“Una alcaldesa lesbiana les dice a niñas y niños discriminados que se puede llegar lejos"

Macarena Saez Torres es una de las abogadas más importantes en el litigio por los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en las Américas. Su trabajo en los tribunales permitió, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos protegiera por primera vez los derechos de las personas con sexualidad diversa con el caso de la jueza Karen Atala en 2012. La justicia le negó a Atala la custodia de sus hijas solo por el hecho de ser lesbiana y ese trato discriminatorio fue reconocido y rechazado por el sistema interamericano de derechos humanos. (La Disidencia | Besos entre lesbianas: el video que no le gustará a Salud Hernández)

Esta semana, Saez estará en Bogotá, junto a otros 39 reconocidos abogados y abogadas de 13 países, para crear la primera red de litigantes en asuntos LGBT de la región, una iniciativa liderada por las organizaciones Colombia Diversa, Promsex, Cattrachas y Dejusticia. “La creación de esta red responde a los desafíos de un mundo globalizado donde han surgido una serie de movimientos y discursos que ponen en riesgo la vida y los derechos de personas LGBT, y donde ya existen experiencias exitosas y retrocesos en distintos países que nos permiten reflexionar, articularnos como litigantes, y buscar la garantía de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en las Américas”, aseguró Colombia Diversa. (Lea aquí “No mató a una mujer, mató a una familia”: familia de trans asesinada)

Integran también esta red Christian Paula, uno de los litigantes del caso de matrimonio igualitario que acaba de fallar favorablemente la Corte Constitucional de Ecuador; Marina Ganzarolli, miembro de la organización que llevó el caso de criminalización de homofobia y transfobia ante el Tribunal Supremo de Brasil; Iván Chanis, quien lidera el litigio de matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Panamá; y la argentina Laura Saldivia, quien asumió el primer caso de cambio de género en menor de edad de las Américas. Por Colombia está Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa; y miembros de Dejusticia como Mauricio Albarracín y Rodrigo Uprimny. (Lea aquí: Por primera vez, Estado colombiano pedirá perdón a lesbiana por discriminarla)

La abogada Macarena Saez habló con El Espectador sobre esta nueva iniciativa, el panorama de los derechos LGBT y la elección de Claudia López, la primera alcaldesa mujer y lesbiana del país.

¿Qué derechos reclamará inicialmente la Red de Litigantes LGBT de las Américas?

No puedo contestar por la alianza, pero puedo decir a título personal que espero ver en el movimiento una preocupación primordial por las poblaciones más marginadas: las personas trans y las personas privadas de libertad. 

¿Qué opina del panorama en Colombia?

Colombia es un país de grandes contrastes. Hay siempre una cierta fragilidad institucional, pero al mismo tiempo el pueblo demuestra una cultura cívica fuerte y se aferra a la democracia y a la paz; un país donde una élite política intenta restringir derechos y al mismo tiempo Bogotá elige a la primera mujer lesbiana de alcaldesa. Me parece que Colombia hoy está en un momento de definiciones, donde la balanza puede inclinarse igualmente hacia la consolidación de un estado de derecho ejemplar, con un modelo exitoso de paz que incluye a todos los grupos históricamente marginados, o bien puede inclinarse hacia un modelo excluyente y represivo. 

¿Por qué son los jueces, y no los legisladores, quienes han permitido avanzar en materia de derechos LGBT en la región?

Colombia ha sido uno de los países de la región con mayor desarrollo de los derechos LGBTI y uno de los primeros en consolidar el derecho a no ser discriminado por orientación sexual en áreas tan importantes como en las fuerzas armadas y la familia. Creo que hay dos factores que influyen en que este desarrollo se haya logrado a través de los tribunales y no de la clase política. La primera, es que la Constitución del 91 sirvió como momento fundacional que dio a juezas y jueces un nuevo modelo de protección de derechos. La figura del amparo permitió a las personas tener una relación directa con la Constitución y reclamar sus derechos directamente.  Eso tuvo como efecto el desarrollo judicial de los derechos en vez de su establecimiento a través del Congreso. El segundo factor es que Colombia tiene una sociedad civil muy sofisticada que ha subido el nivel de la discusión sobre la protección de derechos. Hay sentencias en Colombia muy sofisticadas sobre no discriminación por género y por orientación sexual y ese es el producto de litigios bien elaborados que dejan poco espacio para que los malos argumentos puedan prosperar. 

