Predios del exmagistrado Jorge Pretelt y su esposa fueron restituidos a campesinos
El Tribunal Superior de Medellín resolvió uno de los casos pendientes más importantes que tenía: la demanda de restitución de tierras en el Urabá que dos campesinos presentaron en contra del exintegrante de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y su esposa, la exfuncionaria de la Procuraduría Martha Ligia Patrón. Pretelt y Patrón fueron los vencidos.
Diana Durán Núñez / @dicaduran
La hacienda La Corona, de 112 hectáreas, fue hasta esta semana propiedad del cuestionado exmagistrado Jorge Pretelt. La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Medellín falló en favor de Reynaldo Villalba Alarcón y de los sucesores de Manuel Gregorio Hernández, dos campesinos que, hace más de cuatro años, presentaron una demanda en la que reclamaron que esas tierras eran de ellos, pero que resultaron vendiéndolas a la fuerza por la presencial de grupos armados en la región. Según el fallo, a sus predios sí lo rodearon circunstancias violentas y, a raíz de ellas, los demandantes los perdieron. (En contexto: La demanda por despojo de tierras contra Pretelt)
El Espectador conoció la parte resolutiva del fallo, en la cual se señala que no se acogieron los argumentos que planteó el exmagistrado para explicar cómo compró las tierras cuestionadas. "Al no haber demostrado haber actuado de buena fe exenta de culpa al momento de adquirir los predios aquí reclamados no resulta beneficiario de compensación alguna", manifestó el Tribunal, el cual, de paso, negó la "condición de segundo ocupante" a Pretelt. En el fallo se lee que tampoco se reconoce la compensación que pidió Davivienda, el banco que les hizo el préstamo a los esposos Pretelt Patrón para comprar las tierras.
Se declaró también la "nulidad absoluta de los negocios jurídicos contenidos en las escrituras" con las que se hicieron las transacciones de compraventa. Las notarías Segunda y Tercera de Montería tienen 10 días para corregir las anotaciones respectivas. El Tribunal ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía de Antioquia y de Turbo apoyar "la diligencia de entrega material" de los predios y diseñar un esquema especial de seguridad para los reclamantes y sus familias, quienes también deberán ser evaluados por si necesitan apoyo psicosocial. Todos deberán ser incluidos en los registros de la Unidad de Víctimas y, además, recibir asesoría del Estado para implementar algún proyecto productivo.
La historia de esta disputa
La historia de La Corona es una que reúne presiones de grupo paramilitares y transacciones poco claras que terminaron poniendo las tierras en manos de Martha Ligia Patrón, la esposa del exmagistrado Pretelt. La hacienda, compuesta por cuatro fincas, está ubicada en la vereda Puya Arriba, del corregimiento San José de Mulatos en el municipio de Turbo (Antioquia), pleno corazón del Urabá. Dos de esos cuatro predios, las fincas No Hay Como Dios y Alto Bonito, son el centro de este lío que comenzó hace más de 10 años, cuando la Fiscalía dio a conocer que existía un expediente por la compra irregular de los predios.En esa investigación reposaban declaraciones del comandante paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, hombre cercano a los hermanos Castaño (especialmente a Vicente Castaño). Él contó cómo un emisario suyo, Evelio Díaz, alias el Burro, fue el encargado de presionar a campesinos en el Urabá y despojarlos de sus tierras. La Fiscalía vinculó al caso a la esposa del exmagistrado en marzo de 2015 y le compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigaran a Pretelt.
(Le puede interesar: A juicio de restitución de tierras las fincas del magistrado Pretelt)
El origen de este expediente fueron una serie de denuncias que interpusieron los reclamantes Manuel Gregorio Hernández Soto y Reynaldo Pascual Villalba Alarcón. El primero, un hombre de más de 85 años que murió en 2013 luchando por recuperar su propiedad, adquirió la finca Alto Bonito el 13 de julio de 1987, que además denunció con su puño y letra que el 11 de agosto de 2003 le vendió su propiedad a Martha Ligia Patrón por un precio irrisorio: $5 millones. La finca terminó en manos de Pretelt, luego de que su esposa se la “vendiera” en $19 millones en 2005.
