“Se habría puesto en riesgo la seguridad nacional”: Carlos Holmes Trujillo

Desde diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque ordenó una auditoría de lo que inteligencia y contrainteligencia militar han hecho en los últimos diez años. Ese dato, que resalta el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, parece hoy mucho más importante. Ahora que el Ejército enfrenta una nueva tormenta política y judicial por posibles seguimientos ilegales, esta vez informáticos y a más de 130 personas, hay muchos interrogantes en el aire. Algunos de ellos los condensamos en un cuestionario enviado al ministro Trujillo. Así contestó él.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Navarro, ha reiterado que altos mandos castrenses no sabían de estas operaciones de inteligencia. ¿Cómo entender que se hagan trabajos de este calibre a escondidas?

Porque, de comprobarse estos hechos, se trataría de actividades ilegales realizadas por individuos, no en ejercicio de una política institucional. Lo denunciado está completamente por fuera de la política del presidente Iván Duque, de los lineamientos del Ministerio de Defensa, del alto mando y, peor aún, de la Ley de Inteligencia (la 1621 del 2013), que dice claramente en su artículo 4 que en ningún caso se pueden usar las capacidades de inteligencia o contrainteligencia para recolectar, procesar o diseminar datos de una persona por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición.

Por eso, desde finales del año pasado había solicitado, por instrucción del presidente Duque, una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos 10 años. Se pidió, asimismo, la mayor celeridad en esa auditoría, teniendo en cuenta tanto la política del Gobierno como las denuncias periodísticas de principios de este año. Para el Gobierno nacional, estas denuncias son de extrema gravedad y esperamos que pronto se conozcan los resultados de las investigaciones y se determinen los responsables.

(Para contexto: Nuevo escándalo en Inteligencia militar: 11 oficiales y un general salieron del Ejército. )

Similar es la situación con el presidente Duque, quien aseguró que todo ocurrió a sus espaldas. ¿Cómo entender que el máximo comandante de las Fuerzas Militares no sabía?

No acepto que se ponga en duda la honorabilidad de un gran colombiano, como lo es el presidente Duque. Estamos hablando de presuntas actividades ilegales, que se realizan como una actuación criminal, desde la clandestinidad, que van en contravía de la esencia misma del Gobierno del presidente Iván Duque, quien desde el primer día de su mandato fue contundente en exigir transparencia y cero tolerancia con la ilegalidad. Lo mismo he hecho yo en la Fuerza Pública desde que me posesioné como ministro de Defensa, les he pedido, tanto en público como en privado, que deben ser completamente transparentes en sus acciones.

Además, fue el presidente Duque quien en diciembre del año pasado ordenó realizar una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de los últimos 10 años, precisamente para determinar posibles vulnerabilidades y fortalecer las capacidades para la protección de los ciudadanos, así como los controles a la misma. Tan pronto asumí como ministro de Defensa puse en marcha esa instrucción y, posteriormente, cuando se conocieron las denuncias puntuales de la revista Semana, ordené que de inmediato se adelantaran las investigaciones del caso y se pusiera en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría, con el fin de que se adelantaran las acciones que en derecho corresponden.

¿En qué consistía la auditoría, anunciada desde enero de este año? ¿Sirve para evitar que se repitan episodios como este?

Adicional a las acciones que he explicado, el comando general de las Fuerza Militares llevó a cabo un comité de revisión estratégica desde el 27 de enero hasta el 27 de abril de 2020 del servicio de inteligencia y contrainteligencia. Producto de esta revisión se definieron 25 líneas de esfuerzo en materia de doctrina, organización, personal, liderazgo y fortalecimiento de controles, entre otros. En 15 de estas ya se han impartido instrucciones.

(También: “No toleraré a quienes deshonren el uniforme”: Duque sobre nuevo escándalo en el Ejército. )

¿Usted o el Ministerio sabían de estas operaciones?

Yo no tenía conocimiento de ninguna actividad ilegal y si me hubiera enterado la habría denunciado de inmediato ante las autoridades competentes. De hecho, así lo hice en enero cuando se conoció la primera publicación de Semana. Lo denunciado es de extrema gravedad y deben ser las autoridades las que determinen las circunstancias y responsables individuales de estos hechos, que además deben ser castigados con severidad.

¿Puede uno pensar, con episodios tan repetitivos de irregularidades en inteligencia militar, que esa área se volvió una rueda suelta?

