Una experiencia en la cárcel El Buen Pastor: derechos humanos para romper la rutina
Los recientes brotes de violencia en diferentes cárceles del país manifiestan la tensión por la posibilidad de la entrada del coronavirus, y ponen sobre la mesa las condiciones de precariedad para asumir este y otros retos en los centros penitenciarios. La necesidad de sobrellevar una movilidad reducida se hace un tema frecuente. Semanas antes del aislamiento colectivo, romper con la rutina del encierro fue precisamente una posibilidad para algunas mujeres en esta cárcel a través del diplomado Mujer, Derecho Humanos y participación ciudadana.
María Clara Zea y Henry Ortega*
El confinamiento es una realidad cotidiana para miles de colombianos, ahora la coyuntura de la cuarentena nos hace más cercanos a reflexionar sobre lo que implican las cárceles y las potencialidades como centros formativos y educativos. Las vivencias en las cárceles pasan por las complejidades mismas de la sociedad: identidades diversas, violencias de género, vulnerabilidades y desarticulación con los estamentos que la conforman. Por ello, la experiencia del Diplomado Mujer, Derechos Humanos y Participación Ciudadana muestra como también se debe incluir las cárceles como espacios de construcción de paz, y, por tanto, de cambio y aprendizaje.
(Lea también: Las cárceles y el coronavirus: Cuando estar aislado significa hacinamiento)
El pasado 2 de marzo se inició al Diplomado Mujer, Derechos Humanos y Participación Ciudadana en la Reclusión de Mujeres de Bogotá, también llamada ‘el Buen Pastor’. Dicha iniciativa fue promovida y ejecutada por la Fundación PazÓsfera y el Instituto de Acción Social SERES de la Universidad del Rosario con el apoyo de la Dirección de Atención y Tratamiento del INPEC en el penal. PazÓsfera trabaja desde el 2015 en educación para la paz en colegios y cárceles, actualmente con programas en La Modelo, y con madres gestantes y comunidad terapéutica del centro de mujeres. Por su parte, SERES lleva más de 10 años realizando trabajos de investigación, acción social y formación al interior de los centros penitenciarios del país dirigidos a personal de custodia, población privada de la libertad y pospenados.
El diplomado, que será certificado por la Oficina de Educación Continua de la Universidad del Rosario, esperaba terminar el 18 de marzo con la graduación de sus participantes, pero tuvo que detenerse el viernes 13 de marzo por restricciones de ingreso evitando el brote de coronavirus. De todas formas, faltando tres sesiones el avance fue significativo.
Con las participantes se buscó fortalecer sus conocimientos y capacidades para sortear los apuros de la cárcel, respondiendo a la complejidad de construirse como mujeres desde un centro penitenciario ya que las condiciones cambian en un escenario hostil, pero sus roles como mujeres no: no dejan de ser madres, hijas o parejas, o de tener responsabilidades laborales que deben cumplen allí dentro. “Es importante que ante todo ellas se asuman como agentes de cambio y no como sujetas pasivas en contextos de encierro”, comenta Valentina Villamarín Mor, directora de la Fundación PazÓsfera.
(Le puede interesar: Crisis carcelaria en Colombia: de la falta de política criminal al coronavirus)
El grupo se conformó por 21 mujeres tratando de recoger la diversidad del lugar: las representantes de derechos humanos de los nueve patios de la cárcel, dos mujeres trans, una afrodescendiente, una indígena, adultas mayores, una joven de 18 años, dos madres con sus hijos, una mujer en condición de discapacidad y participantes de comunidades terapéuticas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.
Sus interacciones también estuvieron marcadas por la diferencia en sus tiempos de condena. Mientras que algunas saldrían en las próximas semanas, otras tienen largos periodos e incluso una está en proceso de extradición. En palabras de Villamarín, “restringirse a un espacio determinado está marcado por la dimensión temporal a la que se tenga que hacer frente. Su reloj se ajusta y pasa el tiempo de manera distinta”.
(Lea también: Prevenir la pandemia en cárceles es urgente y requiere medidas urgentes: abogados penalistas)
Aprendizajes
El diplomado se planeó con diez módulos que incluían temas de derechos humanos, derechos económicos, poblaciones excepcionales, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual, cuerpo y memoria y justicia restaurativa. Como espacio formativo, el diplomado se planteó desde el saber contextualizado, priorizando lo práctico sobre lo teórico, y que los aprendizajes se construyeran a la luz de sus realidades en los patios de la prisión con el fin de replicar las herramientas adquiridas en el proceso de formación. “Cada estudiante es uno cuando entra y otro cuando sale, pero esto no solo se debe a que hacen parte de un proceso de formación, también es muy relevante la metodología que se utiliza, que estén enfocadas hacia la práctica y autonomía de la persona”, apunta Marcela Moreno, coordinadora del programa por parte de SERES.Fue útil la coordinación con otras entidades facilitadoras que ya habían trabajado en contextos carcelarios o incluso, conformadas por personas fueron internas anteriormente. Así, el módulo de diversidad sexual fue dirigido por Katalina Ángel Ortiz, mujer trans que durante cuatro años en La Picota hizo frente a las dificultades de su población y de entre varias herramientas logró la creación de la cartilla Cuerpos en prisión, mentes en acción. En salud sexual y reproductiva, con el grupo Medicina Mujer, se encontraron con el tabú de la menstruación, que en cárcel hace frente al desconocimiento de sus cuerpos, prácticas de autocuidado y alternativas para tener una salud sexual y reproductiva digna, dada la escasez de productos de higiene y la dificultad de acceder a ginecología.
