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La Corte Constitucional debate este jueves la posibilidad de ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, por ahora, va hasta junio de 2021. El debate lo planteó una demanda que presentó el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo,quien considera que de no extenderla, todo una estrategia pública para atención y reparación a las víctimas se caería sin que todavía se hayan cumplido sus fines y, con un factor adicional: lo allí planteado tiene relación directa con la implementación del Acuerdo de Paz. 37 organizaciones de víctimas están molestas porque, a pesar de haberlo pedido, no fueron citadas a participar en la audiencia pública.
Las organizaciones explicaron que el pasado 6 de septiembre habían pedido al alto tribunal que las tuviera en cuenta y que, no hacerlo, limita "la participación de las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, en especial de las que actualmente son solicitantes y reclamantes de tierras. Consideramos inaceptable que se niegue la participación a las víctimas dentro de la audiencia (...) Citar una audiencia sobre el futuro de una ley creada para satisfacer los derechos de las víctimas mientras se excluye un sector de ellas es inconcebible y contrario a los postulados constitucionales que establecen la participación de las víctimas en todos los escenarios que nos involucran".
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Este pronunciamiento lo firman el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar); el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda; la Corporación Jurídica Libertad; la Corporación Jurídica Yira Castro; la Fundación Nydia Erika Bautista y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, entre otros. "La exclusión no permite enriquecer los debates existentes y brindar elementos para el estudio constitucional de la Ley 1448 de 2011, próxima a cumplir su plazo de vigencia", aseguraron en un comunicado.
"Si bien ya se incluyó la participación del Representante de la Mesa Nacional de Víctimas, la diversidad del universo de víctimas no se agota allí y, especialmente, las víctimas de crímenes de Estado hemos tenido que soportar históricamente barreras de acceso y participación a este tipo de escenarios institucionales. Instamos al Estado Colombiano, pero especialmente a la Corte Constitucional para que se garantice el trato digno e igualitario hacia las víctimas, esto incluye no solo su deber y derecho a participar, si no que de igual manera debe respetar sus derechos a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición", agrega la petición.
Este caso está en manos del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien decidió que la audiencia tenga tres ejes temáticos. Uno sobre si, jurídicamente, el alto tribunal puede para ampliar la vigencia de una ley. Otro, sobre la relación entre la ley y las normas sobre la paz y uno más sobre el impacto que tendría para los derechos de las víctimas del conflicto que la ley finalice en 2021. En concreto, la Corte se pregunta: ¿Qué dimensiones del acuerdo final dependen de la vigencia de la Ley de Víctimas?
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La audiencia también versará sobre el estado actual de la ley, los avances y obstáculos, en relación con la ayuda humanitaria, la asistencia y atención a víctimas y el proceso de restitución de tierras. Y, en consecuencia, sobre posibles alternativas para la continuación de estos procesos en caso de la Ley de Víctimas pierda vigencia y el impacto que ello tendría sobre el estado de cosas inconstitucionales que declaró la misma Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado en el año 2004.
A la audiencia están citados el defensor del Pueblo, Carlos Negret; el procurador General, Fernando Carrillo; el Representante del Alto Comisionado de la ONU, Alberto Brunori; al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; la presidenta de la JEP, Patricia Linares; al experto Rodrigo Uprimny; al excomisionado de Paz; Sergio Jaramillo; y al senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez que, como se recordará, en su gobierno se opuso inicialmente al trámite de la ley alegando -para esa fecha-que no había conflicto. No obstante, el exmandatario no acudirá a la cita y, en cambio, lo hará José Obdulio Gaviria.
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Aemás, están citados alto consejero para la Estabilización, Emilio José Archila; el director para la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez; el director de la Unidad de Restitución; Andrés Castro; un representante de la Mesa Nacional de Víctimas; y la vocera del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Rocío Peña.
De acuerdo con la demanda que presentó el exministro Cristo, "el Estado no puede permitir, si se trata de respetar la Constitución, es que el simple paso del tiempo extinga el más importante instrumento de protección de derechos de las víctimas con que se cuenta en la actualidad, el cual se integra, como bien lo establece el Acto Legislativo 1 de 2017, a los otros mecanismos pactados en el Acuerdo Final de Paz, como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es por ello que la cláusula de temporalidad contenida en el artículo 208 de la ley 1448 de 2011 adolece de una inconstitucionalidad sobrevenida”.