Por las presuntas actuaciones ilegales de unos individuos no se puede estigmatizar a la inteligencia militar, que es una de las capacidades de mayor valor estratégico para la seguridad del país y la protección de los ciudadanos. También fundamental en la lucha contra factores de inestabilidad como el narcotráfico y el terrorismo. Precisamente por la importancia de esa capacidad es que, en busca de fortalecerla, se han adelantado varias acciones: se ordenó en diciembre la auditoría a todas las actividades de inteligencia y contrainteligencia de los últimos 10 años, con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento de la Constitución, la ley, los planes, programas, proyectos, objetivos, procesos y procedimientos en todos los niveles.

Además, el Ejército fortaleció el Sistema de Control Estratégico Institucional, para prevenir, combatir y sancionar de manera más expedita situaciones irregulares que se puedan presentar. Se realizaron cambios en la estructura de las Fuerzas Militares para dinamizar y mejorar los controles, las operaciones, procesos y procedimientos de inteligencia, entre ellos en las comandancias de unidades de inteligencia y contrainteligencia en todo el país.

Desde hace por lo menos 20 años estamos escuchando historias de cómo la inteligencia militar termina vinculada a escándalos como el de esta semana. ¿Hasta cuándo va a ser así?

Todas las acciones que he explicado son precisamente para garantizar que estas situaciones no se vuelvan a presentar. Para el presidente Iván Duque, y para mí como ministro de Defensa, es fundamental que la inteligencia militar se ejerza en estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos.

Teniendo en cuenta que la labor de investigación por parte de las autoridades judiciales y disciplinarias es fundamental para individualizar responsables, sancionar efectivamente y evitar la repetición de estas conductas, el Ministerio de Defensa Nacional ha impartido órdenes al mando superior para que se preste todo el apoyo a estas autoridades y poder tener resultados lo más pronto posible a nivel disciplinario y penal.

En el Gobierno hay cero tolerancia ante cualquier acto ilegal y a mí no me temblará la mano para denunciar a quienes los cometan. Yo me la juego por el Ejército y por toda la Fuerza Pública, pero la transparencia es la fuente de su legitimidad y del apoyo y afecto de los colombianos. No se trata de cometer injusticias ni de buscar chivos expiatorios. Se trata de conocer la verdad, de llegar al fondo, para que se castigue a quienes hayan violado la ley y deshonrado el uniforme y los valores militares.

(Le puede interesar: "Actuaciones individuales no pueden definir la institución": general Zapateiro)

Usted dijo que se hicieron cambios en la estructura de mando del Ejército para dinamizar y mejorar los procesos de inteligencia. ¿Qué cambios fueron?

En los últimos meses se han realizado cambios en la estructura del Ejército, en los estados mayores y en las unidades operativas y, además, se cambiaron los comandantes de 24 unidades de inteligencia y contrainteligencia en todo el país.

¿Qué indicios o pruebas le remitieron a la Fiscalía y a la Procuraduría?

El 13 de enero de este año el comando general de las Fuerzas Militares compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación e informó a la Procuraduría del proceso que abrió la Inspección General de las Fuerzas Militares. Igualmente, en ese momento yo me comuniqué con el fiscal y el procurador y les informé que tendrían toda nuestra colaboración para esclarecer la verdad.

Según los reportes, en estos seguimientos habría también recursos de Estados Unidos, ¿alguna autoridad de ese país se ha contactado con ustedes a raíz de esto?

Son las autoridades competentes las que deben determinar si se usaron equipos y recursos de cooperación internacional en actos ilegales. Hasta el momento no he tenido comunicación con otros países al respecto.

¿Qué medidas de fondo se están tomando en esta oportunidad, que tal vez no se habían tomado antes, para evitar que estemos en el mismo escenario en cuestión de algunos meses?

Además de la adopción de medidas administrativas para el mejoramiento del servicio, relacionadas con el retiro del servicio activo de 12 oficiales del Ejército, se llevó a cabo un minucioso proceso de revisión estratégica de las capacidades de inteligencia militar. Producto de ese proceso, liderado por el comando general, se ejecutarán 25 líneas de esfuerzo que fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Lo anterior sin perjuicio de las decisiones que adoptemos luego de conocidos los resultados de las investigaciones penales y disciplinarias que adelantan las autoridades penales y disciplinarias competentes.

(Le puede interesar: Las “carpetas secretas” de inteligencia militar: ¿a quiénes iban dirigidas y para qué?)

