Más de 67 personas serán investigadas por el carrusel de la contratación
El juez que condenó a Samuel Moreno por segunda vez pidió que la Fiscalía y la Judicatura investiguen al primo del "Ñoño" Elías, al fundador de Conalvías, a 12 empresas, y a por lo menos a tres abogados y cinco fiscales. Según el fallo, la justicia debe salir de dudas de si estas personas tuvieron que ver con el desfalco a las finanzas de Bogotá.
Redacción Judicial
Los jueces que hasta ahora han fallado en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, lo han condenado a vivir el resto de su vida en la cárcel. Con la última sentencia que se conoció el pasado 15 de febrero, Moreno acumula ya un total de 63 años de cárcel por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación. Con la suma de fallos en su contra se empieza a cerrar el capítulo de Samuel Moreno, uno de varios en la extensa historia de este millonario desfalco a la capital del país. Sin embargo, esta clausura lo que deja entrever es que, para llegar a su final, todavía hacen falta muchas páginas por contar.
Así lo indicó el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá en el fallo en el que condenó hace dos semanas a Moreno a pagar 39 años y ocho meses de cárcel. En el documento de 192 páginas, el juez Jorge Andrés Carreño Corredor mencionó los nombres de por lo menos 67 personas, 12 empresas y cinco fiscales. Según este despacho judicial, la Fiscalía debe abrir nuevas investigaciones en su contra para aclarar si tuvieron algo que ver con el robo miles de millones de pesos del erario que se iban a destinar a la construcción de las vías de Transmilenio por la avenida El Dorado y para adecuar la malla vial del suroccidente bogotano.
>>La reparación que pide Bogotá por el carrusel de la contratación
Si bien varios de esos nombres ya han salido salpicados dentro de la investigación, el juez Carreño aclaró que la compulsa de copias (pedir que sean investigados) es para que se determine si estas personas están involucradas en delitos a los que la justicia no ha llegado, y además para que quede claro ante los estrados judiciales quiénes y por qué han sido condenados. En esta lista sobresalen los ya condenados Manuel y Miguel Nule, junto a su primo Guido Nule, (aunque los dos últimos ya se encuentran libres); Álvaro Dávila; Emilio Tapia; el contratista Héctor Julio Gómez; Inocenio Meléndez, exdirector jurídico del IDU; Mauricio Galofre, socio de los Nule; Luis Eduardo Montenegro, exsubdirector de infraestructura del IDU; Germán Olano Becerra, exrepresentante a la Cámara; y Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU.
Además de los ya condenados, el fallo mencionó a otros exfuncionarios de la alcaldía y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), abogados y personas particulares, algunas de ellas ya con investigaciones andando en su contra. Por ejemplo, en este grupo salen mencionados Aldemar Cortés Salinas, Luis Eduardo Montenegro, Claudia Patricia Otálora, exfuncionarios del IDU. También aparece Rafael Hernández Ruiz, exrepresentante legal del Grupo Nule; Carlos Augusto Joly Herrera, señalado de ser uno de los testaferros de Emilio Tapia; Rafael Low Calderón, exempleado de Conalvías; y el barranquillero Javier Haddad Cure, amigo personal y de negocios de los Nule.
Avanzando en esta lista, el juez 11 Penal del Circuito agregó los nombres de Juan Pablo Luque Luque, exfuncionario de la empresa Seguroexpo de Colombia S.A.; a Gabriel Trujillo Vélez, miembro de Megaproyectos S.A.; Cesar Jaramillo Gutiérrez, fundador de Conalvías y el padre de Andrés Jaramillo, otro salpicado en el carrusel. y a Luis Hernando Villalobos Sabogal, un reconocido contratista de Bogotá quien, además de resultar salpicado en este escándalo, la justicia también lo investiga por supuestas irregularidades en los contratos para los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y los relacionados con alimentación a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
>>Dejan en libertad a Julio Gómez, condenado por el carrusel de la contratación
Otro de los nombres que sobresalen de la decisión del juez de compulsar copias es el del primo del exsenador Bernardo el “Ñoño” Elías, Alberto José Elías Vidal pues, al parecer, habría cobrado un cheque de plata de las coimas que se transaron en el escándalo del carrusel. Según las pruebas que presentó la Fiscalía en el proceso, Elías Vidal recibió $200 millones y, posteriormente, le habría entregado el dinero a Emilio Tapia para que, finalmente, llegara a las cuentas del exalcalde Moreno Rojas. Como esta transacción, el ente investigador presentó documentación de 57 cheques más que ahora pasará a investigar por orden del juez del caso.
El funcionario judicial no detalló cuál serían las responsabilidades de las más de 67 personas que mencionó en su fallo, aclarando que esa es una tarea que debe hacer la Fiscalía con urgencia. Plinio Bustamante, interventor de una de las obras que resultó plagada de irregularidades, también será investigado. Asimismo, el togado le pidió al ente investigador que indague sobre las acciones de los integrantes de las juntas directivas del IDU que trabajaron durante las administraciones locales de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Esta decisión implica que el exalcalde Garzón también será investigado , junto a sus secretarios de Gobierno, Hacienda y Obras Públicas.
