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En la página 421 de la decisión del tribunal que declaró nulo el contrato de la Ruta del Sol 2 por estar contaminado con sobornos hay una revelación clave: Odebrecht hizo pagos a periodistas para que le ayudaran a ganar la licitación y para desprestigiar a las otras compañías que se presentaron. Aunque la decisión, que tiene 699 páginas, se conoció el 6 de agosto, los supuestos sobornos a periodistas no se habían divulgado.
Fue Gabriel García Morales, el viceministro de Transporte que firmó en 2009 el contrato con Odebrecht y sus socios colombianos, quien mencionó los supuestos dineros pagados a periodistas cuando declaró ante el tribunal de arbitramento. “Había algunos periodistas muy importantes que apoyaron el contrato de Odebrecht, no solamente a través de una campaña de relaciones públicas, sino también de una campaña de desprestigio a los potenciales competidores”, declaró García ante el tribunal en febrero de 2018. En el Perú, donde Odebrecht sobornó a varios presidentes, por lo menos dos periodistas reconocieron que la multinacional les dio contratos de asesoría.
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García Morales agregó que no podía dar nombres porque eso hacía parte de su negociación con la Fiscalía, la cual a su vez no ha revelado quiénes fueron los periodistas a sueldo de Odebrecht. Los desembolsos a periodistas ocurrieron hace diez años, cuando Odebrecht junto con Episol, una filial de Corficolombiana del Grupo Aval, y otro socio minoritario, ganaron la licitación a la que también se presentaron la firma OHL y los Nule.
García Morales también contó detalles desconocidos sobre el soborno de US$6.5 millones que recibió en 2010 y que fue el primero de muchos pagados en la Ruta del Sol 2. Luiz Bueno, representante de Odebrecht en Colombia, le ofreció a García Morales una “compensación” el 27 de octubre de 2009 –indicó el exviceministro– si garantizaba que no habría intervenciones indebidas en el contrato. “Digo compensación, porque los términos en que lo refirió eran esos. Yo reconozco que no era más que un soborno disfrazado de una buena expresión”, precisó el exfuncionario del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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La oferta de soborno la hizo Luiz Bueno en Bogotá en el apartamento de un conocido de García Morales, quien actualmente paga una condena a 5 años y 2 meses de prisión. Según relató el exviceminsitro, Bueno también lo amenazó con denunciarlo penalmente por el delito celebración indebida de contratos si no le adjudicaban a Odebrecht la construcción de la carretera. Gabriel García Morales dijo que se reunió clandestinamente con Bueno y le pidió un concepto jurídico que le diera tranquilidad si sacaba de competencia a la firma OHL.
El presidente de Odebrecht en Colombia le pasó a García Morales una lista de abogados de planta y de asesores de Corficolombiana. Según García Morales, él escogió a Hugo Palacios Mejía, exministro de Hacienda y exgerente del Banco de la República. Ese concepto jurídico se lo entregaron al exviceministro en su oficina el mismo día de la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2, el 15 de diciembre de 2009. García Morales sostuvo ante la Fiscalía que Corficolombia fue la que pagó la asesoría de Palacios.
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“Yo quería tener para mi protección, como funcionario público uno siempre se ve sujeto a auditorías de parte de la Contraloría y de la Procuraduría y yo quería tener para futuras investigaciones, en caso de darse, que no se dieron nunca, el apoyo de un concepto jurídico de una persona de grandes calidades”, aseguró García Morales. Un mes antes de la licitación, el gobierno informó a los tres interesados en la Ruta del Sol 2 que debían subsanar algunos errores en las propuestas. Luiz Bueno lo tomó como una amenaza.
“Así que llega a mi oficina (Luiz Bueno) y me dice que yo estoy poniendo en riesgo, no solamente las inversiones y gastos que ellos han hecho en materia del lobby, sino que además estoy poniendo en riesgo unos aportes a la campaña de Santos Presidente, a lo cual ellos se habían comprometido como resultado de dicha adjudicación”, declaró García Morales, quien agregó que el soborno de Odebrecht fue una respuesta al miedo que tenía la multinacional de que los otros dos licitantes hubiesen pagado coimas.
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Por eso, sostuvo ante el tribunal de arbitramento: “lo que se me pidió fue que fuera garante de que se diera la adjudicación en los términos de los pliegos y de la ley. Nuevamente insisto en que lo que se me dijo fue que tenían mucho temor de que hubiese intervenciones de terceros. En otras palabras, ellos (Odebrecht) estaban pensando que había otras firmas que estaban haciendo lo mismo que ellos. Para ganar la licitación la verdad es que no tenían necesidad de pagar”, agregó.