Si todavía no hay información que responsabilice al general Nicacio Martínez de estas irregularidades, ¿por qué suspendieron su nombramiento de agregado militar en Bélgica?

El nombramiento no se había hecho y es una decisión discrecional del Gobierno. Debo, además, decir que el general Martínez goza de la presunción de inocencia y tiene derecho, como todo colombiano, al debido proceso.

¿Se ha pensado reevaluar qué mensajes internos se están enviando para que un sector del Ejército piense que está bien identificar como blancos a periodistas, políticos y abogados que no viven en la ilegalidad?

El mensaje es absolutamente claro y es cumplir la ley de manera rigurosa. Eso no tiene discusión ni da pie a ninguna otra interpretación. Es lo que ha dicho siempre el presidente Iván Duque y es lo que yo he exigido desde que me posesioné. Se lo he dicho a los comandantes en privado y se lo he dicho a las tropas en público. Además, en Colombia la Constitución y la ley no dan para interpretaciones sobre las actividades de inteligencia. La Ley de Inteligencia es clara y explica los fines, funciones y límites que tienen estas actividades y dice, desde sus primeros artículos, que nadie puede ser objeto de seguimientos en razón de su oficio o forma de pensar. Quienes realizan actos ilegales no son militares, no son policías, son criminales y deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

La profesora y abogada Catalina Botero explicó que la diferencia entre un Estado democrático y un Estado autoritario es que en un Estado democrático la inteligencia se usa para prevenir o perseguir delitos, no para espiar a las personas que dicen o hacen cosas con las cuales el Estado no está de acuerdo. Con la denuncia de la revista “Semana”, pareciera que más bien estamos en uno autoritario. ¿Qué responde frente a esto?

Lo primero que hay que decir con toda claridad es que las actividades presuntamente ilegales que han sido denunciadas no son una política ni una directriz de Estado. Se trata de individuos que decidieron deliberadamente violar la Constitución, la ley y las directrices del Gobierno del presidente Duque. Se trata de criminales y son las autoridades competentes las que deben determinar con qué propósito o siguiendo órdenes de quién.

Adicionalmente, no se puede olvidar que el Gobierno nacional también es víctima. De acuerdo con la denuncia, entre los presuntamente perfilados estaría el exsecretario general de la Presidencia, el doctor Jorge Mario Eastman. Y eso nos ha hecho pensar que habría interés, inclusive, en llegar hasta el despacho del propio Presidente, poniendo en riesgo la seguridad nacional.Por eso hemos pedido a las autoridades que, ojalá pronto, se conozcan los resultados de estas investigaciones y los responsables individuales sean sancionados de manera ejemplar.

Todo lo que contempla la denuncia periodística es grave, gravísimo, porque inclusive se estaría llegando al despacho del jefe de Estado, es decir, que se habrían cometido actos ilegales contra el presidente de la República. Tenemos que conocer toda la verdad, porque, de ser así, se estaría urdiendo una conspiración contra el presidente de los colombianos.

(Lea también: Los militares que salieron del Ejército en medio del nuevo escándalo de “chuzadas”)

Colombia, en teoría, es un Estado que respeta la libertad de prensa y de expresión. ¿Qué le puede decir a la comunidad internacional, especialmente a los periodistas estadounidenses, que fueron blanco de estos seguimientos?

Claro que Colombia es un Estado de Derecho respetuoso y defensor de las libertades. Defensor de la libertad de prensa, que es uno de los pilares de nuestra democracia. Así lo es el Gobierno nacional y así lo he sido yo en mi vida pública, durante la cual he defendido y promovido ese derecho, incluso en espacios como la Asamblea Nacional Constituyente.

Aquí hay un Estado decidido a defender esas libertades y a castigar de la manera más severa, como lo ha pedido el propio presidente de la República, a los responsables de acciones que transgredan la ley, de acuerdo con los resultados de las investigaciones que están en marcha. Aquí no puede haber impunidad.

¿Usted considera que con este escándalo la imagen de Colombia en el exterior se ve duramente afectada?

Colombia es una democracia madura, respetada en el contexto internacional. Vivimos, como muchas otras naciones del mundo, superando dificultades. Pero hoy el mundo nos reconoce más por los logros que hemos obtenido como sociedad en medio de las adversidades y por las acciones que hemos tomado, y seguimos tomando, para superar episodios difíciles como este. El mundo sabe que los criminales no tienen fronteras y que situaciones como estas deben afrontarse como lo estamos haciendo: con la decisión de aplicar con rigor la ley e identificar a los responsables.