La Corte Constitucional aprobó en 2016 el matrimonio igualitario en Colombia. / Óscar Pérez- El Espectador

Usted litigó en el histórico caso de Atala Riffo vs Chile, el primer caso LGBT en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo más emocionante de ese proceso?

Lo más emocionante fue que el sistema interamericano declarara que Karen Atala había sido discriminada en base a su orientación sexual. Eso significó que las hijas de Karen pudieran crecer sabiendo que su madre había hecho lo correcto al luchar por su familia. Solo después de eso, pude pensar en las consecuencias más amplias de este caso. Recuerdo haber recibido la sentencia por email cuando iba en un taxi en una ciudad de México, con un amigo colombiano, a dar un taller sobre derechos humanos. Ambos nos abrazamos y él me dijo “gracias” y nos pusimos a llorar. Ya con años desde el litigio, quien realmente debe llevarse todo nuestro agradecimiento es la jueza Karen Atala. Una mujer valiente que sacrificó mucho en este caso y fue muy incomprendida en su momento. Sin ella, no estaríamos hoy tan avanzados, donde peleas que habrían sido inimaginadas hace diez años atrás. 

¿Y lo más difícil?

Traspasar varios mitos: el primero, el infundado mito que las familias homoparentales son peores para la crianza de los niños que las familias heterosexuales; el segundo, que solo existe un modelo de buena madre y que cualquier decisión que toma una madre que pueda afectar siquiera levemente a los hijos la convierte en una mala madre que debe ser castigada. Hablar de discriminación por orientación sexual en el área de derecho de familia era más complicado por esta idea de la madre sacrificada.  Fue muy difícil hacer entender que Karen Atala había perdido la custodia de sus hijas precisamente por su concepto de que la buena madre debía vivir con honestidad frente a sus hijas, sin mentiras sobre quién es su madre, y, por lo mismo, quién es su propia familia. Mas difícil aun que la Corte estableciera que la orientación sexual es una categoría por la que no se puede discriminar, era que la Corte estableciera que no se puede usar el interés superior del niño para discriminar por orientación sexual u otras categorías protegidas. 

¿La decisión de la Corte IDH ha sido realmente vinculante para los países del sistema? ¿La han respetado?

El derecho internacional no funciona igual que el nacional. No hay un mecanismo que obligue al cumplimiento de las sentencias, pero en general pienso que el efecto de la sentencia Atala ha sido muy bueno. Chile cumplió en gran parte la sentencia aun cuando la medida de establecer cursos permanentes para el poder judicial que incluyan derechos LGBTI no ha sido efectivamente cumplida y hay algunos temas pendientes en cuanto a las reparaciones personales.  Sin embargo, en varios países la sentencia Atala ha sido esencial para la consolidación de los derechos LGBTI. Por ejemplo, la Corte Suprema de México y la de Costa Rica, entre otras, han usado el fallo Atala para argumentar algunas de sus sentencias. Obviamente, queda mucho por hacer.

El fallo de la Corte IDH es de 2012. ¿Por qué es tan reciente el pronunciamiento de la Corte IDH en derechos LGBT y no se dio antes?

Ha habido nuevos casos relacionados con orientación sexual y finalmente hay un caso sobre personas trans, pero Costa Rica fue el primer país en pedir una opinión consultiva en esta materia. El desarrollo de los derechos LGBTI toma tiempo no solo porque los litigios son largos o debes tener un país que considere necesario pedirle una opinión consultiva a la Corte IDH. Toman tiempo sobre todo porque hay que ir cambiando la mentalidad.  Se trata de estrategias que van en paralelo y que incluyen litigio, incidencia política, políticas educacionales, etc.  Si se fuerzan los cambios avanzando muy rápido en una de estas estrategias, pero las otras van muy atrás, se arriesga un rechazo con una reacción adversa que puede ser contraproducente. 

El fantasma de la ideología de género sigue siendo usado como capital político en campañas electorales. ¿Qué tanto ha afectado esto las conquistas jurídicas LGBT y cómo combatirlo?

