Presos comienzan a recurrir a tutelas para protegerse de la COVID-19

Ómar Camargo Almanza hace parte de esa gran mayoría de población carcelaria que no podrá aplicar a detención domiciliaria en la coyuntura de la pandemia por el nuevo coronavirus. Según el decreto de excarcelación que recientemente profirió el Gobierno (546 de 2020), condenado como está por estafa, fraude procesal y falsedad en documento público, hubiera podido recuperar su libertad. Pero Camargo Almanza, capturado en diciembre de 2015, aceptó cargos también por uno de los delitos que en el decreto quedaron excluidos del beneficio: concierto para delinquir. (El nuevo coronavirus llega a una tercera cárcel: la de Florencia, Caquetá)

La Fiscalía lo señaló de ser el jefe de Los Despojadores, cuyo negocio era ubicar predios desocupados entre Bogotá y Meta y venderlos a espaldas de sus propietarios legítimos. Así terminó condenado a siete años tras las rejas, en la cárcel de Villavicencio, lugar donde se contagió de COVID-19. Él es una de las 25 personas que se han enfermado en ese centro penitenciario, además de los tres compañeros de celda que ya murieron por la misma razón. Camargo Almanza, diagnosticado con diabetes tipo 2 y problemas de tensión -justo las dolencias que podrían agravar fácilmente una COVID-19-, no quiere correr la misma suerte.

Con una tutela, radicada ante el Tribunal Superior de Villavicencio, Camargo Almanza le suplicó a la justicia que hiciera algo para proteger su vida. Pidió casa por cárcel, por el nuevo coronavirus y por el hacinamiento que padece la cárcel de Villavicencio del 98 %, pero el Tribunal, le contestó que ese no era el camino: “Corresponde pronunciarse sobre el particular al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que vigila la condena, quien deberá analizar su procedencia, de conformidad con las causales y el breve procedimiento contemplado por el Decreto Legislativo 546 de 2020”. ("Romaña", el desertor del Acuerdo de Paz al que siguen buscando las autoridades)

A lo que el Tribunal sí prestó atención con cuidado fue a la historia clínica de Camargo Almanza, quien además sufre de insuficiencia renal crónica. “Sobre el particular, debe señalarse que es evidente que resulta necesario y urgente salvaguardar, no solo los derechos fundamentales a la salud y vida de Camargo Almanza, sino además los de la población carcelaria y el personal administrativo y de seguridad del establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio”, decretó el juez de tutela, que calificó el panorama de la mencionada cárcel como “un ostensible riesgo de contagio”.

Según el tribunal, no solo la vida de este hombre corre peligro, sino también la de los demás reclusos y el personal de custodia y administrativo que allí trabaja. Señaló, incluso, que hay un riesgo inminente de contagio para la comunidad, pues “recientemente han recobrado la libertad varias internos del centro carcelario, sin que se hubiesen practicado pruebas para establecer su situación de salud”. Así lo recalcó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien ayer domingo confirmó que en la cárcel de Villavicencio había cinco nuevos casos de COVID-19, alcanzando la cifra de 25 personas contagiadas.

Dado el alcance del virus, el Tribunal asumió que su decisión no podía competer solamente al tutelante, Ómar Camargo Almanza: “Mal haría esta magistratura en circunscribir su decisión sobre la medida solicitada a la situación del actor, cuando está inescindiblemente vinculada con las condiciones de salubridad pública del centro carcelario”. Camargo Almanza había pedido que, si la domiciliaria no era posible para él, entonces fuera trasladado al hospital que esté asociado con su EPS. El Tribunal, en respuesta, dejó una orden para el director de la prisión metense y la EPS a la que está afiliado este preso. (Desde la cárcel de Villavicencio piden ayuda por COVID-19 “antes que sea demasiado tarde”)

Esa orden involucra también a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL (personas privadas de la libertad) 2019 y a las Secretarías de Salud de Villavicencio y del Meta: efectuar “el aislamiento preventivo de Ómar Lorenzo Camargo Almanza en condiciones dignas y acorde con los protocolos médicos y de seguridad carcelaria requeridos, a efecto de evitar la propagación del virus en dicho centro carcelario”, dotarlo de elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes y jabón o alcohol y darle la atención integral que ordenen los profesionales de la salud.