Desde diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque ordenó una auditoría de lo que inteligencia y contrainteligencia militar han hecho en los últimos diez años. Ese dato, que resalta el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, parece hoy mucho más importante. Ahora que el Ejército enfrenta una nueva tormenta política y judicial por posibles seguimientos ilegales, esta vez informáticos y a más de 130 personas, hay muchos interrogantes en el aire. Algunos de ellos los condensamos en un cuestionario enviado al ministro Trujillo. Así contestó él.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Navarro, ha reiterado que altos mandos castrenses no sabían de estas operaciones de inteligencia. ¿Cómo entender que se hagan trabajos de este calibre a escondidas?

Porque, de comprobarse estos hechos, se trataría de actividades ilegales realizadas por individuos, no en ejercicio de una política institucional. Lo denunciado está completamente por fuera de la política del presidente Iván Duque, de los lineamientos del Ministerio de Defensa, del alto mando y, peor aún, de la Ley de Inteligencia (la 1621 del 2013), que dice claramente en su artículo 4 que en ningún caso se pueden usar las capacidades de inteligencia o contrainteligencia para recolectar, procesar o diseminar datos de una persona por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición.

Por eso, desde finales del año pasado había solicitado, por instrucción del presidente Duque, una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos 10 años. Se pidió, asimismo, la mayor celeridad en esa auditoría, teniendo en cuenta tanto la política del Gobierno como las denuncias periodísticas de principios de este año. Para el Gobierno nacional, estas denuncias son de extrema gravedad y esperamos que pronto se conozcan los resultados de las investigaciones y se determinen los responsables.

(Para contexto: Nuevo escándalo en Inteligencia militar: 11 oficiales y un general salieron del Ejército. )

Similar es la situación con el presidente Duque, quien aseguró que todo ocurrió a sus espaldas. ¿Cómo entender que el máximo comandante de las Fuerzas Militares no sabía?

No acepto que se ponga en duda la honorabilidad de un gran colombiano, como lo es el presidente Duque. Estamos hablando de presuntas actividades ilegales, que se realizan como una actuación criminal, desde la clandestinidad, que van en contravía de la esencia misma del Gobierno del presidente Iván Duque, quien desde el primer día de su mandato fue contundente en exigir transparencia y cero tolerancia con la ilegalidad. Lo mismo he hecho yo en la Fuerza Pública desde que me posesioné como ministro de Defensa, les he pedido, tanto en público como en privado, que deben ser completamente transparentes en sus acciones.

Además, fue el presidente Duque quien en diciembre del año pasado ordenó realizar una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de los últimos 10 años, precisamente para determinar posibles vulnerabilidades y fortalecer las capacidades para la protección de los ciudadanos, así como los controles a la misma. Tan pronto asumí como ministro de Defensa puse en marcha esa instrucción y, posteriormente, cuando se conocieron las denuncias puntuales de la revista Semana, ordené que de inmediato se adelantaran las investigaciones del caso y se pusiera en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría, con el fin de que se adelantaran las acciones que en derecho corresponden.

¿En qué consistía la auditoría, anunciada desde enero de este año? ¿Sirve para evitar que se repitan episodios como este?

Adicional a las acciones que he explicado, el comando general de las Fuerza Militares llevó a cabo un comité de revisión estratégica desde el 27 de enero hasta el 27 de abril de 2020 del servicio de inteligencia y contrainteligencia. Producto de esta revisión se definieron 25 líneas de esfuerzo en materia de doctrina, organización, personal, liderazgo y fortalecimiento de controles, entre otros. En 15 de estas ya se han impartido instrucciones.

(También: “No toleraré a quienes deshonren el uniforme”: Duque sobre nuevo escándalo en el Ejército. )

¿Usted o el Ministerio sabían de estas operaciones?

Yo no tenía conocimiento de ninguna actividad ilegal y si me hubiera enterado la habría denunciado de inmediato ante las autoridades competentes. De hecho, así lo hice en enero cuando se conoció la primera publicación de Semana. Lo denunciado es de extrema gravedad y deben ser las autoridades las que determinen las circunstancias y responsables individuales de estos hechos, que además deben ser castigados con severidad.

¿Puede uno pensar, con episodios tan repetitivos de irregularidades en inteligencia militar, que esa área se volvió una rueda suelta?

