Piden a la CPI investigar crímenes de defensores de derechos humanos

Ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) fue presentada una petición que pide investigar las amenazas, asesinatos y estigmatizaciones a defensores de derechos humanos ocurridos en los últimos cuatro periodos presidenciales, como un crimen de lesa humanidad. La petición fue presentada por el Centro Europeo para los Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.

La comunicación señala que, entre el primero de noviembre del 2002 hasta noviembre de 2017, según cifras del Programa Somos Defensores, se habían asesinado a 610 defensores, y más de 4.300 habían sido víctimas de ataques. Además, advierte la existencia de supuestos patrones en los crímenes que permitían concluir que tienen un carácter sistemático, que es uno de los requisitos para el reconocimiento de la esa humanidad.

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El documento da cuenta de una supuesta impunidad, por falta de condenas en firme de los responsables. Y señala que en los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo estigmatizaciones a los defensores de derechos humanos, mientras que en los dos mandatos de Juan Manuel Santos se caracterizarían por casos cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). “La característica común es la inoperancia de la justicia en la cual la Fiscalía General de la Nación juega un papel crucial y se hace corresponsable cuando no investiga patrones ni a quienes se benefician de estos crímenes”, indicaron las organizaciones.

Se explicó que, si este caso se admite, la CPI entraría a juzgar a todos los funcionarios responsables -por acción y omisión- en estos crímenes hasta las más altas instancia. Luis Guillermo Pérez, integrante del Colectivo de Abogados señaló que habría una sistematicidad por falta de acción del Estado. “La Fiscalía no investiga quien podría beneficiarse del asesinato, del desplazamiento, de la amenaza a un defensor de derechos humanos. Va a buscar al sicario y no, hay que investigar los intereses y los patrones”, señaló.

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Entre los casos incluidos en la comunicación está el de Soraya Gutiérrez Argüello, abogada defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo, quien fue víctima de un atentado, amenazada y víctima de tortura psicológica.  “Soraya sufre amenazas contra su vida, contra la vida de su hija -con una muñeca descuartizada, quemada- sufre desplazamiento forzada. Es uno de los casos emblemáticos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS”, señaló Pérez.

Otro caso es el de Mario Castro Bueno, defensor de derechos humanos del Meta detenido, desaparecido y asesinado por paramilitares en 2002; y los de Orlando Valencia y Manuel Ruiz, líderes de la comunidad de Jiguamiandó y Curvaradó asesinados en 2005 y 2012 respectivamente por paramilitares. Se incluyó igualmente el caso de Ana Teresa Yarce, defensora de derechos humanos de la Comuna 13 de Medellín quien fue detenida arbitrariamente y asesinada por paramilitares.

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A estos casos, se suman el de Luis Miguel Porto defensor de derechos humanos de los Montes de María, en Sucrem asesinado en 2007; el de Miguel Ángel González Gutiérrez, integrante de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, asesinado en 2008 por integrantes del Ejército Nacional y presentado como guerrillero, entre otros.

Ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) fue presentada una petición que pide investigar las amenazas, asesinatos y estigmatizaciones a defensores de derechos humanos ocurridos en los últimos cuatro periodos presidenciales, como un crimen de lesa humanidad. La petición fue presentada por el Centro Europeo para los Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.

La comunicación señala que, entre el primero de noviembre del 2002 hasta noviembre de 2017, según cifras del Programa Somos Defensores, se habían asesinado a 610 defensores, y más de 4.300 habían sido víctimas de ataques. Además, advierte la existencia de supuestos patrones en los crímenes que permitían concluir que tienen un carácter sistemático, que es uno de los requisitos para el reconocimiento de la esa humanidad.

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El documento da cuenta de una supuesta impunidad, por falta de condenas en firme de los responsables. Y señala que en los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo estigmatizaciones a los defensores de derechos humanos, mientras que en los dos mandatos de Juan Manuel Santos se caracterizarían por casos cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). “La característica común es la inoperancia de la justicia en la cual la Fiscalía General de la Nación juega un papel crucial y se hace corresponsable cuando no investiga patrones ni a quienes se benefician de estos crímenes”, indicaron las organizaciones.

Se explicó que, si este caso se admite, la CPI entraría a juzgar a todos los funcionarios responsables -por acción y omisión- en estos crímenes hasta las más altas instancia. Luis Guillermo Pérez, integrante del Colectivo de Abogados señaló que habría una sistematicidad por falta de acción del Estado. “La Fiscalía no investiga quien podría beneficiarse del asesinato, del desplazamiento, de la amenaza a un defensor de derechos humanos. Va a buscar al sicario y no, hay que investigar los intereses y los patrones”, señaló.

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Entre los casos incluidos en la comunicación está el de Soraya Gutiérrez Argüello, abogada defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo, quien fue víctima de un atentado, amenazada y víctima de tortura psicológica.  “Soraya sufre amenazas contra su vida, contra la vida de su hija -con una muñeca descuartizada, quemada- sufre desplazamiento forzada. Es uno de los casos emblemáticos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS”, señaló Pérez.

Otro caso es el de Mario Castro Bueno, defensor de derechos humanos del Meta detenido, desaparecido y asesinado por paramilitares en 2002; y los de Orlando Valencia y Manuel Ruiz, líderes de la comunidad de Jiguamiandó y Curvaradó asesinados en 2005 y 2012 respectivamente por paramilitares. Se incluyó igualmente el caso de Ana Teresa Yarce, defensora de derechos humanos de la Comuna 13 de Medellín quien fue detenida arbitrariamente y asesinada por paramilitares.

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A estos casos, se suman el de Luis Miguel Porto defensor de derechos humanos de los Montes de María, en Sucrem asesinado en 2007; el de Miguel Ángel González Gutiérrez, integrante de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, asesinado en 2008 por integrantes del Ejército Nacional y presentado como guerrillero, entre otros.