Bolivia busca un “mecanismo de reparación” para víctimas de pederastia
A raíz de denuncias contra sacerdotes católicos, algunos ya fallecidos, estalló un escándalo por violación a menores en ese país.
El Gobierno boliviano habló este viernes sobre un “mecanismo de reparación” para las víctimas de pederastia y abusos sexuales tras las recientes denuncias en contra de varios sacerdotes, algunos ya fallecidos, y que son investigadas por el Ministerio Público.
“La posición del Gobierno es que se va a investigar hasta encontrar resultados y hasta que la justicia pueda obrar en ese sentido, como un mecanismo de reparación, que es lo que menos podemos hacer, reparación a todos aquellos por entonces niños, adolescentes que se han visto afectados en su dignidad”, manifestó el vocero presidencial, Jorge Richter.
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El vocero indicó que el “Gobierno boliviano va a seguir de cerca las investigaciones” y que “preocupa que no haya una voluntaria colaboración, rápida y diligente” de parte de la Conferencia Episcopal de Bolivia que, según dijo, “conocían de esta situación”.
“El Gobierno tiene esta posición y vamos a seguir con ello, vamos a patrocinar e impulsar las investigaciones que correspondan”, recalcó.
El medio español El País publicó hace unos días una investigación que realizó con testimonios de víctimas y allegados sobre un diario del jesuita español Alfonso Pedrajas en el que habla de su vida y parece hacer un recuento sobre los presuntos abusos a decenas de niños y adolescentes bolivianos, cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Bolivia, desde 1971.
El caso de Pedrajas, que murió en 2009, ha provocado en Bolivia que se denuncien a otros sacerdotes que presuntamente también abusaron de menores.
En febrero de 2019 EFE dio a conocer el caso de Luis María Roma, ya fallecido, mediante una denuncia de un exmiembro de la Compañía de Jesús que pidió el anonimato y que basó las acusaciones en una treintena de fotografías explícitas en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre 6 a 12 años.
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La Fiscalía de Bolivia ha recibido hasta ahora ocho denuncias por pederastia en contra de sacerdotes y esta semana allanó las instalaciones de la Compañía de Jesús y dispuso la reserva de las investigaciones de presuntos abusos sexuales a menores.
Además, en esta jornada un tribunal boliviano ordenó la detención preventiva por tres meses del sacerdote Milton Murillo, acusado de abuso sexual.
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El Gobierno boliviano habló este viernes sobre un “mecanismo de reparación” para las víctimas de pederastia y abusos sexuales tras las recientes denuncias en contra de varios sacerdotes, algunos ya fallecidos, y que son investigadas por el Ministerio Público.
“La posición del Gobierno es que se va a investigar hasta encontrar resultados y hasta que la justicia pueda obrar en ese sentido, como un mecanismo de reparación, que es lo que menos podemos hacer, reparación a todos aquellos por entonces niños, adolescentes que se han visto afectados en su dignidad”, manifestó el vocero presidencial, Jorge Richter.
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El vocero indicó que el “Gobierno boliviano va a seguir de cerca las investigaciones” y que “preocupa que no haya una voluntaria colaboración, rápida y diligente” de parte de la Conferencia Episcopal de Bolivia que, según dijo, “conocían de esta situación”.
“El Gobierno tiene esta posición y vamos a seguir con ello, vamos a patrocinar e impulsar las investigaciones que correspondan”, recalcó.
El medio español El País publicó hace unos días una investigación que realizó con testimonios de víctimas y allegados sobre un diario del jesuita español Alfonso Pedrajas en el que habla de su vida y parece hacer un recuento sobre los presuntos abusos a decenas de niños y adolescentes bolivianos, cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Bolivia, desde 1971.
El caso de Pedrajas, que murió en 2009, ha provocado en Bolivia que se denuncien a otros sacerdotes que presuntamente también abusaron de menores.
En febrero de 2019 EFE dio a conocer el caso de Luis María Roma, ya fallecido, mediante una denuncia de un exmiembro de la Compañía de Jesús que pidió el anonimato y que basó las acusaciones en una treintena de fotografías explícitas en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre 6 a 12 años.
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