Por las presuntas actuaciones ilegales de unos individuos no se puede estigmatizar a la inteligencia militar, que es una de las capacidades de mayor valor estratégico para la seguridad del país y la protección de los ciudadanos. También fundamental en la lucha contra factores de inestabilidad como el narcotráfico y el terrorismo. Precisamente por la importancia de esa capacidad es que, en busca de fortalecerla, se han adelantado varias acciones: se ordenó en diciembre la auditoría a todas las actividades de inteligencia y contrainteligencia de los últimos 10 años, con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento de la Constitución, la ley, los planes, programas, proyectos, objetivos, procesos y procedimientos en todos los niveles.

Además, el Ejército fortaleció el Sistema de Control Estratégico Institucional, para prevenir, combatir y sancionar de manera más expedita situaciones irregulares que se puedan presentar. Se realizaron cambios en la estructura de las Fuerzas Militares para dinamizar y mejorar los controles, las operaciones, procesos y procedimientos de inteligencia, entre ellos en las comandancias de unidades de inteligencia y contrainteligencia en todo el país.

Desde hace por lo menos 20 años estamos escuchando historias de cómo la inteligencia militar termina vinculada a escándalos como el de esta semana. ¿Hasta cuándo va a ser así?

Todas las acciones que he explicado son precisamente para garantizar que estas situaciones no se vuelvan a presentar. Para el presidente Iván Duque, y para mí como ministro de Defensa, es fundamental que la inteligencia militar se ejerza en estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos.

Teniendo en cuenta que la labor de investigación por parte de las autoridades judiciales y disciplinarias es fundamental para individualizar responsables, sancionar efectivamente y evitar la repetición de estas conductas, el Ministerio de Defensa Nacional ha impartido órdenes al mando superior para que se preste todo el apoyo a estas autoridades y poder tener resultados lo más pronto posible a nivel disciplinario y penal.

En el Gobierno hay cero tolerancia ante cualquier acto ilegal y a mí no me temblará la mano para denunciar a quienes los cometan. Yo me la juego por el Ejército y por toda la Fuerza Pública, pero la transparencia es la fuente de su legitimidad y del apoyo y afecto de los colombianos. No se trata de cometer injusticias ni de buscar chivos expiatorios. Se trata de conocer la verdad, de llegar al fondo, para que se castigue a quienes hayan violado la ley y deshonrado el uniforme y los valores militares.

(Le puede interesar: "Actuaciones individuales no pueden definir la institución": general Zapateiro)

Usted dijo que se hicieron cambios en la estructura de mando del Ejército para dinamizar y mejorar los procesos de inteligencia. ¿Qué cambios fueron?

En los últimos meses se han realizado cambios en la estructura del Ejército, en los estados mayores y en las unidades operativas y, además, se cambiaron los comandantes de 24 unidades de inteligencia y contrainteligencia en todo el país.

¿Qué indicios o pruebas le remitieron a la Fiscalía y a la Procuraduría?

El 13 de enero de este año el comando general de las Fuerzas Militares compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación e informó a la Procuraduría del proceso que abrió la Inspección General de las Fuerzas Militares. Igualmente, en ese momento yo me comuniqué con el fiscal y el procurador y les informé que tendrían toda nuestra colaboración para esclarecer la verdad.

Según los reportes, en estos seguimientos habría también recursos de Estados Unidos, ¿alguna autoridad de ese país se ha contactado con ustedes a raíz de esto?

Son las autoridades competentes las que deben determinar si se usaron equipos y recursos de cooperación internacional en actos ilegales. Hasta el momento no he tenido comunicación con otros países al respecto.

¿Qué medidas de fondo se están tomando en esta oportunidad, que tal vez no se habían tomado antes, para evitar que estemos en el mismo escenario en cuestión de algunos meses?

Además de la adopción de medidas administrativas para el mejoramiento del servicio, relacionadas con el retiro del servicio activo de 12 oficiales del Ejército, se llevó a cabo un minucioso proceso de revisión estratégica de las capacidades de inteligencia militar. Producto de ese proceso, liderado por el comando general, se ejecutarán 25 líneas de esfuerzo que fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Lo anterior sin perjuicio de las decisiones que adoptemos luego de conocidos los resultados de las investigaciones penales y disciplinarias que adelantan las autoridades penales y disciplinarias competentes.

(Le puede interesar: Las “carpetas secretas” de inteligencia militar: ¿a quiénes iban dirigidas y para qué?)

Si todavía no hay información que responsabilice al general Nicacio Martínez de estas irregularidades, ¿por qué suspendieron su nombramiento de agregado militar en Bélgica?