En línea con lo que el propio Tribunal estableció, la medida no cubre solo a Camargo Almanza. El aislamiento, dice el fallo, “debe extenderse a todos los reclusos que se encuentren en la misma situación” en las mismas condiciones establecidas para el tutelante. En la misma tutela, el Tribunal ordenó al Instituto Nacional de Salud agilizar los resultados de las pruebas que se han practicado en la cárcel de Villavicencio y, asimismo, le dijo al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 que proveyera “en el menor tiempo posible” los insumos para la toma de muestras de internos y funcionarios de la prisión. (Con donaciones y contratación, Inpec trata de afrontar la COVID-19 en cárcel de Villavicencio)

“Las entidades destinatarias de las órdenes que se adoptan como medida provisional en el presente trámite constitucional deberán allegar en el término improrrogable de tres (3) días contados a partir de la comunicación de la presente decisión, un informe detallado sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas en lo que les compete”. El fallo se profirió el pasado 17 de abril, lo que quiere decir que, mientras se realizan las notificaciones, y teniendo en cuenta que contra la decisión no hay recurso que proceda, ese informe debería estar listo la otra semana.

El tema de la cárcel de Villavicencio es dramático. En 10 días pasó de cero a 28 casos confirmados y, para rematar, reclusos trasladados desde este centro penitenciario se volvieron portadores el virus y lo llevaron a otras cárceles del país, en las cuales se habían prohibido las visitas desde el pasado 12 de marzo para esquivar ese escenario. Por esa vía, este fin de semana se supo que hay dos personas contagiadas en La Picota y una en Florencia, Caquetá. Las paupérrimas condiciones en que las prisiones de Colombia llevan décadas sumidas, más esta inesperada pandemia, se convirtieron una bomba de tiempo para el gobierno Duque.

Ómar Camargo Almanza hace parte de esa gran mayoría de población carcelaria que no podrá aplicar a detención domiciliaria en la coyuntura de la pandemia por el nuevo coronavirus. Según el decreto de excarcelación que recientemente profirió el Gobierno (546 de 2020), condenado como está por estafa, fraude procesal y falsedad en documento público, hubiera podido recuperar su libertad. Pero Camargo Almanza, capturado en diciembre de 2015, aceptó cargos también por uno de los delitos que en el decreto quedaron excluidos del beneficio: concierto para delinquir. (El nuevo coronavirus llega a una tercera cárcel: la de Florencia, Caquetá)

La Fiscalía lo señaló de ser el jefe de Los Despojadores, cuyo negocio era ubicar predios desocupados entre Bogotá y Meta y venderlos a espaldas de sus propietarios legítimos. Así terminó condenado a siete años tras las rejas, en la cárcel de Villavicencio, lugar donde se contagió de COVID-19. Él es una de las 25 personas que se han enfermado en ese centro penitenciario, además de los tres compañeros de celda que ya murieron por la misma razón. Camargo Almanza, diagnosticado con diabetes tipo 2 y problemas de tensión -justo las dolencias que podrían agravar fácilmente una COVID-19-, no quiere correr la misma suerte.

Con una tutela, radicada ante el Tribunal Superior de Villavicencio, Camargo Almanza le suplicó a la justicia que hiciera algo para proteger su vida. Pidió casa por cárcel, por el nuevo coronavirus y por el hacinamiento que padece la cárcel de Villavicencio del 98 %, pero el Tribunal, le contestó que ese no era el camino: “Corresponde pronunciarse sobre el particular al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que vigila la condena, quien deberá analizar su procedencia, de conformidad con las causales y el breve procedimiento contemplado por el Decreto Legislativo 546 de 2020”. ("Romaña", el desertor del Acuerdo de Paz al que siguen buscando las autoridades)

A lo que el Tribunal sí prestó atención con cuidado fue a la historia clínica de Camargo Almanza, quien además sufre de insuficiencia renal crónica. “Sobre el particular, debe señalarse que es evidente que resulta necesario y urgente salvaguardar, no solo los derechos fundamentales a la salud y vida de Camargo Almanza, sino además los de la población carcelaria y el personal administrativo y de seguridad del establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio”, decretó el juez de tutela, que calificó el panorama de la mencionada cárcel como “un ostensible riesgo de contagio”.

