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Una multa superior a los $100 millones deberán pagar los exgobernadores del Magdalena Rosa Cotes de Zuñiga (2016 – 2019) y Luis Miguel Cotes Habeych (2012 - 2015) por orden de la Procuraduría General de la Nación que los sancionó por haber incurrido en irregularidades en la Vía de la Prosperidad, que comprometió recursos por más de $466.000 millones de la nación y del Sistema General de Regalías. La sanción inicial fue de 12 meses de suspensión pero se convierte en una multa ya que ambos ya no están en sus cargos.
En decisión de 432 páginas conocida por El Espectador, la Procuraduría estimó que ambos exgobernadores transgredieron los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, y de eficacia de la función administrativa durante la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena en 2013. El Ministerio Público encontró que hubo faltas técnicas durante la planeación de la construcción pues se usaron estudios y diseños desactualizados, que fueron elaborados en 2008 y 2009.
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Es decir, los diseños usados no tuvieron en cuenta la ola invernal de 2010 y 2011 que cambió las condiciones físicas de la carretera. Se hicieron solo 18.3 kilómetros a pesar de que esta proyectada para 52.6 por esa falta de planeación. Se utilizó un presupuesto desfasado y hubo un incremento de los costos en el transporte de los materiales. “En suma, la gobernación de Magdalena entrega una vía que no es funcional, un proyecto que no fue finalizado, la ausencia de procesos contractuales en curso para continuar la vía, tanto en diseños como en obra, y acorde con los términos del acta de liquidación del 10 de diciembre de 2019, se deduce que la obra empleó el doble de tiempo al inicialmente pactado, para entregar solamente 18 kilómetros", dice el fallo.
Según la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, está probada la falta de diligencia de Rosa Cotes y de Luis Miguel Cotes en el proceso contractual, faltando a los debes funcionales de su cargo, lo cual “impactó negativamente los principios de economía y eficiencia que rigen la función pública respecto de la planeación y ejecución del proyecto vía de la prosperidad materializado en el contrato de obra 617 de 2013”. A la exgobernadora se le cuestionó la suscripción del otro sí modificatorio número 6 al contrato de obra original para “regularizar” algunas situaciones de orden técnico, administrativo y financiero del proyecto, que terminó sacando del mismo varios tramos.
Esa llamada “regularización” fue cuestionada por la Procuraduría General luego de examinar las pruebas del expediente que evidenciaron que los tramos que fueron excluidos presentaron “deterioro y dificultades para la movilidad de los usuarios, particularmente en época de lluvias”. Y al constatar que hubo falta cuidado en la estructuración y definición de los acuerdos establecidos y que se generaron demoras en la ejecución del negocio jurídico. Además, se cuestionó que luego de varias modificaciones al contrato inicial, ninguna de las dos gobernaciones pudo cumplir con el proyecto vial.
::A imputación de cargos el exgobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes::
“La obra inicialmente fue concebida inicialmente para una longitud aproximada de 52.6 kilómetros, para los tramos de Palermo -Sitio Nuevo(22.8 km), Sitio Nuevo-Remolino (12.0 km) y Remolino -Guáimaro (14.7 km) incluyendo la variante de Palermo (3.1.Km). Finalmente concluyó en 18.20 km, asociados al primero de los tramos Palermo-Sitio Nuevo, y luego de la esperada y condicionada y mal llamada regularización de la ejecución del contrato, que finalmente terminó modificando sustancialmente el alcance de la obra frente a lo inicialmente planeado, tampoco cumplió eficazmente con los cometidos acordados en el modificatorio número 6 del 25 de septiembre de 2017”, dice el fallo.
Según el documento, con esa modificación “se suponía que todo quedaba ajustado y comprendido para así finalizar la obra en julio de 2018, sin embargo, ello no sucedió dado que durante más de un año se hicieron cinco modificatorios adicionales, extendiendo los plazos de ejecución, hasta que la obra fue recibida en diciembre de 2019, y, los nuevos procesos contractuales para su continuación se encuentran en estado descartado. En otras palabras, durante dos administraciones gubernamentales y luego de un periodo de 8 años de mandato, no se cumplió la finalidad el proyecto vía de la prosperidad”.
La Procuraduría estimó que Rosa Cotes, como gobernadora del Departamento, estaba en la obligación de atender las fallas en la planeación, “que si bien es cierto se gestaron en el mandato anterior del doctor Luis Miguel Cotes, no es menos cierto que fueron advertidas en el primer trimestre del año 2015, como se advierte con otros documentos reseñados en esta providencia, habiendo transcurrido hasta diciembre de 2016 más de año sin que se hubieran solucionado”.
Las faltas de los exmandatarios fueron calificadas por la Procuraduría como gravísimas a título de culpa grave, por la falta de diligencia, cuidado y eficacia en la adopción de decisiones que se esperan de un administrador. Además, remitió copias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública para que defina la pertinencia de intervenir en relación con la gestión presente y futura del proyecto, así como a la Delegada para la Conciliación Administrativa para que analice la procedencia de interponer o intervenir en accionen en defensa de los intereses y derechos colectivos.