Está muy arraigada la idea de que la familia y la educación de los hijos son espacios en que el derecho no debe meterse. La ideología de género se ha usado para reemplazar un mensaje positivo: todas las familias tienen derecho a ser tratadas con la misma dignidad y debemos educar a nuestros hijos para que sean tolerantes y para que ellos sean aceptados por los demás también, por un mensaje muy negativo: quieren destruir a la familia e intervenir en la crianza de mis hijos. Cualquier idea que parezca poner en riesgo los roles tradicionales hombre-mujer, especialmente dentro del núcleo familiar, se mira por un sector de la población con mucha desconfianza. El desafío está en usar estrategias que refuercen el mensaje positivo. Si la ideología de género busca eliminar las barreras que obligan a hombres y mujeres a comportarse de maneras estereotipadas, pues ¡bienvenida sea!

Colombia eligió recientemente a la primera mujer lesbiana alcaldesa. ¿Por qué es tan importante esa votación para el movimiento LGBT?

Es importante a dos niveles. El primero, porque el gran problema de las personas LGBTI ha sido su total invisibilidad. Si no hay personas de sexualidades diversas en puestos de poder, tanto en la política, como en las profesiones, ente los empresarios, etc, no hay modelos a quienes las nuevas generaciones puedan ver con admiración y quieran aspirar a ser como ellos. Una alcaldesa lesbiana da una señal a las nuevas generaciones de niñas y niños discriminados por su orientación sexual o su identidad de género, que se puede llegar lejos y les genera mayor autoestima para luchar contra la discriminación. En segundo lugar, a nivel de políticas públicas es esencial la diversidad sexual. Nadie puede ver el mundo sino desde donde está situado. No hay políticas correctas de integración por orientación sexual e identidad de género si no hay personas LGBTI donde se toman las decisiones sobre estos temas. 

La nueva alcaldesa de Bogotá fue la candidata de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático.Mauricio Alvarado - El Espectador

Algunas legislaciones han optado por penalizar la discriminación contra personas LGBT, como en Colombia. ¿Cree que son eficientes estas normas?

A mí en general me da mucha desconfianza el uso del derecho penal. Me parece peligroso que quienes trabajamos en derecho humano estemos promoviendo el uso excesivo del derecho penal, un área que históricamente ha sido usada para castigar precisamente a las poblaciones marginadas. No tengo una buena respuesta para tu pregunta porque no sé exactamente cómo está regulada la penalización que mencionas, pero como digo, creo que tenemos un problema a nivel mundial de echarle mano al derecho penal para todo y es en esa área donde se cometen las peores violaciones a derechos humanos.

A las discusiones sobre derechos LGBT muchos llegan con argumentos religiosos y convicciones personales, como pasa por ejemplo en el matrimonio y la adopción igualitaria. ¿Son válidas esas razones o solo debería debatirse desde lo jurídico?

Lo jurídico no se construye en el vacío. Tiene una herencia que recoge convicciones éticas, religiosa y culturales, pero hay límites a lo que puede entrar en el debate. En estados laicos, los argumentos sobre las convicciones religiosas se limitan a la práctica adecuada de la libertad religiosa, pero no se puede prohibir el ejercicio general de derechos con base a convicciones religiosas aun cuando sean las de la mayoría. Es decir, no se puede argumentar que algo se prohíbe porque es un mandato de la Biblia. Las democracias constitucionales se basan en un marco constitucional que debe ser respetado por todos, independiente de sus convicciones religiosas.  

En la mayoría de las facultades de derecho de Colombia no se enseñan temas LGBT ni derechos reproductivos. ¿Es necesario abordarlos desde la academia en nivel pregrado?

El derecho ha sido construido y transmitido por quienes han tenido el poder: en general, hombres blancos con propiedad y privilegios. Hay varios movimientos que paulatinamente han cuestionado el valor del derecho si es que este solo se limita a reproducir las estructuras de poder y ha instalado la necesidad de construir el derecho y reproducirlo, desde la perspectiva de quienes ha sido históricamente marginados de su diseño. Es esencial que las facultades de derecho incorporen en sus mallas curriculares no solo cursos relacionados con las sexualidades diversas y las perspectivas de género, sino que deben incorporar en sus cursos tradicionales la mirada de quienes han sufrido la desprotección del derecho.