Gabriel García Morales también reveló ante el tribunal que una vez iniciado el proceso penal en su contra supo que una empresa relacionada con Corficolombiana hizo un giro a la Banca Privada de Andorra, presuntamente, para devolver el porcentaje de los sobornos que les correspondía asumir. “Esa información la dio un empleado de Corficolombiana o de Episol a la Fiscalía”, añadió. Sin embargo, Corficolombiana niega haber participado o conocido de los sobornos pagados por Odebrecht. El abogado de la Concesionaria Ruta del Sol afirmó ante el tribunal de arbitramento que “el ilícito tenía como objetivo clarísimo: evitar que pudieran existir actos corruptos que pudieran afectar el conducto normal y regular del proceso”. Es decir, era un delito para vacunarse contra otros delitos.
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Otro detalle desconocido es el pago tardío del soborno. Sin haber recibido un peso de la coima, Gabriel García Morales firmó en diciembre de 2009 el contrato con la alianza Odebrecht-Episol, que controlaba el 95% de la Concesionaria Ruta del Sol 2. “Cuando firmé el contrato no había recibido nada, no tenía ninguna garantía, ni documentos ni pagarés, pero sí había la expectativa de recibir un soborno a futuro”, según García Morales, quien hasta llegó a pensar que le habían puesto conejo.
Odebrecht empezó a pagar las comisiones en marzo de 2010 en seis giros a cuentas de un amigo de infancia del exviceministro, Enrique Ghisays Manzur, hoy condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Uno de los argumentos de la Concesionaria Ruta del Sol en el tribunal de arbitramento es que el pago era prueba de que el contrato no tuvo como causa el soborno, y por lo tanto no debía ser declarado nulo por objeto ilícito, pues las coimas se pagaron tiempo después de la adjudicación.
Finalmente, el tribunal de arbitramento negó los argumentos de la concesionaria y anuló el contrato por objeto ilícito. Además, fue severo con Odebrecht, empresa a la que calificó de ser “una organización que dejó de ser de carácter empresarial para actuar como organización criminal en la ejecución de un plan de sobornos”.
El tribunal contrató como perito a una firma española, la cual concluyó que no fueron atendidas las recomendaciones de investigar los sobornos planteadas en 2016 y 2017 por parte del auditor de la concesionaria, Carlos Emilio Moreno Sánchez, quien en su momento solicitó contratar asesores legales externos y especialistas en investigaciones forenses.
Catalina Hoyos Jiménez, una de los tres árbitros, confirmó esa conclusión cuando le preguntó a Vanessa Garay Guzmán, gerente de Episol, qué sabía de los contratos ficticios encontrados por la Fiscalía en la concesionaria Ruta del Sol 2. Garay contestó que solamente conocía lo divulgado en los medios de comunicación.
Por esa razón, el tribunal culpó a Episol de no vigilar los gastos que hacía el consorcio: “El tribunal encontró que en la práctica Episol no tenía funcionarios lo suficientemente independientes para asumir sus propias responsabilidades pues, curiosamente, como lo relata el señor Millán, al parecer se encontró en la figura de José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, no de Episol, la persona en la que se descargó la responsabilidad”. Las irregularidades en los contratos ficticios o simulados de la concesionaria también fueron descubiertas por Jorge Enrique Pizano, controller de la Concesionaria Ruta del Sol, por lo que el tribunal indicó que “sus advertencias (tampoco) fueron atendidas”.
El tribunal de arbitramento consideró “increíble” que Corficolombiana, una compañía que recibe recursos captados del público, hubiera nombrado un auditor como Pizano sin darle un equipo de trabajo. Por eso, el laudo criticó a Episol: “el tribunal encuentra que el carácter minoritario de Episol no la eximía de asumir obligaciones basadas, como mínimo, en la prudencia, la buena fe y la confianza depositada en ella por parte de terceros de buena fe”. Episol participaba en el negocio con el 33%, mientras que Odebrecht tenía el 62%.
La crítica incluyó al Grupo Aval: “Para el tribunal, que una empresa que pertenece a un Grupo que cotiza en el mercado de valores colombiano y estadounidense, se ampare en su condición de minoritaria para liberarse de las responsabilidades de este caso, no es aceptable”. Desde que estalló el escándalo de los sobornos en diciembre de 2016, el Grupo Aval ha sostenido que no llevaba la batuta del consorcio y que en algunas ocasiones no tenía acceso a la información por ser el socio minoritario.
En su laudo, el tribunal de arbitramento dejó claro que gran parte de los recursos de la Concesionaria Ruta del Sol se pagaron sobornos: “Aquí no solo hubo fondeo de delitos y repartición de excedentes de liquidez con cargo a recursos públicos y provenientes del ahorro público, sino que hubo unas conductas delictuales por las que se hubiera esperado recibir respuestas que reflejaran la asunción de responsabilidades y que estuvieran no solo a la altura de los hechos, sino de los implicados y, sobre todo, de los perjudicados”.