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La sala I de la Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva dictado en septiembre pasado contra la expresidenta Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque seguirá libre por ser senadora y tener fueros. Se trata del escándalo de corrupción más importante en la historia de Argentina.
La Cámara Federal de Buenos Aires, encargada de resolver los recursos planteados por las defensas de los imputados, también confirmó la imputación contra el ya detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, informaron a Efe fuentes judiciales.
El Tribunal, además, decidió embargarle 1.500 millones de pesos argentinos a la exmandataria, quien fue acusada no solo de dirigir una asociación ilícita, sino de ser responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar sobornos).
Tanto a él como a la exmandataria se les acusa de ser organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la conocida como causa de "los cuadernos de la corrupción".
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Desde que surgió el escándalo, principios de agosto, decenas de importantes empresarios y exfuncionarios han sido procesados -algunos declarados imputados "arrepentidos"- y muchos han reconocido ante el juez de instrucción, Claudio Bonadio, la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Entre los empresarios involucrados está además Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, y el padre y el hermano del mandatario, Franco y Gianfranco Macri, respectivamente, fueron también llamados a declarar.
El caso surgió después de que llegasen a la Justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Óscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
El conductor señalaba cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios, para ser repartidos a los funcionarios implicados.
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Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, y De Vido.
Bonadio señaló durante la instrucción que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, "en la mayoría de las oportunidades", en vehículos conducidos por Centeno.
A partir de ello, según el juez, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios", que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita": Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.