Macarena Saez Torres es una de las abogadas más importantes en el litigio por los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en las Américas. Su trabajo en los tribunales permitió, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos protegiera por primera vez los derechos de las personas con sexualidad diversa con el caso de la jueza Karen Atala en 2012. La justicia le negó a Atala la custodia de sus hijas solo por el hecho de ser lesbiana y ese trato discriminatorio fue reconocido y rechazado por el sistema interamericano de derechos humanos. (La Disidencia | Besos entre lesbianas: el video que no le gustará a Salud Hernández)

Esta semana, Saez estará en Bogotá, junto a otros 39 reconocidos abogados y abogadas de 13 países, para crear la primera red de litigantes en asuntos LGBT de la región, una iniciativa liderada por las organizaciones Colombia Diversa, Promsex, Cattrachas y Dejusticia. “La creación de esta red responde a los desafíos de un mundo globalizado donde han surgido una serie de movimientos y discursos que ponen en riesgo la vida y los derechos de personas LGBT, y donde ya existen experiencias exitosas y retrocesos en distintos países que nos permiten reflexionar, articularnos como litigantes, y buscar la garantía de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en las Américas”, aseguró Colombia Diversa. (Lea aquí “No mató a una mujer, mató a una familia”: familia de trans asesinada)

Integran también esta red Christian Paula, uno de los litigantes del caso de matrimonio igualitario que acaba de fallar favorablemente la Corte Constitucional de Ecuador; Marina Ganzarolli, miembro de la organización que llevó el caso de criminalización de homofobia y transfobia ante el Tribunal Supremo de Brasil; Iván Chanis, quien lidera el litigio de matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Panamá; y la argentina Laura Saldivia, quien asumió el primer caso de cambio de género en menor de edad de las Américas. Por Colombia está Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa; y miembros de Dejusticia como Mauricio Albarracín y Rodrigo Uprimny. (Lea aquí: Por primera vez, Estado colombiano pedirá perdón a lesbiana por discriminarla)

La abogada Macarena Saez habló con El Espectador sobre esta nueva iniciativa, el panorama de los derechos LGBT y la elección de Claudia López, la primera alcaldesa mujer y lesbiana del país.

¿Qué derechos reclamará inicialmente la Red de Litigantes LGBT de las Américas?

No puedo contestar por la alianza, pero puedo decir a título personal que espero ver en el movimiento una preocupación primordial por las poblaciones más marginadas: las personas trans y las personas privadas de libertad. 

¿Qué opina del panorama en Colombia?

Colombia es un país de grandes contrastes. Hay siempre una cierta fragilidad institucional, pero al mismo tiempo el pueblo demuestra una cultura cívica fuerte y se aferra a la democracia y a la paz; un país donde una élite política intenta restringir derechos y al mismo tiempo Bogotá elige a la primera mujer lesbiana de alcaldesa. Me parece que Colombia hoy está en un momento de definiciones, donde la balanza puede inclinarse igualmente hacia la consolidación de un estado de derecho ejemplar, con un modelo exitoso de paz que incluye a todos los grupos históricamente marginados, o bien puede inclinarse hacia un modelo excluyente y represivo. 

¿Por qué son los jueces, y no los legisladores, quienes han permitido avanzar en materia de derechos LGBT en la región?

Colombia ha sido uno de los países de la región con mayor desarrollo de los derechos LGBTI y uno de los primeros en consolidar el derecho a no ser discriminado por orientación sexual en áreas tan importantes como en las fuerzas armadas y la familia. Creo que hay dos factores que influyen en que este desarrollo se haya logrado a través de los tribunales y no de la clase política. La primera, es que la Constitución del 91 sirvió como momento fundacional que dio a juezas y jueces un nuevo modelo de protección de derechos. La figura del amparo permitió a las personas tener una relación directa con la Constitución y reclamar sus derechos directamente.  Eso tuvo como efecto el desarrollo judicial de los derechos en vez de su establecimiento a través del Congreso. El segundo factor es que Colombia tiene una sociedad civil muy sofisticada que ha subido el nivel de la discusión sobre la protección de derechos. Hay sentencias en Colombia muy sofisticadas sobre no discriminación por género y por orientación sexual y ese es el producto de litigios bien elaborados que dejan poco espacio para que los malos argumentos puedan prosperar. 

