Procurador Carrillo viaja a España a tratar de revivir el caso Inassa

El procurador Fernando Carrillo llega hoy a Madrid con una misión: reactivar las investigaciones del escándalo de corrupción de la Triple A, sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, cuyo socio mayoritario no es el Distrito, como debía serlo, sino la compañía española Inassa, con el 84 % de las acciones. Un dato que adquirió relevancia en el momento en que se empezó a indagar por la red de corrupción que Inassa habría tejido, no sólo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, usando precisamente sus empresas locales para tapar un mal manejo de dineros, supuestamente en favor del Partido Popular (PP), que hoy gobierna España.

El escándalo se destapó en abril del año pasado, cuando 12 altos funcionarios relacionados con Canal de Isabel II fueron detenidos, entre ellos el expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González. La Comunidad de Madrid es la dueña de Canal de Isabel II, su mayor empresa pública, y ésta, a su vez, se expandió en Latinoamérica con Inassa. El origen de todo fue un video que divulgó la Cadena Ser de España, en el cual se veía a González entrando a un sitio junto al expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino con unas bolsas plásticas en las manos. Al salir, ya no llevaban nada.

Según El Mundo de España, un exasesor relacionado con Canal de Isabel II, de nombre José Javier Soler Gallego, declaró que en esas bolsas “sólo había una toalla, una gorrita y crema”. Pero los investigadores del caso, así como los opositores del PP, sospechan que ahí se cargaban fajos de dinero para pagar sobornos y que escenas similares se repitieron en múltiples ocasiones en Colombia y otros países, como República Dominicana, Brasil y Panamá. O se pagaban sobornos para conseguir nuevos contratos o se inflaban los precios de las empresas que adquirían en Suramérica, para cubrir con esos recursos otras movidas non sanctas. Eso, en resumidas cuentas, es lo que se investiga.

(Le puede interesar: Eslabón de Inassa sería extraditado)

En España bautizaron el expediente como Operación Lezo, y en Colombia, señalaron los medios nacionales, prometía convertirse en el siguiente Odebrecht. Sin embargo, para que fuera así se necesitaba descifrar los nexos de corrupción entre Inassa y funcionarios o personajes colombianos. Y eso hasta ahora no ha ocurrido. El caso, además, sufrió un revés en noviembre del año pasado, cuando el fiscal general español, José Manuel Maza, falleció súbitamente durante una asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Fiscalías) en Buenos Aires. Con la muerte de Maza, aseguran fuentes de la Procuraduría, la cooperación judicial española se desvaneció también.

Indagaciones en camino

En el organismo disciplinario, por el contrario, el caso Inassa sigue siendo muy importante y se han establecido cinco líneas de investigación, en aras de desenmarañar la corrupción que esa empresa habría promovido a través de la Triple A de Barranquilla. Para empezar está la capitalización que Inassa realizó con la Triple A: la sociedad barranquillera era 84 % pública, pero terminó siendo el 86 % de Inassa a través de compras de acciones que hoy también se investigan penalmente en España. En Colombia, este mes podrían conocerse decisiones relacionadas con este asunto.

La segunda línea investigativa tiene que ver con una acción popular que se presentó en Barranquilla, precisamente a raíz del proceso de capitalización de Inassa en la Triple A. Con la acción popular, un grupo de ciudadanos pidió que se protegiera la moralidad administrativa con el argumento de que el Distrito de Barranquilla no podía entregar la mayoría de sus acciones a privados. No obstante, han pasado casi ocho años desde que se radicó este recurso y ni siquiera se ha resuelto en primera instancia. La cantidad de veces que el juez que llega a conocer del tema ha sido cambiado es ya incontable y absurda, observan en la Procuraduría.

En tercer lugar aparecen unos subsidios que, como halló el Ministerio Público, se manejaron a través de una bolsa común entre el Distrito de Barranquilla y la Triple A cuando ésta ya le pertenecía a la española Inassa. Barranquilla registra deudas con la Triple A que superan los $40.000 millones, al parecer por manejo de la infraestructura. Lo cual no tendría nada de raro, de no ser porque esa infraestructura es pública. La cuarta línea son los actos de corrupción, que se identifican con la entrega de las bolsas plásticas que hicieran Ignacio González y su mano derecha, Edmundo Rodríguez Sobrino. En la Procuraduría y en la Fiscalía colombianas también sospechan que ahí iba mucho más que gorras y cremas.

Ignacio González se encuentra ahora en un nuevo aprieto judicial, conocido en España como el caso Púnica, que tiene que ver con financiación ilegal del Partido Popular. En cuanto al caso Lezo, González continúa bajo investigación por organización criminal, prevaricación (prevaricato: proferir resoluciones o dictámenes manifiestamente contrarios a la ley), malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental. Al detenido Rodríguez Sobrino, bautizado “el testaferro de Ignacio González” por los medios españoles, también lo siguen investigando, especialmente después de que le incautaran el año pasado 262.000 euros ocultos en un apartamento que estaba a nombre de su hija en un lujoso barrio de Barranquilla.

(Vea: Triple A suspende contrato de asesoría con Inassa)

La última línea de investigación de la Procuraduría tiene que ver con un contrato de asistencia técnica con Inassa que el organismo disciplinario encontró con visos de irregularidades. Cuando el contrato fue descubierto ya se habían ejecutado más de $70.000 millones, a pesar de que no había soportes para ello. El contrato fue suspendido en noviembre pasado, a petición de la Procuraduría, e Inassa, socia mayoritaria de la Triple A, valga recordar, habría recibido ese dinero por asesoría técnica “en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado”. La suspensión del contrato, indicó la Procuraduría, se hizo para evitar una defraudación.

Con respecto a ese contrato, la Procuraduría y la Fiscalía buscan formar equipos técnicos con España, pues en esta investigación está claro que para avanzar necesitan la colaboración de las autoridades de ese país. La muerte del fiscal general José Manuel Maza, creen en Colombia, no puede convertirse en un obstáculo insuperable. El propósito del procurador Fernando Carrillo es ambientar de nuevo la cooperación judicial con el país ibérico, a ver si por fin en Colombia se empiezan a conocer los nombres de las figuras de Barranquilla que, de la mano de hombres como Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, habrían sacado tajada en la feria de sobornos de Inassa.

El procurador Fernando Carrillo llega hoy a Madrid con una misión: reactivar las investigaciones del escándalo de corrupción de la Triple A, sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, cuyo socio mayoritario no es el Distrito, como debía serlo, sino la compañía española Inassa, con el 84 % de las acciones. Un dato que adquirió relevancia en el momento en que se empezó a indagar por la red de corrupción que Inassa habría tejido, no sólo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, usando precisamente sus empresas locales para tapar un mal manejo de dineros, supuestamente en favor del Partido Popular (PP), que hoy gobierna España.

El escándalo se destapó en abril del año pasado, cuando 12 altos funcionarios relacionados con Canal de Isabel II fueron detenidos, entre ellos el expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González. La Comunidad de Madrid es la dueña de Canal de Isabel II, su mayor empresa pública, y ésta, a su vez, se expandió en Latinoamérica con Inassa. El origen de todo fue un video que divulgó la Cadena Ser de España, en el cual se veía a González entrando a un sitio junto al expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino con unas bolsas plásticas en las manos. Al salir, ya no llevaban nada.

Según El Mundo de España, un exasesor relacionado con Canal de Isabel II, de nombre José Javier Soler Gallego, declaró que en esas bolsas “sólo había una toalla, una gorrita y crema”. Pero los investigadores del caso, así como los opositores del PP, sospechan que ahí se cargaban fajos de dinero para pagar sobornos y que escenas similares se repitieron en múltiples ocasiones en Colombia y otros países, como República Dominicana, Brasil y Panamá. O se pagaban sobornos para conseguir nuevos contratos o se inflaban los precios de las empresas que adquirían en Suramérica, para cubrir con esos recursos otras movidas non sanctas. Eso, en resumidas cuentas, es lo que se investiga.

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En España bautizaron el expediente como Operación Lezo, y en Colombia, señalaron los medios nacionales, prometía convertirse en el siguiente Odebrecht. Sin embargo, para que fuera así se necesitaba descifrar los nexos de corrupción entre Inassa y funcionarios o personajes colombianos. Y eso hasta ahora no ha ocurrido. El caso, además, sufrió un revés en noviembre del año pasado, cuando el fiscal general español, José Manuel Maza, falleció súbitamente durante una asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Fiscalías) en Buenos Aires. Con la muerte de Maza, aseguran fuentes de la Procuraduría, la cooperación judicial española se desvaneció también.

Indagaciones en camino

En el organismo disciplinario, por el contrario, el caso Inassa sigue siendo muy importante y se han establecido cinco líneas de investigación, en aras de desenmarañar la corrupción que esa empresa habría promovido a través de la Triple A de Barranquilla. Para empezar está la capitalización que Inassa realizó con la Triple A: la sociedad barranquillera era 84 % pública, pero terminó siendo el 86 % de Inassa a través de compras de acciones que hoy también se investigan penalmente en España. En Colombia, este mes podrían conocerse decisiones relacionadas con este asunto.

La segunda línea investigativa tiene que ver con una acción popular que se presentó en Barranquilla, precisamente a raíz del proceso de capitalización de Inassa en la Triple A. Con la acción popular, un grupo de ciudadanos pidió que se protegiera la moralidad administrativa con el argumento de que el Distrito de Barranquilla no podía entregar la mayoría de sus acciones a privados. No obstante, han pasado casi ocho años desde que se radicó este recurso y ni siquiera se ha resuelto en primera instancia. La cantidad de veces que el juez que llega a conocer del tema ha sido cambiado es ya incontable y absurda, observan en la Procuraduría.

En tercer lugar aparecen unos subsidios que, como halló el Ministerio Público, se manejaron a través de una bolsa común entre el Distrito de Barranquilla y la Triple A cuando ésta ya le pertenecía a la española Inassa. Barranquilla registra deudas con la Triple A que superan los $40.000 millones, al parecer por manejo de la infraestructura. Lo cual no tendría nada de raro, de no ser porque esa infraestructura es pública. La cuarta línea son los actos de corrupción, que se identifican con la entrega de las bolsas plásticas que hicieran Ignacio González y su mano derecha, Edmundo Rodríguez Sobrino. En la Procuraduría y en la Fiscalía colombianas también sospechan que ahí iba mucho más que gorras y cremas.

Ignacio González se encuentra ahora en un nuevo aprieto judicial, conocido en España como el caso Púnica, que tiene que ver con financiación ilegal del Partido Popular. En cuanto al caso Lezo, González continúa bajo investigación por organización criminal, prevaricación (prevaricato: proferir resoluciones o dictámenes manifiestamente contrarios a la ley), malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental. Al detenido Rodríguez Sobrino, bautizado “el testaferro de Ignacio González” por los medios españoles, también lo siguen investigando, especialmente después de que le incautaran el año pasado 262.000 euros ocultos en un apartamento que estaba a nombre de su hija en un lujoso barrio de Barranquilla.

(Vea: Triple A suspende contrato de asesoría con Inassa)

La última línea de investigación de la Procuraduría tiene que ver con un contrato de asistencia técnica con Inassa que el organismo disciplinario encontró con visos de irregularidades. Cuando el contrato fue descubierto ya se habían ejecutado más de $70.000 millones, a pesar de que no había soportes para ello. El contrato fue suspendido en noviembre pasado, a petición de la Procuraduría, e Inassa, socia mayoritaria de la Triple A, valga recordar, habría recibido ese dinero por asesoría técnica “en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado”. La suspensión del contrato, indicó la Procuraduría, se hizo para evitar una defraudación.

Con respecto a ese contrato, la Procuraduría y la Fiscalía buscan formar equipos técnicos con España, pues en esta investigación está claro que para avanzar necesitan la colaboración de las autoridades de ese país. La muerte del fiscal general José Manuel Maza, creen en Colombia, no puede convertirse en un obstáculo insuperable. El propósito del procurador Fernando Carrillo es ambientar de nuevo la cooperación judicial con el país ibérico, a ver si por fin en Colombia se empiezan a conocer los nombres de las figuras de Barranquilla que, de la mano de hombres como Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, habrían sacado tajada en la feria de sobornos de Inassa.