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Nicaragua canceló el miércoles la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, con lo que todos sus bienes pasan al Estado, una semana después de confiscarle una universidad por acusaciones de “terrorismo”.
En una nueva acción contra la Iglesia Católica, una resolución del ministerio de Gobernación (Interior) privó de personalidad jurídica a la orden jesuita, argumentando que estaba en “incumplimiento con sus obligaciones”.
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La resolución dice que los jesuitas no reportaron sus estados financieros entre 2020 y 2022, ni los detalles de ingresos y egresos, además de que “tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020″.
El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica y varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales.
La resolución firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el diario oficial La Gaceta, señala que con los incumplimientos de la ley, la directiva de la Compañía de Jesús “obstaculiza el control y vigilancia” por parte de las autoridades.
Además, afirma que la orden religiosa no promueve “políticas de transparencia en el control y manejo de la asociación” ni de la revisión de las mismas por las autoridades.
Hace una semana, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) suspendió sus actividades luego de que un tribunal de Managua ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.
Al menos dos colegios pagados en Managua, el Loyola y el Centroamérica, eran manejados por la Compañía de Jesús, la misma orden a la que pertenece el papa Francisco.
Además, los jesuitas gestionaban varias escuelas gratuitas o de bajo costo en el país.
Los bienes muebles e inmuebles de la orden pasan a manos del Estado de conformidad con el reglamento de la ley 1115, que regula el funcionamiento de las asociaciones, según la resolución.
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- Reemplazo de universidad -
La orden jesuita contaba con personalidad jurídica desde 1995 y estaba inscrita como asociación sin fines de lucro en el ministerio de Gobernación.
El sábado pasado, agentes judiciales y policiales desalojaron a seis sacerdotes de la Compañía de Jesús de una residencia contigua a la universidad con el fin de confiscar el inmueble.
Después de la confiscación de la UCA, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), organización rectora de las universidades de Nicaragua, canceló su autorización para operar y decidió la creación de una universidad estatal para funcionar en su lugar.
El ministerio también canceló la personalidad jurídica de la UCA, fundada en 1960, en cuyas instalaciones el CNU juramentó el viernes a las autoridades de la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
En las cancelaciones de personalidad jurídica por incumplimiento a la Ley 1115, la Procuraduría General de la República se encarga de oficio del traspaso de los bienes al Estado de Nicaragua.
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El obispo Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022, fue condenado en febrero a 26 años de cárcel por menoscabar la integridad nacional, entre otros cargos.
En marzo, el Papa Francisco se mostró “preocupado” y “entristecido” por la situación en Nicaragua, especialmente por el obispo Álvarez y por la deportación de 222 opositores a Estados Unidos. Además, el pontífice argentino consideró que Nicaragua tenía una “dictadura guaranga” (grosera).
Ortega replicó poco después asegurando que una “mafia” era la encargada de escoger a los papas y otros jerarcas católicos, y propuso que éstos fueran elegidos por voto popular.
La Compañía de Jesús, fundada en el siglo XVI por el español Ignacio de Loyola, es una de las mayores órdenes católicas.
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