Fue hasta 2009 cuando Manuel Hernández se presentó ante una Fiscalía en Montería para denunciar los hechos. Precisó que el 4 de enero de 2002 salió desplazado de la zona por la presión paramilitar y que, por esa época, Pretelt preguntó por él a algunos de sus familiares. Agregó que terceras personas, una de ellas identificada como Teófilo Hernández, indagaban si él estaba intentando recuperar la finca Alto Bonito. Ese último nombre, Teófilo Hernández, también sale nombrado en las denuncias que interpuso Reynaldo Villalba entre 2009 y 2011 por desplazamiento forzado.
(Le puede interesar: La encrucijada de la política de restitución de tierras)
Villalba le dijo a las autoridades que era propietario de la finca No Hay Como Dios, pero que el 12 de marzo de 1992 tuvo que salir corriendo de la región porque hasta su casa llegó un grupo de paramilitares que le dijeron que su única opción era vender las tierras, o ellos le “compraban a la viuda”. Asimismo, que dos años después de este suceso, hasta su casa en Montería llegaron Teófilo Hernández y un hombre llamado Evelio Díaz, alias el Burro, el hombre que trabajaba bajo órdenes de Monoleche.
Villalba señaló que terminó vendiéndoles a los dos hombres la finca a un precio muy por debajo de lo que él pedía, luego de que el Burro lo amenazara de muerte. "No Hay Como Dios" terminó en manos de Martha Ligia Patrón el 7 de junio de 2000, luego de que el Burro se la vendiera. Tras las denuncias de Villalba, la Fiscalía indagó sobre el tema y le preguntó a Monoleche sobre el caso el 6 de octubre de 2011 en una diligencia de versión libre.
El exparamilitar contestó que el caso era muy bueno, “porque, incluso, estas tierras que estamos hablando son aproximadamente de unas 1.500 o 1.000 hectáreas, hoy en día creo que son de un magistrado (...) señor fiscal tendrá que sentarse el señor magistrado Jorge Pretelt con usted para contarle cómo compró las tierras, pero (de) lo que estoy seguro es que este señor nunca compró las tierras bajo presión ni con grupos armados en esa región y es dueño hoy en día, tengo entendido de esas tierras que está reclamando esta víctima. De todas maneras esto va a ser muy importante”.
El exmagistrado Pretelt fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año pasado. Según la decisión, el magistrado pidió $500 millones para incidir en una tutela de empresa Fidupetrol cuando era magistrado de la Corte Constitucional. La condena impuesta es de 6 años y 6 meses de cárcel, pero el exmagistrado, quien ha reiterado su inocencia, apeló la decisión.
Nota de la Editora: este diario informó inicialmente que la finca del exmagistrado Pretelt tenía más de 240 hectáreas. Hacemos la corrección: son 112 hectáreas.
La hacienda La Corona, de 112 hectáreas, fue hasta esta semana propiedad del cuestionado exmagistrado Jorge Pretelt. La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Medellín falló en favor de Reynaldo Villalba Alarcón y de los sucesores de Manuel Gregorio Hernández, dos campesinos que, hace más de cuatro años, presentaron una demanda en la que reclamaron que esas tierras eran de ellos, pero que resultaron vendiéndolas a la fuerza por la presencial de grupos armados en la región. Según el fallo, a sus predios sí lo rodearon circunstancias violentas y, a raíz de ellas, los demandantes los perdieron. (En contexto: La demanda por despojo de tierras contra Pretelt)
El Espectador conoció la parte resolutiva del fallo, en la cual se señala que no se acogieron los argumentos que planteó el exmagistrado para explicar cómo compró las tierras cuestionadas. "Al no haber demostrado haber actuado de buena fe exenta de culpa al momento de adquirir los predios aquí reclamados no resulta beneficiario de compensación alguna", manifestó el Tribunal, el cual, de paso, negó la "condición de segundo ocupante" a Pretelt. En el fallo se lee que tampoco se reconoce la compensación que pidió Davivienda, el banco que les hizo el préstamo a los esposos Pretelt Patrón para comprar las tierras.
Se declaró también la "nulidad absoluta de los negocios jurídicos contenidos en las escrituras" con las que se hicieron las transacciones de compraventa. Las notarías Segunda y Tercera de Montería tienen 10 días para corregir las anotaciones respectivas. El Tribunal ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía de Antioquia y de Turbo apoyar "la diligencia de entrega material" de los predios y diseñar un esquema especial de seguridad para los reclamantes y sus familias, quienes también deberán ser evaluados por si necesitan apoyo psicosocial. Todos deberán ser incluidos en los registros de la Unidad de Víctimas y, además, recibir asesoría del Estado para implementar algún proyecto productivo.
