Profesor podría volver a la U. Nacional, luego de ser absuelto por nexos con las Farc

El profesor Miguel Ángel Beltrán tuvo que enfrentar desde el año 2009 un proceso judicial por tener supuestas alianzas con la guerrilla de las Farc, luego que al parecer fuera relacionado en los computadores incautados al comandante guerrillero conocido como Raúl Reyes. No obstante, en septiembre de 2016 fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, que declaró la ilegalidad, por fallas en la cadena de custodia, de esas pruebas. Ahora, busca volver a la que era su alma mater: la Universidad Nacional.

Beltrán le pidió al Consejo de Estado que tumbe una sanción de la Procuraduría General, que quedó en firme en julio de 2014, en la cual fue destituido e inhabilitado por 13 años para ejercer cargos públicos. Así como de la resolución con la cual el rector de la Universidad Nacional hizo efectiva esa sanción y lo retiró de la Institución. En esa determinación se decía que Beltrán supuestamente promovió a grupos ilegales, que escribió documentos oficiales de las Farc y que tenía y promovía un “pensamiento revolucionario”.

(Puede interesarle: ¿Por qué la Corte Suprema absolvió a Miguel Ángel Beltrán?)

La Procuraduría se basó en los documentos incautados a Luis Edgar Devia o Raúl Reyes en el operativo que terminó con su muerte en la provincia de Sucumbíos en el Ecuador en mayo de 2008, así como en una USB hallada a Beltrán en el momento de su captura y la investigación que en ese momento llevaba la Fiscalía, que apuntaba a que el profesor era alias Jaime Cienfuegos. Para Beltrán, como esas pruebas fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema tanto en el 2011 como en el fallo que lo absolvió, también deben excluirse en caso disciplinario.

El Consejo de Estado ya admitió la petición de Beltrán y, de manera provisional, suspendió las sanciones de la Procuraduría y su retiro de la Universidad Nacional. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo, tomó la decisión mientras estudia de fondo las pretensiones del profesor, lo que implica que por el momento Beltrán puede volver a la institución. Entre los argumentos del alto tribunal está que, en efecto, los reproches que se le hicieron a Beltrán están basados exclusivamente en esas pruebas.

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“El alcance de la suspensión de los actos demandados implica que no existe fundamento alguno para mantenerlo separado del cargo de docente que ocupaba en la Universidad Nacional de Colombia, ni para mantener la inhabilidad para ejercer cargos públicos, quedando suspendidas tales sanciones hasta tanto se resuelva el debate entramado”, advierte la decisión.

El Consejo de Estado señaló, tal y como dijo en su momento la Corte Suprema, que, sin las pruebas obtenidas en la Operación Fénix, no se hubiera podido ordenar la captura de Beltrán. Y que, sin esos documentos, no se podría interpretar elementos que supuestamente estaban ocultos en la USB incautada al profesor cuando fue detenido. Y, por eso, nunca debieron ser tenidos en cuenta en las investigaciones.

(Ver Procuraduría sancionó disciplinariamente al profesor Miguel Ángel Beltrán)

“Se trata de una trasgresión significativa de las normas procedimentales, puesto que cohonesta el irrespeto de convenios internacionales que, de buena fe, debe cumplir el Estado colombiano. La ilegalidad original del procedimiento y la derivada que afecta a las pruebas, trasciende el aspecto meramente formal e implica un fuerte irrespeto a la soberanía de otro Estado”, señaló el tribunal, que enfatizó en que, por ahora, se dan los presupuestos legales para suspender las sanciones disciplinarias.

El profesor Miguel Ángel Beltrán tuvo que enfrentar desde el año 2009 un proceso judicial por tener supuestas alianzas con la guerrilla de las Farc, luego que al parecer fuera relacionado en los computadores incautados al comandante guerrillero conocido como Raúl Reyes. No obstante, en septiembre de 2016 fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, que declaró la ilegalidad, por fallas en la cadena de custodia, de esas pruebas. Ahora, busca volver a la que era su alma mater: la Universidad Nacional.

Beltrán le pidió al Consejo de Estado que tumbe una sanción de la Procuraduría General, que quedó en firme en julio de 2014, en la cual fue destituido e inhabilitado por 13 años para ejercer cargos públicos. Así como de la resolución con la cual el rector de la Universidad Nacional hizo efectiva esa sanción y lo retiró de la Institución. En esa determinación se decía que Beltrán supuestamente promovió a grupos ilegales, que escribió documentos oficiales de las Farc y que tenía y promovía un “pensamiento revolucionario”.

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La Procuraduría se basó en los documentos incautados a Luis Edgar Devia o Raúl Reyes en el operativo que terminó con su muerte en la provincia de Sucumbíos en el Ecuador en mayo de 2008, así como en una USB hallada a Beltrán en el momento de su captura y la investigación que en ese momento llevaba la Fiscalía, que apuntaba a que el profesor era alias Jaime Cienfuegos. Para Beltrán, como esas pruebas fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema tanto en el 2011 como en el fallo que lo absolvió, también deben excluirse en caso disciplinario.

El Consejo de Estado ya admitió la petición de Beltrán y, de manera provisional, suspendió las sanciones de la Procuraduría y su retiro de la Universidad Nacional. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo, tomó la decisión mientras estudia de fondo las pretensiones del profesor, lo que implica que por el momento Beltrán puede volver a la institución. Entre los argumentos del alto tribunal está que, en efecto, los reproches que se le hicieron a Beltrán están basados exclusivamente en esas pruebas.

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El Consejo de Estado señaló, tal y como dijo en su momento la Corte Suprema, que, sin las pruebas obtenidas en la Operación Fénix, no se hubiera podido ordenar la captura de Beltrán. Y que, sin esos documentos, no se podría interpretar elementos que supuestamente estaban ocultos en la USB incautada al profesor cuando fue detenido. Y, por eso, nunca debieron ser tenidos en cuenta en las investigaciones.

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“Se trata de una trasgresión significativa de las normas procedimentales, puesto que cohonesta el irrespeto de convenios internacionales que, de buena fe, debe cumplir el Estado colombiano. La ilegalidad original del procedimiento y la derivada que afecta a las pruebas, trasciende el aspecto meramente formal e implica un fuerte irrespeto a la soberanía de otro Estado”, señaló el tribunal, que enfatizó en que, por ahora, se dan los presupuestos legales para suspender las sanciones disciplinarias.