Procuraduría formuló cargos contra rector de la UNAD

La Procuraduría General formuló cargos contra dos funcionarios y una exfuncionaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) por presunto incumplimiento del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Unad, es uno de los investigados.

A Leal Afanador, según la Procuraduría, se le cuestionó que haya contratado a Daiana López Leal, con quien tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad, en el cargo de directora del Centro de Idiomas de la sede de la universidad en el estado de La Florida (Estados Unidos).

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En su condición de rector –y presidente de la junta directiva de la UNAD en La Florida– se le reprochó a Leal Afanador el presuntamente solicitar y aprobar un auxilio educativo por un valor de US$8.427 para que Germán Posada Pinzón, hijo de la entonces directora ejecutiva de dicha sede, adelantara estudios en la Universidad de Harvard. Las faltas del investigado fueron calificadas en esta etapa procesal como gravísimas, cometidas con culpa grave y gravísima.

El Ministerio Público también formuló cargos a Nancy Rodríguez Mateus, gerente Administrativa y Financiera, y Socorro Magdalena Pinzón Pulido, directora ejecutiva de la sede en Florida y, a su vez, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la institución de educación superior para el año 2014.

Rodríguez Mateus, consideró la Procuraduría, podría haber cometido una falta disciplinaria porque, al parecer, no habría incluido en el informe de la Oficina de Presupuesto, correspondiente a la vigencia fiscal 2012 de la universidad, la suma de $1.756 millones como ingresos propios recibidos por servicios educativos en la sede de la Florida. Teniendo en cuenta la jerarquía y el mando de la servidora, la Procuraduría, en esta etapa, calificó la falta como grave con culpa gravísima.

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A Pinzón Pulido, por su parte, se le cuestionó primero por, al parecer, recibir simultáneamente dos asignaciones salariales a sabiendas que era titular como directora ejecutiva y que había sido encargada de las funciones de vicerrectora a través de la Resolución 6086 del 10 de diciembre de 2012, que en su artículo segundo, expresamente, resolvió que no percibiría asignación salarial por su desempeño en este cargo.

La Procuraduría precisó que, por solicitud de la universidad, Pinzón Pulido devolvió las sumas recibidas, circunstancia que no exime de una probable vulneración de lo establecido legalmente. En segundo lugar, dice el Ministerio Público, se le investiga por presuntamente permitir la contratación y la vinculación de Germán Posada Pinzón, con quien tiene parentesco en primer grado de consanguinidad, en el cargo de gerente de desarrollo de la sede de la universidad en el exterior.

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Dentro de las normas presuntamente vulneradas el Ministerio Público citó el artículo 126 de la Constitución Política, en su texto original vigente para la época de los hechos que, antes de ser modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015, establecía que “los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil (…)”.

La Procuraduría General formuló cargos contra dos funcionarios y una exfuncionaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) por presunto incumplimiento del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Unad, es uno de los investigados.

A Leal Afanador, según la Procuraduría, se le cuestionó que haya contratado a Daiana López Leal, con quien tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad, en el cargo de directora del Centro de Idiomas de la sede de la universidad en el estado de La Florida (Estados Unidos).

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En su condición de rector –y presidente de la junta directiva de la UNAD en La Florida– se le reprochó a Leal Afanador el presuntamente solicitar y aprobar un auxilio educativo por un valor de US$8.427 para que Germán Posada Pinzón, hijo de la entonces directora ejecutiva de dicha sede, adelantara estudios en la Universidad de Harvard. Las faltas del investigado fueron calificadas en esta etapa procesal como gravísimas, cometidas con culpa grave y gravísima.

El Ministerio Público también formuló cargos a Nancy Rodríguez Mateus, gerente Administrativa y Financiera, y Socorro Magdalena Pinzón Pulido, directora ejecutiva de la sede en Florida y, a su vez, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la institución de educación superior para el año 2014.

Rodríguez Mateus, consideró la Procuraduría, podría haber cometido una falta disciplinaria porque, al parecer, no habría incluido en el informe de la Oficina de Presupuesto, correspondiente a la vigencia fiscal 2012 de la universidad, la suma de $1.756 millones como ingresos propios recibidos por servicios educativos en la sede de la Florida. Teniendo en cuenta la jerarquía y el mando de la servidora, la Procuraduría, en esta etapa, calificó la falta como grave con culpa gravísima.

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A Pinzón Pulido, por su parte, se le cuestionó primero por, al parecer, recibir simultáneamente dos asignaciones salariales a sabiendas que era titular como directora ejecutiva y que había sido encargada de las funciones de vicerrectora a través de la Resolución 6086 del 10 de diciembre de 2012, que en su artículo segundo, expresamente, resolvió que no percibiría asignación salarial por su desempeño en este cargo.

La Procuraduría precisó que, por solicitud de la universidad, Pinzón Pulido devolvió las sumas recibidas, circunstancia que no exime de una probable vulneración de lo establecido legalmente. En segundo lugar, dice el Ministerio Público, se le investiga por presuntamente permitir la contratación y la vinculación de Germán Posada Pinzón, con quien tiene parentesco en primer grado de consanguinidad, en el cargo de gerente de desarrollo de la sede de la universidad en el exterior.

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Dentro de las normas presuntamente vulneradas el Ministerio Público citó el artículo 126 de la Constitución Política, en su texto original vigente para la época de los hechos que, antes de ser modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015, establecía que “los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil (…)”.