La historia de esta disputa
La historia de La Corona es una que reúne presiones de grupo paramilitares y transacciones poco claras que terminaron poniendo las tierras en manos de Martha Ligia Patrón, la esposa del exmagistrado Pretelt. La hacienda, compuesta por cuatro fincas, está ubicada en la vereda Puya Arriba, del corregimiento San José de Mulatos en el municipio de Turbo (Antioquia), pleno corazón del Urabá. Dos de esos cuatro predios, las fincas No Hay Como Dios y Alto Bonito, son el centro de este lío que comenzó hace más de 10 años, cuando la Fiscalía dio a conocer que existía un expediente por la compra irregular de los predios.En esa investigación reposaban declaraciones del comandante paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, hombre cercano a los hermanos Castaño (especialmente a Vicente Castaño). Él contó cómo un emisario suyo, Evelio Díaz, alias el Burro, fue el encargado de presionar a campesinos en el Urabá y despojarlos de sus tierras. La Fiscalía vinculó al caso a la esposa del exmagistrado en marzo de 2015 y le compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigaran a Pretelt.
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El origen de este expediente fueron una serie de denuncias que interpusieron los reclamantes Manuel Gregorio Hernández Soto y Reynaldo Pascual Villalba Alarcón. El primero, un hombre de más de 85 años que murió en 2013 luchando por recuperar su propiedad, adquirió la finca Alto Bonito el 13 de julio de 1987, que además denunció con su puño y letra que el 11 de agosto de 2003 le vendió su propiedad a Martha Ligia Patrón por un precio irrisorio: $5 millones. La finca terminó en manos de Pretelt, luego de que su esposa se la “vendiera” en $19 millones en 2005.
Fue hasta 2009 cuando Manuel Hernández se presentó ante una Fiscalía en Montería para denunciar los hechos. Precisó que el 4 de enero de 2002 salió desplazado de la zona por la presión paramilitar y que, por esa época, Pretelt preguntó por él a algunos de sus familiares. Agregó que terceras personas, una de ellas identificada como Teófilo Hernández, indagaban si él estaba intentando recuperar la finca Alto Bonito. Ese último nombre, Teófilo Hernández, también sale nombrado en las denuncias que interpuso Reynaldo Villalba entre 2009 y 2011 por desplazamiento forzado.
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Villalba le dijo a las autoridades que era propietario de la finca No Hay Como Dios, pero que el 12 de marzo de 1992 tuvo que salir corriendo de la región porque hasta su casa llegó un grupo de paramilitares que le dijeron que su única opción era vender las tierras, o ellos le “compraban a la viuda”. Asimismo, que dos años después de este suceso, hasta su casa en Montería llegaron Teófilo Hernández y un hombre llamado Evelio Díaz, alias el Burro, el hombre que trabajaba bajo órdenes de Monoleche.
Villalba señaló que terminó vendiéndoles a los dos hombres la finca a un precio muy por debajo de lo que él pedía, luego de que el Burro lo amenazara de muerte. "No Hay Como Dios" terminó en manos de Martha Ligia Patrón el 7 de junio de 2000, luego de que el Burro se la vendiera. Tras las denuncias de Villalba, la Fiscalía indagó sobre el tema y le preguntó a Monoleche sobre el caso el 6 de octubre de 2011 en una diligencia de versión libre.
El exparamilitar contestó que el caso era muy bueno, “porque, incluso, estas tierras que estamos hablando son aproximadamente de unas 1.500 o 1.000 hectáreas, hoy en día creo que son de un magistrado (...) señor fiscal tendrá que sentarse el señor magistrado Jorge Pretelt con usted para contarle cómo compró las tierras, pero (de) lo que estoy seguro es que este señor nunca compró las tierras bajo presión ni con grupos armados en esa región y es dueño hoy en día, tengo entendido de esas tierras que está reclamando esta víctima. De todas maneras esto va a ser muy importante”.
El exmagistrado Pretelt fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año pasado. Según la decisión, el magistrado pidió $500 millones para incidir en una tutela de empresa Fidupetrol cuando era magistrado de la Corte Constitucional. La condena impuesta es de 6 años y 6 meses de cárcel, pero el exmagistrado, quien ha reiterado su inocencia, apeló la decisión.
Nota de la Editora: este diario informó inicialmente que la finca del exmagistrado Pretelt tenía más de 240 hectáreas. Hacemos la corrección: son 112 hectáreas.