La Corte Constitucional aprobó en 2016 el matrimonio igualitario en Colombia. / Óscar Pérez- El Espectador

Usted litigó en el histórico caso de Atala Riffo vs Chile, el primer caso LGBT en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo más emocionante de ese proceso?

Lo más emocionante fue que el sistema interamericano declarara que Karen Atala había sido discriminada en base a su orientación sexual. Eso significó que las hijas de Karen pudieran crecer sabiendo que su madre había hecho lo correcto al luchar por su familia. Solo después de eso, pude pensar en las consecuencias más amplias de este caso. Recuerdo haber recibido la sentencia por email cuando iba en un taxi en una ciudad de México, con un amigo colombiano, a dar un taller sobre derechos humanos. Ambos nos abrazamos y él me dijo “gracias” y nos pusimos a llorar. Ya con años desde el litigio, quien realmente debe llevarse todo nuestro agradecimiento es la jueza Karen Atala. Una mujer valiente que sacrificó mucho en este caso y fue muy incomprendida en su momento. Sin ella, no estaríamos hoy tan avanzados, donde peleas que habrían sido inimaginadas hace diez años atrás. 

¿Y lo más difícil?

Traspasar varios mitos: el primero, el infundado mito que las familias homoparentales son peores para la crianza de los niños que las familias heterosexuales; el segundo, que solo existe un modelo de buena madre y que cualquier decisión que toma una madre que pueda afectar siquiera levemente a los hijos la convierte en una mala madre que debe ser castigada. Hablar de discriminación por orientación sexual en el área de derecho de familia era más complicado por esta idea de la madre sacrificada.  Fue muy difícil hacer entender que Karen Atala había perdido la custodia de sus hijas precisamente por su concepto de que la buena madre debía vivir con honestidad frente a sus hijas, sin mentiras sobre quién es su madre, y, por lo mismo, quién es su propia familia. Mas difícil aun que la Corte estableciera que la orientación sexual es una categoría por la que no se puede discriminar, era que la Corte estableciera que no se puede usar el interés superior del niño para discriminar por orientación sexual u otras categorías protegidas. 

¿La decisión de la Corte IDH ha sido realmente vinculante para los países del sistema? ¿La han respetado?

El derecho internacional no funciona igual que el nacional. No hay un mecanismo que obligue al cumplimiento de las sentencias, pero en general pienso que el efecto de la sentencia Atala ha sido muy bueno. Chile cumplió en gran parte la sentencia aun cuando la medida de establecer cursos permanentes para el poder judicial que incluyan derechos LGBTI no ha sido efectivamente cumplida y hay algunos temas pendientes en cuanto a las reparaciones personales.  Sin embargo, en varios países la sentencia Atala ha sido esencial para la consolidación de los derechos LGBTI. Por ejemplo, la Corte Suprema de México y la de Costa Rica, entre otras, han usado el fallo Atala para argumentar algunas de sus sentencias. Obviamente, queda mucho por hacer.

El fallo de la Corte IDH es de 2012. ¿Por qué es tan reciente el pronunciamiento de la Corte IDH en derechos LGBT y no se dio antes?

Ha habido nuevos casos relacionados con orientación sexual y finalmente hay un caso sobre personas trans, pero Costa Rica fue el primer país en pedir una opinión consultiva en esta materia. El desarrollo de los derechos LGBTI toma tiempo no solo porque los litigios son largos o debes tener un país que considere necesario pedirle una opinión consultiva a la Corte IDH. Toman tiempo sobre todo porque hay que ir cambiando la mentalidad.  Se trata de estrategias que van en paralelo y que incluyen litigio, incidencia política, políticas educacionales, etc.  Si se fuerzan los cambios avanzando muy rápido en una de estas estrategias, pero las otras van muy atrás, se arriesga un rechazo con una reacción adversa que puede ser contraproducente. 

El fantasma de la ideología de género sigue siendo usado como capital político en campañas electorales. ¿Qué tanto ha afectado esto las conquistas jurídicas LGBT y cómo combatirlo?