El nombramiento no se había hecho y es una decisión discrecional del Gobierno. Debo, además, decir que el general Martínez goza de la presunción de inocencia y tiene derecho, como todo colombiano, al debido proceso.

¿Se ha pensado reevaluar qué mensajes internos se están enviando para que un sector del Ejército piense que está bien identificar como blancos a periodistas, políticos y abogados que no viven en la ilegalidad?

El mensaje es absolutamente claro y es cumplir la ley de manera rigurosa. Eso no tiene discusión ni da pie a ninguna otra interpretación. Es lo que ha dicho siempre el presidente Iván Duque y es lo que yo he exigido desde que me posesioné. Se lo he dicho a los comandantes en privado y se lo he dicho a las tropas en público. Además, en Colombia la Constitución y la ley no dan para interpretaciones sobre las actividades de inteligencia. La Ley de Inteligencia es clara y explica los fines, funciones y límites que tienen estas actividades y dice, desde sus primeros artículos, que nadie puede ser objeto de seguimientos en razón de su oficio o forma de pensar. Quienes realizan actos ilegales no son militares, no son policías, son criminales y deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

La profesora y abogada Catalina Botero explicó que la diferencia entre un Estado democrático y un Estado autoritario es que en un Estado democrático la inteligencia se usa para prevenir o perseguir delitos, no para espiar a las personas que dicen o hacen cosas con las cuales el Estado no está de acuerdo. Con la denuncia de la revista “Semana”, pareciera que más bien estamos en uno autoritario. ¿Qué responde frente a esto?

Lo primero que hay que decir con toda claridad es que las actividades presuntamente ilegales que han sido denunciadas no son una política ni una directriz de Estado. Se trata de individuos que decidieron deliberadamente violar la Constitución, la ley y las directrices del Gobierno del presidente Duque. Se trata de criminales y son las autoridades competentes las que deben determinar con qué propósito o siguiendo órdenes de quién.

Adicionalmente, no se puede olvidar que el Gobierno nacional también es víctima. De acuerdo con la denuncia, entre los presuntamente perfilados estaría el exsecretario general de la Presidencia, el doctor Jorge Mario Eastman. Y eso nos ha hecho pensar que habría interés, inclusive, en llegar hasta el despacho del propio Presidente, poniendo en riesgo la seguridad nacional.Por eso hemos pedido a las autoridades que, ojalá pronto, se conozcan los resultados de estas investigaciones y los responsables individuales sean sancionados de manera ejemplar.

Todo lo que contempla la denuncia periodística es grave, gravísimo, porque inclusive se estaría llegando al despacho del jefe de Estado, es decir, que se habrían cometido actos ilegales contra el presidente de la República. Tenemos que conocer toda la verdad, porque, de ser así, se estaría urdiendo una conspiración contra el presidente de los colombianos.

(Lea también: Los militares que salieron del Ejército en medio del nuevo escándalo de “chuzadas”)

Colombia, en teoría, es un Estado que respeta la libertad de prensa y de expresión. ¿Qué le puede decir a la comunidad internacional, especialmente a los periodistas estadounidenses, que fueron blanco de estos seguimientos?

Claro que Colombia es un Estado de Derecho respetuoso y defensor de las libertades. Defensor de la libertad de prensa, que es uno de los pilares de nuestra democracia. Así lo es el Gobierno nacional y así lo he sido yo en mi vida pública, durante la cual he defendido y promovido ese derecho, incluso en espacios como la Asamblea Nacional Constituyente.

Aquí hay un Estado decidido a defender esas libertades y a castigar de la manera más severa, como lo ha pedido el propio presidente de la República, a los responsables de acciones que transgredan la ley, de acuerdo con los resultados de las investigaciones que están en marcha. Aquí no puede haber impunidad.

¿Usted considera que con este escándalo la imagen de Colombia en el exterior se ve duramente afectada?

Colombia es una democracia madura, respetada en el contexto internacional. Vivimos, como muchas otras naciones del mundo, superando dificultades. Pero hoy el mundo nos reconoce más por los logros que hemos obtenido como sociedad en medio de las adversidades y por las acciones que hemos tomado, y seguimos tomando, para superar episodios difíciles como este. El mundo sabe que los criminales no tienen fronteras y que situaciones como estas deben afrontarse como lo estamos haciendo: con la decisión de aplicar con rigor la ley e identificar a los responsables.