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La empresa Hupecol Operating Co. demandó a la nación. Quiere más de $83.000 millones como reparación directa por los perjuicios que, en su criterio, causó la cancelación de la licencia que había obtenido para explorar 150 pozos petroleros en la Sierra de La Macarena, a 68 kilómetros de Caño Cristales, “el río de los cinco colores”. Según la compañía estadounidense, la revocatoria del permiso generó $20.881 millones en pérdidas por las inversiones que ya se habían hecho para el proyecto, y $62.177 millones por lucro cesante, razón más que suficiente —en su criterio— para pedirle al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que proteja sus intereses. (Gobierno suspende licencia de explotación petrolera en La Macarena)
De esta manera, la nación comienza a afrontar un pleito multimillonario por cuenta de la decisión de cuidar una de sus reservas naturales más importantes. Una determinación, entre otras, enrevesada, pues se tomó apenas un mes después de que la ANLA le diera luz verde a Hupecol para empezar con la exploración, con la Resolución 286 del 18 de marzo de 2016. De acuerdo con la demanda, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) sabía de las intenciones de Hupecol de ingresar a la zona desde el 26 de julio de 2010. Por eso, sostiene la compañía, su oposición a la iniciativa en 2015 fue incomprensible. (Hupecol dice que no desarrollará su proyecto en la Serranía de La Macarena)
Hupecol sostiene, en su demanda de 60 páginas radicada el 6 de octubre de 2016 y conocida por El Espectador, que hicieron todo el debido proceso para obtener la licencia de exploración en un área entre La Macarena y La Uribe (Meta); que el concepto que presentó Cormacarena, en el que declaró no viable el proyecto exploratorio, llegó por fuera del tiempo establecido por la ley, y que la ANLA revocó la licencia con base en dos solicitudes de revocatoria que no tenían sustentos científicos. Se referían a los recursos radicados por el concejal de La Macarena Pedro Posada y por María Elena Rosas, quienes habían sido aceptados por la ANLA como “terceros intervinientes” en el asunto de esta licencia ambiental.
Una vez la licencia fue revocada, Hupecol recurrió a la firma Petrotech Engineering Ltd. con el fin de establecer cuánto dinero hubiera podido ganar, en caso de hacer las exploraciones. “Hupecol contaba con un potencial de hallazgos de hidrocarburos en el bloque Serranía del orden de 36 millones de barriles recuperables en un caso intermedio, y 150 millones de barriles en el mejor de los casos, lo cual significa un proyecto con ganancias antes de impuestos de entre US$152 millones y US$859 millones. Esto quiere decir que Hupecol debía invertir a lo largo de la vida del proyecto, para extraer de los yacimientos las cantidades antes mencionadas, entre US$229 millones y US$506 millones”, señaló Petrotech.
Por último, Hupecol señaló que la oposición de Cormacarena a la licencia había sido “ostensiblemente extemporánea”, pues durante el tiempo que la ANLA estudió si otorgaba o no el permiso a Hupecol, Cormacarena no la notificó de su postura. No obstante, en abril de 2013, la entidad sí había advertido que, si la ANLA planeaba permitir esta exploración petrolera, debía “determinar todas las medidas necesarias para mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales que se (podían) presentar por llevar a cabo dicha actividad”. Aun así, para Hupecol, el pronunciamiento de Cormacarena no era vinculante, y por eso la ANLA no debió tenerlo en cuenta.
El escándalo
El 14 de abril de 2016, el presidente Juan Manuel Santos informó en su cuenta de Twitter: “Con @GabrielVallejoL (ministro de Ambiente) decidimos suspensión de Res 286 hasta que se garantice protección medioambiental de Caño Cristales y área de influencia”. El mensaje del jefe de Estado era la respuesta al escándalo que había surgido luego de que El Espectador, un día antes, revelara que el Gobierno Nacional había dado su autorización para hacer una exploración petrolera en 150 pozos cerca de una de las joyas ambientales del país localizada en la Serranía de La Macarena.
Autoridades locales, habitantes de la región y Cormacarena criticaron el impacto que este permiso podía tener sobre Caño Cristales y sus alrededores; y el tema, a todas luces sensible, generó tanta presión que en menos de 24 horas de divulgada la noticia, el presidente Santos ya había suspendido la licencia. Cinco horas después del anuncio del primer mandatario, la ANLA expidió la Resolución 424 de 2016, en la cual argumentó que, tras conocer la oposición de Cormacarena al proyecto, se planteaba “un nuevo escenario para el área objeto de licenciamiento”, en el que su prioridad era resguardar el área de protección especial de Caño Cristales. (Crónica de un viaje a Caño Cristales en tiempos de paz)
La ANLA añadió que, con base en un análisis “cartográfico y técnico”, concluía que el proyecto de Hupecol encajaba con los “usos prohibidos” en la zona. Para Hupecol, sin embargo, la versión es otra: le quitaron derechos adquiridos y por eso debe ser indemnizada. La compañía contrató al reconocido bufete Holland & Knight, integrado por más de 1.200 abogados y con sedes en Colombia, México, Reino Unido y Estados Unidos. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que la demanda, en realidad, es apenas un trámite: lo que Hupecol quiere es demandar al país en tribunales internacionales y poner en duda su cumplimiento del TLC, que incluía seguridad jurídica para empresas extranjeras.