Siguen los líos por el edificio Aquarela en Cartagena

En las calles y rincones de Cartagena es un tema obligado para quienes habitan en la ciudad heroica. El juez primero penal del circuito, Fredy Antonio Machado, concluyó que no hay mérito para formular cargos al representante legal ni al arquitecto que impulsaban la construcción del edificio Aquarela, situado en un sector cercano al fuerte de San Felipe de Barajas. Incluso, el funcionario judicial invitó a la Fiscalía a revisar el sentido de su investigación penal. De cualquier manera, la decisión tiene en ascuas a las autoridades de la ciudad y también a 900 familias, que continúan a la espera de saber qué va a pasar con su inversión en esta iniciativa.

Lo que manifestó el juez es que no hay razón para esa investigación, recalcó Gilma Úsuga, vocera del Consorcio Calle 47, encargado del proyecto. Incluso, agregó Úsuga en su informe del pasado 10 de agosto, la Unesco aclaró que Cartagena no está en la lista de lugares de patrimonio en riesgo. La decisión judicial favoreció al representante legal Lucas Tamayo y al arquitecto Claudio Restrepo, quienes fueron declarados ajenos a los delitos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales. De igual modo, la determinación amparó también al curador urbano número 1 de la ciudad, Ronald Llamas, quien también venía siendo investigado.

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Como se sabe, la situación judicial del edificio Aquarela quedó en evidencia luego de que el Ministerio de Cultura interpusiera una acción popular por presunta vulneración de los derechos colectivos. El argumento de la demanda fue que ese proyecto de vivienda, ubicado en un sitio próximo al antiguo fuerte histórico, podría provocar que Cartagena perdiera su condición de Patrimonio Histórico de la Humanidad. La advertencia llegó desde la Unesco a finales de 2017, por medio del informe “Misión de asesoramiento de Icomos a Puerto, Fortalezas y Grupo de Monumentos”. En él se pidió una atención especial sobre los proyectos Aquarela Multifamiliar y Hotel Santa Catalina.

En medio de la controversia, la Procuraduría intervino para que se averiguara la legalidad de la licencia otorgada, al tiempo que la Fiscalía de Cartagena imputó delitos a los tres particulares referidos. Además, se abrió paso un proceso policivo para sellar la obra. Desde entonces, el edificio Aquarela se convirtió en la controversia número uno de la ciudad. La expresión de la Unesco de advertir que la obra puede constituir una “amenaza directa para los atributos de valor universal excepcional de las fortalezas y murallas en Cartagena” se volvió motivo de discordia. Sin embargo, por ahora la justicia no encuentra razones para que el asunto derive en una acción penal.

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“Demoler la torre uno del proyecto Aquarela costaría dos veces el presupuesto anual de educación de Cartagena”, recalcó la vocera del consorcio, Gilma Úsuga, recordando que esa afirmación se repitió varias veces en la V Jornada Mundial de Reflexión sobre Patrimonio y Contemporaneidad que se realizó el pasado partes 28 de agosto en la capital de Bolívar. “El tema aquí no es solamente una torre o un edificio con apartamentos de interés social, realmente estamos ante un asunto mayor que va a generar un antes y un después en el desarrollo urbanístico de Cartagena”, agregó la fuente consultada, quien insistió que los constructores no harán nada que vaya contra la ciudad.

“Este es un proyecto serio que se planteó con todos los permisos, pero que se ha convertido en una avalancha de demandas por parte del Estado”, agregó Úsuga. “Yo creo que Cartagena está gobernada desde afuera y es importante que los cartageneros tomen consciencia de esta realidad”. Gilma Úsuga recordó que los problemas comenzaron cuando el proyecto ya llevaba tres años adelante. Hoy, la obra está paralizada y el asunto se ha convertido en un ir y venir de decisiones judiciales y análisis de documentos, pero sobre todo de incertidumbre para las casi 900 familias que invirtieron en el proyecto de cinco torres y ahora no saben qué va a pasar.

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En criterio de Claudia Fadul, líder de la ciudad, la situación del edificio Aquarela va más allá de la pugna por litigios y trámites en la obra. En su opinión, Cartagena merece que se tomen decisiones responsables y coherentes en todo y especialmente relativas a su patrimonio cultural. “Aquarela significa el irrespeto y la incapacidad de las personas que tienen, por ministerio de la ley, la obligación de velar por la protección de nuestro patrimonio monumental en los ámbitos nacional y local”, manifestó Fadul, quien propuso que la torre sea derribada, no solo porque viola la normativa, sino porque de una vez por todas debe imponerse que la conservación es una obligación que trasciende fronteras.

En las calles y rincones de Cartagena es un tema obligado para quienes habitan en la ciudad heroica. El juez primero penal del circuito, Fredy Antonio Machado, concluyó que no hay mérito para formular cargos al representante legal ni al arquitecto que impulsaban la construcción del edificio Aquarela, situado en un sector cercano al fuerte de San Felipe de Barajas. Incluso, el funcionario judicial invitó a la Fiscalía a revisar el sentido de su investigación penal. De cualquier manera, la decisión tiene en ascuas a las autoridades de la ciudad y también a 900 familias, que continúan a la espera de saber qué va a pasar con su inversión en esta iniciativa.

Lo que manifestó el juez es que no hay razón para esa investigación, recalcó Gilma Úsuga, vocera del Consorcio Calle 47, encargado del proyecto. Incluso, agregó Úsuga en su informe del pasado 10 de agosto, la Unesco aclaró que Cartagena no está en la lista de lugares de patrimonio en riesgo. La decisión judicial favoreció al representante legal Lucas Tamayo y al arquitecto Claudio Restrepo, quienes fueron declarados ajenos a los delitos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales. De igual modo, la determinación amparó también al curador urbano número 1 de la ciudad, Ronald Llamas, quien también venía siendo investigado.

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Como se sabe, la situación judicial del edificio Aquarela quedó en evidencia luego de que el Ministerio de Cultura interpusiera una acción popular por presunta vulneración de los derechos colectivos. El argumento de la demanda fue que ese proyecto de vivienda, ubicado en un sitio próximo al antiguo fuerte histórico, podría provocar que Cartagena perdiera su condición de Patrimonio Histórico de la Humanidad. La advertencia llegó desde la Unesco a finales de 2017, por medio del informe “Misión de asesoramiento de Icomos a Puerto, Fortalezas y Grupo de Monumentos”. En él se pidió una atención especial sobre los proyectos Aquarela Multifamiliar y Hotel Santa Catalina.

En medio de la controversia, la Procuraduría intervino para que se averiguara la legalidad de la licencia otorgada, al tiempo que la Fiscalía de Cartagena imputó delitos a los tres particulares referidos. Además, se abrió paso un proceso policivo para sellar la obra. Desde entonces, el edificio Aquarela se convirtió en la controversia número uno de la ciudad. La expresión de la Unesco de advertir que la obra puede constituir una “amenaza directa para los atributos de valor universal excepcional de las fortalezas y murallas en Cartagena” se volvió motivo de discordia. Sin embargo, por ahora la justicia no encuentra razones para que el asunto derive en una acción penal.

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“Este es un proyecto serio que se planteó con todos los permisos, pero que se ha convertido en una avalancha de demandas por parte del Estado”, agregó Úsuga. “Yo creo que Cartagena está gobernada desde afuera y es importante que los cartageneros tomen consciencia de esta realidad”. Gilma Úsuga recordó que los problemas comenzaron cuando el proyecto ya llevaba tres años adelante. Hoy, la obra está paralizada y el asunto se ha convertido en un ir y venir de decisiones judiciales y análisis de documentos, pero sobre todo de incertidumbre para las casi 900 familias que invirtieron en el proyecto de cinco torres y ahora no saben qué va a pasar.

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En criterio de Claudia Fadul, líder de la ciudad, la situación del edificio Aquarela va más allá de la pugna por litigios y trámites en la obra. En su opinión, Cartagena merece que se tomen decisiones responsables y coherentes en todo y especialmente relativas a su patrimonio cultural. “Aquarela significa el irrespeto y la incapacidad de las personas que tienen, por ministerio de la ley, la obligación de velar por la protección de nuestro patrimonio monumental en los ámbitos nacional y local”, manifestó Fadul, quien propuso que la torre sea derribada, no solo porque viola la normativa, sino porque de una vez por todas debe imponerse que la conservación es una obligación que trasciende fronteras.