>>Álvaro Dávila, condenado por el carrusel de la contratación
Investigaciones en la Judicatura también
El juez Carreño fue incisivo en otra de las decisiones que tomó en este caso: le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que investigue a los abogados que participaron del juicio en contra del exalcalde Moreno “dentro de las respectivas actuaciones, en las que se refleja su actuar dilatorio y temerario”. Durante los más de dos años que duró el proceso, el togado hizo varios llamados de atención pues la defensa del exfuncionario no se presentaba a las diligencias programadas y las audiencias resultaban aplazadas. Mauricio Alarcón, Jorge Arenas y Jairo Enrique Bulla Romero fueron tres de los abogados de Moreno en este expediente.En la sentencia contra el exalcalde, el juez 11 de conocimiento emitió otra orden a la Judicatura: la de investigar a los fiscales que estuvieron detrás de esta investigación. La raíz de esta compulsa de copias son las declaraciones que dieron Miguel Nule y Emilio Tapia sobre la supuesta pérdida en la Fiscalía de un dinero que se entregó para la reparación de las víctimas. En los archivos del ente investigador, en el caso participaron por lo menos cinco fiscales: Martín Moreno, Álvaro Osorio, Ricardo González, Jaime Zetien y Juan Vicente Valbuena.
>>Samuel Moreno: la muerte política de un delfín
Este último aclaró en Blu Radio que, mientras dirigió la investigación, nunca supo de un pago para la reparación de las víctimas. “Es un tema que tiene una muy fácil demostración, pues no existe ningún tipo de consignación o transferencia de dinero por parte de los señores Nule o por parte de alguno de sus abogados para considerarlo pago de indemnización. Su concepción de indemnización tendría que ver con las pólizas suscritas en su momento y por otra parte del dinero representado en las acciones de Enertolima y Enerpereira que fueron incautadas por la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía”, expresó Valbuena.
También hay órdenes contra empresas
La compulsa de copias del juez 11 de conocimiento abarcó también a empresas que resultaron mencionadas por diferentes testigos o en varias pruebas en el caso del exalcalde. La Fiscalía tendrá ahora que cumplir con la orden de verificar si cometieron alguna irregularidad a la hora de firmar contratos y pagar dinero por ellos. Las empresas son: Expogoblal Exhibitions S.A.S.; Sociedad Inmobiliaria Estda S.A.S.; Constructores y Consultores de Ingenieria Limitada; Invercol Limitada, Servicios y Suministros Limitada, V MAS V Proyectos; Productora de Cables S.A.S.; Construcli E.U.; Invermec Limitada; Construcciones Integradas S.A.S.; Constructora Arkgo Limitada; Seguros Colpatria; y el Consorcio Intercol, junto a sus representantes legales.
Los jueces que hasta ahora han fallado en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, lo han condenado a vivir el resto de su vida en la cárcel. Con la última sentencia que se conoció el pasado 15 de febrero, Moreno acumula ya un total de 63 años de cárcel por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación. Con la suma de fallos en su contra se empieza a cerrar el capítulo de Samuel Moreno, uno de varios en la extensa historia de este millonario desfalco a la capital del país. Sin embargo, esta clausura lo que deja entrever es que, para llegar a su final, todavía hacen falta muchas páginas por contar.
Así lo indicó el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá en el fallo en el que condenó hace dos semanas a Moreno a pagar 39 años y ocho meses de cárcel. En el documento de 192 páginas, el juez Jorge Andrés Carreño Corredor mencionó los nombres de por lo menos 67 personas, 12 empresas y cinco fiscales. Según este despacho judicial, la Fiscalía debe abrir nuevas investigaciones en su contra para aclarar si tuvieron algo que ver con el robo miles de millones de pesos del erario que se iban a destinar a la construcción de las vías de Transmilenio por la avenida El Dorado y para adecuar la malla vial del suroccidente bogotano.
>>La reparación que pide Bogotá por el carrusel de la contratación
Si bien varios de esos nombres ya han salido salpicados dentro de la investigación, el juez Carreño aclaró que la compulsa de copias (pedir que sean investigados) es para que se determine si estas personas están involucradas en delitos a los que la justicia no ha llegado, y además para que quede claro ante los estrados judiciales quiénes y por qué han sido condenados. En esta lista sobresalen los ya condenados Manuel y Miguel Nule, junto a su primo Guido Nule, (aunque los dos últimos ya se encuentran libres); Álvaro Dávila; Emilio Tapia; el contratista Héctor Julio Gómez; Inocenio Meléndez, exdirector jurídico del IDU; Mauricio Galofre, socio de los Nule; Luis Eduardo Montenegro, exsubdirector de infraestructura del IDU; Germán Olano Becerra, exrepresentante a la Cámara; y Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU.
