Procuraduría formula pliego de cargos a varios funcionarios por irregularidades en el PAE

538.000 estudiantes no tienen acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los departamentos de Casanare, Quindío, Tolima y Sucre. Así lo anunció el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, quien acudirá a acciones de tutela para proteger el derecho a la educación de los menores que están dejando de ir al colegio por falta de alimentación. Carrillo calificó estas irregularidades como un “karma” que no deja garantizar los derechos de los menores de edad.

El procurador señaló que, ante esta profunda falta de cobertura del programa, el Ministerio Público ha tomado varias decisiones disciplinarias para frenar el problema. Una de las determinaciones es la apertura de pliego de cargos contra el actual gobernador de Sucre, Edgar Enrique Martínez Romero, y su secretario de educación, Álvaro Manuel Hoyos Romero, por presuntas irregularidades en el convenio PAE de 2016.

(Le puede interesar: “Jhon Calzones”, a responder ante la Procuraduría por contrato del PAE)

Del mismo modo, citó a juicio disciplinario a varios funcionarios de la gobernación de Putumayo, entre ellos Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de educación departamental y José Luis Moreno Lozano, jefe de la oficina de contratación del departamento.  “Entre los cargos por los que deberán responder figura que el contrato 023 de 2017 que habría sido adjudicado sin las condiciones objetivas, justas, claras y completas, a un proponente quien presuntamente no cumplía con la capacidad jurídica, ni financiera, ni de organización, ni la experiencia”, resaltó el ente disciplinario.

Igualmente, formuló cargos al exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como John Calzones, y a su secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Montoya Estepa, así como al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis y su secretario de Educación, Milton Humberto Delgado.

(En contexto: Fiscalía investiga irregularidades en el PAE en 35 regiones del país)

En total son 24 acciones las que ha adelantado la Procuraduría para proteger los derechos de los menores de cuatro departamentos y 12 municipios del país. “Se ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas, Quindío, Armenia, Cúcuta, Cauca, Popayán, Casanare, Tolima y Florencia. Adicionalmente, el pasado 7 de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE”, agregó el procurador.

Para Carrillo, los casos más dramáticos están en Montería y en Cartagena, donde a pesar de que el calendario escolar inició el pasado 29 de enero, a la fecha hay 89.718 estudiantes por fuera del programa. “De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar”, concluyó el procurador.

538.000 estudiantes no tienen acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los departamentos de Casanare, Quindío, Tolima y Sucre. Así lo anunció el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, quien acudirá a acciones de tutela para proteger el derecho a la educación de los menores que están dejando de ir al colegio por falta de alimentación. Carrillo calificó estas irregularidades como un “karma” que no deja garantizar los derechos de los menores de edad.

El procurador señaló que, ante esta profunda falta de cobertura del programa, el Ministerio Público ha tomado varias decisiones disciplinarias para frenar el problema. Una de las determinaciones es la apertura de pliego de cargos contra el actual gobernador de Sucre, Edgar Enrique Martínez Romero, y su secretario de educación, Álvaro Manuel Hoyos Romero, por presuntas irregularidades en el convenio PAE de 2016.

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Del mismo modo, citó a juicio disciplinario a varios funcionarios de la gobernación de Putumayo, entre ellos Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de educación departamental y José Luis Moreno Lozano, jefe de la oficina de contratación del departamento.  “Entre los cargos por los que deberán responder figura que el contrato 023 de 2017 que habría sido adjudicado sin las condiciones objetivas, justas, claras y completas, a un proponente quien presuntamente no cumplía con la capacidad jurídica, ni financiera, ni de organización, ni la experiencia”, resaltó el ente disciplinario.

Igualmente, formuló cargos al exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como John Calzones, y a su secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Montoya Estepa, así como al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis y su secretario de Educación, Milton Humberto Delgado.

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En total son 24 acciones las que ha adelantado la Procuraduría para proteger los derechos de los menores de cuatro departamentos y 12 municipios del país. “Se ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas, Quindío, Armenia, Cúcuta, Cauca, Popayán, Casanare, Tolima y Florencia. Adicionalmente, el pasado 7 de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE”, agregó el procurador.

Para Carrillo, los casos más dramáticos están en Montería y en Cartagena, donde a pesar de que el calendario escolar inició el pasado 29 de enero, a la fecha hay 89.718 estudiantes por fuera del programa. “De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar”, concluyó el procurador.