Sigifredo López dice a la CIDH que Colombia ha omitido prevenir el COVID-19 en cárceles

La fundación Defensa de Inocentes, dirigida por el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la “gravedad y urgencia” de la situación que atraviesa la población carcelaria de nuestro país, en inminente riesgo por la pandemia del nuevo coronavirus. La organización denuncia que ha habido una “de vigilancia, control y protección por parte del Estado de Colombia” a la situación de las personas privadas de su libertad, situación que se ha agravado y se ha puesto en el centro de la discusión nacional por los riesgos de un eventual brote masivo del COVID-19.

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Según la fundación, “las cárceles colombianas ostentan unas condiciones de salubridad inadecuadas, los privados de la libertad no cuentan con escenarios limpios y libres de infecciones”, sino que las cárceles mismas “son espacios propicios para la propagación de virus”. Además, aseguran, como contó este diario, que, en los centros penitenciarios “constantemente se presentan brotes infecciosos en los patios, lo que genera medidas paliativas de aislamiento de los privados de la libertad, porque estas enfermedades ponen en peligro la salud de todos los internos y el personal de custodia”.

Si bien la organización reconoce que desde el pasado 22 de marzo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) declaró la emergencia carcelaria, rechaza que desde entonces no se han visto más acciones del Gobierno. Por un lado, porque a la fecha el presidente Iván Duque no ha expedido “un decreto que reglamente las condiciones que darán solución a la emergencia, poniendo en riesgo los derechos fundamentales a la salud y vida de todas las personas privadas de la libertad en el territorio de Colombia”. Y, por otro lado, porque no se ha destinado un “rubro adecuado” del presupuesto con el que se combatirá la pandemia para atender la emergencia carcelaria.

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En el documento de 11 páginas que la fundación hizo llegar al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, también citan, por ejemplo, los llamados que esa instancia internacional le ha hecho a Colombia para que solucione la crisis carcelaria y las numerosas sentencias de la Corte Constitucional que han reiterado que en las prisiones se vive una violación constante y permanente de derechos fundamentales (lo que el alto tribunal denomina un estado de cosas inconstitucional). “En cuanto a las recomendaciones, lastimosamente Estado de Colombia ha hecho caso omiso, por lo que, sin duda, se evidencia la vulneración sistemática de derechos humanos por parte del estado, en contra de las personas privadas de la libertad”, asegura la organización.

Por todo esto, le piden a la CIDH y a la recién creada a Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia del COVID-19 que organice una visita “a todos los centros carcelarios del Estado de Colombia en virtud de la emergencia carcelaria que afronta el país”. Además, le solicitan a esa instancia internacional que recomiende seis medidas concretas al Estado colombiano para solucionar esta crisis. Entre ellas están, por ejemplo, encontrar penas alternativas al aprisionamiento para la población que corre mayores riesgos ante la enfermedad. Estos son: mayores de 60 años, personas con patologías preexistentes (como cáncer, sida, diabetes, entre otras), madres con hijos menores de tres años; que, según la fundación, suman el 6% de la población carcelaria en Colombia.

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Asimismo, recomiendan: que se provea de material de bioseguridad al cuerpo de custodia del Inpec, que se apliquen estos beneficios de manera general sin discriminar a los internos que pueden ser considerados de mayor peligrosidad; que se libere de inmediato a los sindicados que llevan esperando más de un año que la justicia les defina su futuro; que se eliminen transitoriamente las restricciones para acceder a la prisión domiciliaria y a la libertad condicional; y, por último, que se restrinja el uso “excesivo” de las medidas de aseguramiento, pues más del 70% de las personas que están siendo investigadas formalmente por la Fiscalía, son llevadas a prisión.

(Le puede interesar: En recuperación de cárcel Modelo hubo uso excesivo de la fuerza: Iván Cepeda a la CIDH)

Ya esta es la segunda petición de una acción urgente frente a la situación carcelaria en Colombia que llega a la CIDH. Apenas hace unos días, el senador Iván Cepeda y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos radicaron una acción urgente ante la misma corporación asegurando que en la recuperación de la cárcel La Modelo de Bogotá, registrado el pasado 21 y 22 de marzo, hubo exceso de fuerza. Lo que denuncian el congresista y la organización se presentó luego de que una protesta coordinada en todas las cárceles del país escalara a violencia, los internos lograran armarse y culminara la noche con 23 reclusos muertos y más de 90 heridos entre privados de la libertad y guardianes del Inpec.

La fundación Defensa de Inocentes, dirigida por el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la “gravedad y urgencia” de la situación que atraviesa la población carcelaria de nuestro país, en inminente riesgo por la pandemia del nuevo coronavirus. La organización denuncia que ha habido una “de vigilancia, control y protección por parte del Estado de Colombia” a la situación de las personas privadas de su libertad, situación que se ha agravado y se ha puesto en el centro de la discusión nacional por los riesgos de un eventual brote masivo del COVID-19.

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Según la fundación, “las cárceles colombianas ostentan unas condiciones de salubridad inadecuadas, los privados de la libertad no cuentan con escenarios limpios y libres de infecciones”, sino que las cárceles mismas “son espacios propicios para la propagación de virus”. Además, aseguran, como contó este diario, que, en los centros penitenciarios “constantemente se presentan brotes infecciosos en los patios, lo que genera medidas paliativas de aislamiento de los privados de la libertad, porque estas enfermedades ponen en peligro la salud de todos los internos y el personal de custodia”.

Si bien la organización reconoce que desde el pasado 22 de marzo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) declaró la emergencia carcelaria, rechaza que desde entonces no se han visto más acciones del Gobierno. Por un lado, porque a la fecha el presidente Iván Duque no ha expedido “un decreto que reglamente las condiciones que darán solución a la emergencia, poniendo en riesgo los derechos fundamentales a la salud y vida de todas las personas privadas de la libertad en el territorio de Colombia”. Y, por otro lado, porque no se ha destinado un “rubro adecuado” del presupuesto con el que se combatirá la pandemia para atender la emergencia carcelaria.

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En el documento de 11 páginas que la fundación hizo llegar al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, también citan, por ejemplo, los llamados que esa instancia internacional le ha hecho a Colombia para que solucione la crisis carcelaria y las numerosas sentencias de la Corte Constitucional que han reiterado que en las prisiones se vive una violación constante y permanente de derechos fundamentales (lo que el alto tribunal denomina un estado de cosas inconstitucional). “En cuanto a las recomendaciones, lastimosamente Estado de Colombia ha hecho caso omiso, por lo que, sin duda, se evidencia la vulneración sistemática de derechos humanos por parte del estado, en contra de las personas privadas de la libertad”, asegura la organización.

Por todo esto, le piden a la CIDH y a la recién creada a Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia del COVID-19 que organice una visita “a todos los centros carcelarios del Estado de Colombia en virtud de la emergencia carcelaria que afronta el país”. Además, le solicitan a esa instancia internacional que recomiende seis medidas concretas al Estado colombiano para solucionar esta crisis. Entre ellas están, por ejemplo, encontrar penas alternativas al aprisionamiento para la población que corre mayores riesgos ante la enfermedad. Estos son: mayores de 60 años, personas con patologías preexistentes (como cáncer, sida, diabetes, entre otras), madres con hijos menores de tres años; que, según la fundación, suman el 6% de la población carcelaria en Colombia.

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