(Vea: Diez delitos por los que hay más gente en la cárcel (y que no serían excarcelables por COVID-19))
Desde las demás temáticas se adentraron en maneras de romper las violencias que se atraviesan y “sentirse de nuevo útiles, valoradas, con posibilidad de resarcir sus errores, e incluso con un rostro fuera de la cárcel”. Aprendieron a mapear los focos de conflictos y eventuales soluciones en sus propios patios, la importancia de los derechos de las “poblaciones excepcionales” así no se pertenezca a alguna, y ante todo a ser replicadoras de estos conocimientos y prácticas. “Hay personas que me preguntan y se los cuento. Si alguien se acerca y ‘quiero que me colabore con esto’, recuerdo todo lo que he aprendido y trato de aplicarlo”, comentan las participantes.
Pero, ante todo, fue la oportunidad misma de dar un respiro a su realidad, mientras se aprende a transformarla: “vengo de una rutina, de todos los días lo mismo, y cada momento que vivía aquí trataba de aprovecharlo al máximo. Para mí eran diferentes, era vivir otra cosa, sentirme en otro lugar, que no es la cárcel. Sentirme libre y en familia”.
Afrontar el coronavirus
La posibilidad de contagio no es la única afectación a la población privada de la libertad. El cierre de la cárcel también ocasiona desabastecimiento en implementos que muchas veces ayudaban a suplir familiares en las visitas, en el caso de las mujeres, con elementos de primera necesidad como toallas higiénicas y alimentos. Aunque se habilitaron horarios diferentes y entrega de implementos sin visitas directas, este es un panorama que les preocupa.(Lea también: Denuncian ante la CIDH posible "omisión" de Colombia para prevenir un contagio de coronavirus en cárceles)
En el Buen Pastor unas 17 mujeres se encuentran en estado de embarazo y otra cifra similar convive con sus hijos menores de tres años. Tras el anuncio por covid-19, sus hijas e hijos fueron retirados de la cárcel y se resguardan con sus redes de apoyo o en centros del Instituto de Bienestar Familiar.
El panorama se presenta complejo. Por lo pronto, una vez se llegue a alguna normalidad la situación de salud pública, la idea es poder terminar el diplomado y evaluar el impacto de los aprendizajes previos en estos momentos de suma tensión, esperando un escenario sin tantos balances que lamentar.
*María Clara Zea es antrópologa de la Universidad de Antioquia y Henry Ortega es investigador del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP
El confinamiento es una realidad cotidiana para miles de colombianos, ahora la coyuntura de la cuarentena nos hace más cercanos a reflexionar sobre lo que implican las cárceles y las potencialidades como centros formativos y educativos. Las vivencias en las cárceles pasan por las complejidades mismas de la sociedad: identidades diversas, violencias de género, vulnerabilidades y desarticulación con los estamentos que la conforman. Por ello, la experiencia del Diplomado Mujer, Derechos Humanos y Participación Ciudadana muestra como también se debe incluir las cárceles como espacios de construcción de paz, y, por tanto, de cambio y aprendizaje.
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El pasado 2 de marzo se inició al Diplomado Mujer, Derechos Humanos y Participación Ciudadana en la Reclusión de Mujeres de Bogotá, también llamada ‘el Buen Pastor’. Dicha iniciativa fue promovida y ejecutada por la Fundación PazÓsfera y el Instituto de Acción Social SERES de la Universidad del Rosario con el apoyo de la Dirección de Atención y Tratamiento del INPEC en el penal. PazÓsfera trabaja desde el 2015 en educación para la paz en colegios y cárceles, actualmente con programas en La Modelo, y con madres gestantes y comunidad terapéutica del centro de mujeres. Por su parte, SERES lleva más de 10 años realizando trabajos de investigación, acción social y formación al interior de los centros penitenciarios del país dirigidos a personal de custodia, población privada de la libertad y pospenados.
El diplomado, que será certificado por la Oficina de Educación Continua de la Universidad del Rosario, esperaba terminar el 18 de marzo con la graduación de sus participantes, pero tuvo que detenerse el viernes 13 de marzo por restricciones de ingreso evitando el brote de coronavirus. De todas formas, faltando tres sesiones el avance fue significativo.