Está muy arraigada la idea de que la familia y la educación de los hijos son espacios en que el derecho no debe meterse. La ideología de género se ha usado para reemplazar un mensaje positivo: todas las familias tienen derecho a ser tratadas con la misma dignidad y debemos educar a nuestros hijos para que sean tolerantes y para que ellos sean aceptados por los demás también, por un mensaje muy negativo: quieren destruir a la familia e intervenir en la crianza de mis hijos. Cualquier idea que parezca poner en riesgo los roles tradicionales hombre-mujer, especialmente dentro del núcleo familiar, se mira por un sector de la población con mucha desconfianza. El desafío está en usar estrategias que refuercen el mensaje positivo. Si la ideología de género busca eliminar las barreras que obligan a hombres y mujeres a comportarse de maneras estereotipadas, pues ¡bienvenida sea!

Colombia eligió recientemente a la primera mujer lesbiana alcaldesa. ¿Por qué es tan importante esa votación para el movimiento LGBT?

Es importante a dos niveles. El primero, porque el gran problema de las personas LGBTI ha sido su total invisibilidad. Si no hay personas de sexualidades diversas en puestos de poder, tanto en la política, como en las profesiones, ente los empresarios, etc, no hay modelos a quienes las nuevas generaciones puedan ver con admiración y quieran aspirar a ser como ellos. Una alcaldesa lesbiana da una señal a las nuevas generaciones de niñas y niños discriminados por su orientación sexual o su identidad de género, que se puede llegar lejos y les genera mayor autoestima para luchar contra la discriminación. En segundo lugar, a nivel de políticas públicas es esencial la diversidad sexual. Nadie puede ver el mundo sino desde donde está situado. No hay políticas correctas de integración por orientación sexual e identidad de género si no hay personas LGBTI donde se toman las decisiones sobre estos temas. 

La nueva alcaldesa de Bogotá fue la candidata de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático.Mauricio Alvarado - El Espectador

Algunas legislaciones han optado por penalizar la discriminación contra personas LGBT, como en Colombia. ¿Cree que son eficientes estas normas?

A mí en general me da mucha desconfianza el uso del derecho penal. Me parece peligroso que quienes trabajamos en derecho humano estemos promoviendo el uso excesivo del derecho penal, un área que históricamente ha sido usada para castigar precisamente a las poblaciones marginadas. No tengo una buena respuesta para tu pregunta porque no sé exactamente cómo está regulada la penalización que mencionas, pero como digo, creo que tenemos un problema a nivel mundial de echarle mano al derecho penal para todo y es en esa área donde se cometen las peores violaciones a derechos humanos.

A las discusiones sobre derechos LGBT muchos llegan con argumentos religiosos y convicciones personales, como pasa por ejemplo en el matrimonio y la adopción igualitaria. ¿Son válidas esas razones o solo debería debatirse desde lo jurídico?

Lo jurídico no se construye en el vacío. Tiene una herencia que recoge convicciones éticas, religiosa y culturales, pero hay límites a lo que puede entrar en el debate. En estados laicos, los argumentos sobre las convicciones religiosas se limitan a la práctica adecuada de la libertad religiosa, pero no se puede prohibir el ejercicio general de derechos con base a convicciones religiosas aun cuando sean las de la mayoría. Es decir, no se puede argumentar que algo se prohíbe porque es un mandato de la Biblia. Las democracias constitucionales se basan en un marco constitucional que debe ser respetado por todos, independiente de sus convicciones religiosas.  

En la mayoría de las facultades de derecho de Colombia no se enseñan temas LGBT ni derechos reproductivos. ¿Es necesario abordarlos desde la academia en nivel pregrado?

El derecho ha sido construido y transmitido por quienes han tenido el poder: en general, hombres blancos con propiedad y privilegios. Hay varios movimientos que paulatinamente han cuestionado el valor del derecho si es que este solo se limita a reproducir las estructuras de poder y ha instalado la necesidad de construir el derecho y reproducirlo, desde la perspectiva de quienes ha sido históricamente marginados de su diseño. Es esencial que las facultades de derecho incorporen en sus mallas curriculares no solo cursos relacionados con las sexualidades diversas y las perspectivas de género, sino que deben incorporar en sus cursos tradicionales la mirada de quienes han sufrido la desprotección del derecho.