El órgano dirigido por Margarita Cabello cerró definitivamente el proceso disciplinario contra la exministra Karen Abudinen, pues no acreditó ninguna conducta irregular o existencia de responsabilidad en la jefa de cartera del gobierno Duque. Su Ministerio de las TIC, en 2020, permitió que un contratista corrupto, Centros Poblados, se quedara con el anticipo de $70.000 millones de un megacontrato para llevar internet a zonas rurales del país.
Contexto: Procuraduría abre investigación contra la ministra Karen Abudinen
Durante la investigación, no se encontraron pruebas suficientes que evidenciaran que Abudinen hubiera cometido alguna falta disciplinaria en relación con las irregularidades en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, que correspondía a la Unión Temporal Centros Poblados. Además, el Ministerio Público determinó que el análisis de las decisiones tomadas durante su gestión, aunque estaban relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron violaciones a las normas de contratación pública que pudieran implicar responsabilidades disciplinarias para la exministra.
De acuerdo con el artículo 90 del Código Disciplinario Único, un proceso puede ser archivado si se establece que el hecho en cuestión no ocurrió o si no existen pruebas que sustenten la responsabilidad del investigado. En este caso, se concluyó que las acciones atribuidas a Abudinen no eran suficientes para justificar una sanción disciplinaria.
La investigación contra la exministra buscaba determinar posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con los anticipos otorgados en el contrato millonario firmado con la Unión Temporal Centros Poblados. El enfoque principal era esclarecer la pérdida de $70.000 millones tras la entrega de un anticipo para un proyecto de internet rural en las áreas más remotas del país.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría había ordenado la recopilación de pruebas, incluida la revisión del expediente relacionado con el contrato estatal No. 1043 de 2020, firmado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados. Esto se hacía para trasladar las evidencias pertinentes que ayudaran a esclarecer los hechos en investigación, en cumplimiento con el principio de economía procesal.
Ante el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, Abudinen declaró: “No permitiré tachas en mi nombre.” La exministra estuvo en el centro de la controversia debido a un contrato de $1.07 billones, destinado a llevar internet a más de 7.000 colegios en zonas rurales del país. En su defensa, afirmó que los miembros de Centros Poblados engañaron al Estado, calificándolos de “delincuentes” en su intervención legislativa.
Por su parte, el pasado 19 de julio un juzgado de Conocimiento de Bogotá condenó a Luis Fernando Duque Torres a poco más de cuatro años, por su participación en el escándalo de corrupción de los centros digitales para la niñez rural en Colombia. Duque, representante legal de la unión, presentó garantías bancarias falsas para quedarse con el millonario contrato de MinTIC, del cual alcanzó a recibir un anticipo de $70.000 millones. En la sentencia, Duque también tendrá que pagar una multa de más de $7 mil millones, y fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo plazo de su condena de prisión.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.