Con las participantes se buscó fortalecer sus conocimientos y capacidades para sortear los apuros de la cárcel, respondiendo a la complejidad de construirse como mujeres desde un centro penitenciario ya que las condiciones cambian en un escenario hostil, pero sus roles como mujeres no: no dejan de ser madres, hijas o parejas, o de tener responsabilidades laborales que deben cumplen allí dentro. “Es importante que ante todo ellas se asuman como agentes de cambio y no como sujetas pasivas en contextos de encierro”, comenta Valentina Villamarín Mor, directora de la Fundación PazÓsfera.
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El grupo se conformó por 21 mujeres tratando de recoger la diversidad del lugar: las representantes de derechos humanos de los nueve patios de la cárcel, dos mujeres trans, una afrodescendiente, una indígena, adultas mayores, una joven de 18 años, dos madres con sus hijos, una mujer en condición de discapacidad y participantes de comunidades terapéuticas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.
Sus interacciones también estuvieron marcadas por la diferencia en sus tiempos de condena. Mientras que algunas saldrían en las próximas semanas, otras tienen largos periodos e incluso una está en proceso de extradición. En palabras de Villamarín, “restringirse a un espacio determinado está marcado por la dimensión temporal a la que se tenga que hacer frente. Su reloj se ajusta y pasa el tiempo de manera distinta”.
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Aprendizajes
El diplomado se planeó con diez módulos que incluían temas de derechos humanos, derechos económicos, poblaciones excepcionales, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual, cuerpo y memoria y justicia restaurativa. Como espacio formativo, el diplomado se planteó desde el saber contextualizado, priorizando lo práctico sobre lo teórico, y que los aprendizajes se construyeran a la luz de sus realidades en los patios de la prisión con el fin de replicar las herramientas adquiridas en el proceso de formación. “Cada estudiante es uno cuando entra y otro cuando sale, pero esto no solo se debe a que hacen parte de un proceso de formación, también es muy relevante la metodología que se utiliza, que estén enfocadas hacia la práctica y autonomía de la persona”, apunta Marcela Moreno, coordinadora del programa por parte de SERES.Fue útil la coordinación con otras entidades facilitadoras que ya habían trabajado en contextos carcelarios o incluso, conformadas por personas fueron internas anteriormente. Así, el módulo de diversidad sexual fue dirigido por Katalina Ángel Ortiz, mujer trans que durante cuatro años en La Picota hizo frente a las dificultades de su población y de entre varias herramientas logró la creación de la cartilla Cuerpos en prisión, mentes en acción. En salud sexual y reproductiva, con el grupo Medicina Mujer, se encontraron con el tabú de la menstruación, que en cárcel hace frente al desconocimiento de sus cuerpos, prácticas de autocuidado y alternativas para tener una salud sexual y reproductiva digna, dada la escasez de productos de higiene y la dificultad de acceder a ginecología.
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Desde las demás temáticas se adentraron en maneras de romper las violencias que se atraviesan y “sentirse de nuevo útiles, valoradas, con posibilidad de resarcir sus errores, e incluso con un rostro fuera de la cárcel”. Aprendieron a mapear los focos de conflictos y eventuales soluciones en sus propios patios, la importancia de los derechos de las “poblaciones excepcionales” así no se pertenezca a alguna, y ante todo a ser replicadoras de estos conocimientos y prácticas. “Hay personas que me preguntan y se los cuento. Si alguien se acerca y ‘quiero que me colabore con esto’, recuerdo todo lo que he aprendido y trato de aplicarlo”, comentan las participantes.
Pero, ante todo, fue la oportunidad misma de dar un respiro a su realidad, mientras se aprende a transformarla: “vengo de una rutina, de todos los días lo mismo, y cada momento que vivía aquí trataba de aprovecharlo al máximo. Para mí eran diferentes, era vivir otra cosa, sentirme en otro lugar, que no es la cárcel. Sentirme libre y en familia”.
Afrontar el coronavirus
La posibilidad de contagio no es la única afectación a la población privada de la libertad. El cierre de la cárcel también ocasiona desabastecimiento en implementos que muchas veces ayudaban a suplir familiares en las visitas, en el caso de las mujeres, con elementos de primera necesidad como toallas higiénicas y alimentos. Aunque se habilitaron horarios diferentes y entrega de implementos sin visitas directas, este es un panorama que les preocupa.(Lea también: Denuncian ante la CIDH posible "omisión" de Colombia para prevenir un contagio de coronavirus en cárceles)
En el Buen Pastor unas 17 mujeres se encuentran en estado de embarazo y otra cifra similar convive con sus hijos menores de tres años. Tras el anuncio por covid-19, sus hijas e hijos fueron retirados de la cárcel y se resguardan con sus redes de apoyo o en centros del Instituto de Bienestar Familiar.
El panorama se presenta complejo. Por lo pronto, una vez se llegue a alguna normalidad la situación de salud pública, la idea es poder terminar el diplomado y evaluar el impacto de los aprendizajes previos en estos momentos de suma tensión, esperando un escenario sin tantos balances que lamentar.
*María Clara Zea es antrópologa de la Universidad de Antioquia y Henry Ortega es investigador del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP