las Farc. Y el protagonista principal, asegura la Fiscalía, es alguien que, aunque no pertenecía a esa guerrilla, está relacionado con ella por lazos sanguíneos: Marlon Marín Marín, sobrino de Luciano Marín, más conocido como Iván Márquez. El partido FARC dejó en claro que Marín Marín no es uno de sus miembros, pero el daño a su nombre, inevitablemente, ya está hecho.

Marín, quien logró escabullirse hacia los Estados Unidos el pasado 17 de abril como testigo de la DEA en referencia al pedido de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich, ahora busca un principio de oportunidad con la Fiscalía para aportar lo que asegura saber, a cambio de ser eximido de sanciones penales en Colombia. En Estados Unidos negoció la misma salida: información a cambio de beneficios, sobre todo de protección para su familia. El fiscal Martínez ya confirmó que con la justicia de Estados Unidos se acordó que Marlon Marín seguiría cooperando con Colombia y además, antes de irse, Marín dio horas de declaraciones sobre la presunta red de corrupción que iba por los recursos del posconflicto.

Por las pruebas en poder de la Fiscalía, a Marlon Marín no le quedaba otra que colaborar con los sistemas judiciales que estaban respirándole en el cuello. Grabaciones de conversaciones suyas con personas interesadas en contratos para la paz, conocidas por este diario y divulgadas también por otros medios, han dejado ver el tipo de negociaciones que Marín al parecer hacía en nombre de recursos que debían llegar a los exguerrilleros de las Farc que creyeron en la vida civil o a regiones que fueron azotadas por la violencia guerrillera. Según el fiscal general, hay más de 80.000 registros telefónicos como evidencia de esa red de corrupción. 

“Entregando eso y la documentación de la constructora, a los 15 días estamos firmando. ¿Qué les estamos pidiendo nosotros como familia? El 5 %. Usted puede manejar el otro 5 % (...) Nosotros sólo pedimos el 5 %”, se oye que dice Marín en una de esas conversaciones. Al presentar esa información en el Congreso, el fiscal general dijo: “Marín dice que él cobraba el 5 % de los proyectos productivos y no el 12 (...) como es propio de los políticos tradicionales (...) él, siendo parte del entorno de las directivas del nuevo partido (FARC) era el gestor más importante para apropiarse de estos recursos”.

(Vea: Así se negociaba el desvío de recursos para la paz)

Este escándalo, además, puso en una apretada situación al gobierno Santos frente a los gobiernos y organismos donantes de los recursos para la paz. Los resultados que arroje la auditoría de Ernst & Young serán fundamentales para establecer qué estaba pasando con ese dinero, aunque se sabe que los miles de millones de pesos que estaban en riesgo no alcanzaron a despilfarrarse, pues la mayoría de contratos no estaban adjudicados aún. El espinoso asunto le costó también el cargo a Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz, tal como lo anunció el vicepresidente, Óscar Naranjo. Ospina era una de las funcionarias más cercanas a Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, quien se salvó de lidiar esta tormenta porque justo viajó a Estados Unidos a una cirugía cuando estalló.

Marín, por su parte, sigue siendo considerada la ficha clave para develar esta compleja red que, según la Fiscalía, quería apoderarse de los recursos que los gobiernos extranjeros le han entregado a Colombia para establecer la paz. Se espera que antes de que termine mayo haya una audiencia para la cual se tendrá en cuenta la información que él ha aportado, aunque el fiscal no aclaró qué tipo de audiencia sería. “Tenemos identificados al menos cuatro alcaldes de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Nariño y Casanare que actuaban en contumacia con funcionarios de algunas entidades del sector central”, señaló Martínez en el Congreso. Lo que sí es claro con las declaraciones de Marín y las del propio fiscal es que en este tema aún queda mucha tela por cortar.