Según el tribunal, no solo la vida de este hombre corre peligro, sino también la de los demás reclusos y el personal de custodia y administrativo que allí trabaja. Señaló, incluso, que hay un riesgo inminente de contagio para la comunidad, pues “recientemente han recobrado la libertad varias internos del centro carcelario, sin que se hubiesen practicado pruebas para establecer su situación de salud”. Así lo recalcó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien ayer domingo confirmó que en la cárcel de Villavicencio había cinco nuevos casos de COVID-19, alcanzando la cifra de 25 personas contagiadas.

Dado el alcance del virus, el Tribunal asumió que su decisión no podía competer solamente al tutelante, Ómar Camargo Almanza: “Mal haría esta magistratura en circunscribir su decisión sobre la medida solicitada a la situación del actor, cuando está inescindiblemente vinculada con las condiciones de salubridad pública del centro carcelario”. Camargo Almanza había pedido que, si la domiciliaria no era posible para él, entonces fuera trasladado al hospital que esté asociado con su EPS. El Tribunal, en respuesta, dejó una orden para el director de la prisión metense y la EPS a la que está afiliado este preso. (Desde la cárcel de Villavicencio piden ayuda por COVID-19 “antes que sea demasiado tarde”)

Esa orden involucra también a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL (personas privadas de la libertad) 2019 y a las Secretarías de Salud de Villavicencio y del Meta: efectuar “el aislamiento preventivo de Ómar Lorenzo Camargo Almanza en condiciones dignas y acorde con los protocolos médicos y de seguridad carcelaria requeridos, a efecto de evitar la propagación del virus en dicho centro carcelario”, dotarlo de elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes y jabón o alcohol y darle la atención integral que ordenen los profesionales de la salud.

En línea con lo que el propio Tribunal estableció, la medida no cubre solo a Camargo Almanza. El aislamiento, dice el fallo, “debe extenderse a todos los reclusos que se encuentren en la misma situación” en las mismas condiciones establecidas para el tutelante. En la misma tutela, el Tribunal ordenó al Instituto Nacional de Salud agilizar los resultados de las pruebas que se han practicado en la cárcel de Villavicencio y, asimismo, le dijo al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 que proveyera “en el menor tiempo posible” los insumos para la toma de muestras de internos y funcionarios de la prisión. (Con donaciones y contratación, Inpec trata de afrontar la COVID-19 en cárcel de Villavicencio)

“Las entidades destinatarias de las órdenes que se adoptan como medida provisional en el presente trámite constitucional deberán allegar en el término improrrogable de tres (3) días contados a partir de la comunicación de la presente decisión, un informe detallado sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas en lo que les compete”. El fallo se profirió el pasado 17 de abril, lo que quiere decir que, mientras se realizan las notificaciones, y teniendo en cuenta que contra la decisión no hay recurso que proceda, ese informe debería estar listo la otra semana.

El tema de la cárcel de Villavicencio es dramático. En 10 días pasó de cero a 28 casos confirmados y, para rematar, reclusos trasladados desde este centro penitenciario se volvieron portadores el virus y lo llevaron a otras cárceles del país, en las cuales se habían prohibido las visitas desde el pasado 12 de marzo para esquivar ese escenario. Por esa vía, este fin de semana se supo que hay dos personas contagiadas en La Picota y una en Florencia, Caquetá. Las paupérrimas condiciones en que las prisiones de Colombia llevan décadas sumidas, más esta inesperada pandemia, se convirtieron una bomba de tiempo para el gobierno Duque.