Además de los ya condenados, el fallo mencionó a otros exfuncionarios de la alcaldía y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), abogados y personas particulares, algunas de ellas ya con investigaciones andando en su contra. Por ejemplo, en este grupo salen mencionados Aldemar Cortés Salinas, Luis Eduardo Montenegro, Claudia Patricia Otálora, exfuncionarios del IDU. También aparece Rafael Hernández Ruiz, exrepresentante legal del Grupo Nule; Carlos Augusto Joly Herrera, señalado de ser uno de los testaferros de Emilio Tapia; Rafael Low Calderón, exempleado de Conalvías; y el barranquillero Javier Haddad Cure, amigo personal y de negocios de los Nule.
Avanzando en esta lista, el juez 11 Penal del Circuito agregó los nombres de Juan Pablo Luque Luque, exfuncionario de la empresa Seguroexpo de Colombia S.A.; a Gabriel Trujillo Vélez, miembro de Megaproyectos S.A.; Cesar Jaramillo Gutiérrez, fundador de Conalvías y el padre de Andrés Jaramillo, otro salpicado en el carrusel. y a Luis Hernando Villalobos Sabogal, un reconocido contratista de Bogotá quien, además de resultar salpicado en este escándalo, la justicia también lo investiga por supuestas irregularidades en los contratos para los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y los relacionados con alimentación a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
>>Dejan en libertad a Julio Gómez, condenado por el carrusel de la contratación
Otro de los nombres que sobresalen de la decisión del juez de compulsar copias es el del primo del exsenador Bernardo el “Ñoño” Elías, Alberto José Elías Vidal pues, al parecer, habría cobrado un cheque de plata de las coimas que se transaron en el escándalo del carrusel. Según las pruebas que presentó la Fiscalía en el proceso, Elías Vidal recibió $200 millones y, posteriormente, le habría entregado el dinero a Emilio Tapia para que, finalmente, llegara a las cuentas del exalcalde Moreno Rojas. Como esta transacción, el ente investigador presentó documentación de 57 cheques más que ahora pasará a investigar por orden del juez del caso.
El funcionario judicial no detalló cuál serían las responsabilidades de las más de 67 personas que mencionó en su fallo, aclarando que esa es una tarea que debe hacer la Fiscalía con urgencia. Plinio Bustamante, interventor de una de las obras que resultó plagada de irregularidades, también será investigado. Asimismo, el togado le pidió al ente investigador que indague sobre las acciones de los integrantes de las juntas directivas del IDU que trabajaron durante las administraciones locales de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Esta decisión implica que el exalcalde Garzón también será investigado , junto a sus secretarios de Gobierno, Hacienda y Obras Públicas.
>>Álvaro Dávila, condenado por el carrusel de la contratación
Investigaciones en la Judicatura también
El juez Carreño fue incisivo en otra de las decisiones que tomó en este caso: le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que investigue a los abogados que participaron del juicio en contra del exalcalde Moreno “dentro de las respectivas actuaciones, en las que se refleja su actuar dilatorio y temerario”. Durante los más de dos años que duró el proceso, el togado hizo varios llamados de atención pues la defensa del exfuncionario no se presentaba a las diligencias programadas y las audiencias resultaban aplazadas. Mauricio Alarcón, Jorge Arenas y Jairo Enrique Bulla Romero fueron tres de los abogados de Moreno en este expediente.En la sentencia contra el exalcalde, el juez 11 de conocimiento emitió otra orden a la Judicatura: la de investigar a los fiscales que estuvieron detrás de esta investigación. La raíz de esta compulsa de copias son las declaraciones que dieron Miguel Nule y Emilio Tapia sobre la supuesta pérdida en la Fiscalía de un dinero que se entregó para la reparación de las víctimas. En los archivos del ente investigador, en el caso participaron por lo menos cinco fiscales: Martín Moreno, Álvaro Osorio, Ricardo González, Jaime Zetien y Juan Vicente Valbuena.
>>Samuel Moreno: la muerte política de un delfín
Este último aclaró en Blu Radio que, mientras dirigió la investigación, nunca supo de un pago para la reparación de las víctimas. “Es un tema que tiene una muy fácil demostración, pues no existe ningún tipo de consignación o transferencia de dinero por parte de los señores Nule o por parte de alguno de sus abogados para considerarlo pago de indemnización. Su concepción de indemnización tendría que ver con las pólizas suscritas en su momento y por otra parte del dinero representado en las acciones de Enertolima y Enerpereira que fueron incautadas por la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía”, expresó Valbuena.
También hay órdenes contra empresas
La compulsa de copias del juez 11 de conocimiento abarcó también a empresas que resultaron mencionadas por diferentes testigos o en varias pruebas en el caso del exalcalde. La Fiscalía tendrá ahora que cumplir con la orden de verificar si cometieron alguna irregularidad a la hora de firmar contratos y pagar dinero por ellos. Las empresas son: Expogoblal Exhibitions S.A.S.; Sociedad Inmobiliaria Estda S.A.S.; Constructores y Consultores de Ingenieria Limitada; Invercol Limitada, Servicios y Suministros Limitada, V MAS V Proyectos; Productora de Cables S.A.S.; Construcli E.U.; Invermec Limitada; Construcciones Integradas S.A.S.; Constructora Arkgo Limitada; Seguros Colpatria; y el Consorcio Intercol, junto a sus representantes legales.