El lucrativo negocio de los refugios para migrantes en EE. UU.

Southwest Key Programs, una organización sin fines de lucro, ha ganado por lo menos US$955 millones por contratos federales desde 2015 para dirigir refugios y proporcionar otros servicios a los menores migrantes bajo custodia federal. Su refugio para niños migrantes en un antiguo Walmart en el sur de Texas ha sido el foco del escrutinio nacional, pero Southwest Key es sólo uno de los actores en el mundo secreto y lucrativo del negocio de refugios para migrantes. Cerca de 12 contratistas gestionan más de 30 instalaciones sólo en Texas, con muchos otros contratados para aproximadamente 100 refugios en otros 16 estados.

Si hay un centro de refugios para migrantes en Estados Unidos, muy probablemente se ubica en la región del Valle del Río Grande, que abarca cuatro condados, en el sur de Texas, donde cerca de 12 refugios ocupan antiguas tiendas, escuelas y centros médicos. Son de los mayores proveedores de empleos en la región, aunque lo que sucede en el interior de los refugios a menudo es altamente confidencial: un grupo hace que los empleados firmen acuerdos de confidencialidad, algo más propio del mundo corporativo y sus grandes riesgos que de centros de cuidado infantil sin fines de lucro.

La reciente separación de unos 2.300 menores de sus familias bajo la política de “cero tolerancia” del gobierno de Trump para quienes cruzan la frontera sin documentos ha puesto a esta industria antes invisible bajo los reflectores en las últimas semanas, pues las imágenes de niños pequeños y adolescentes arrebatados de sus padres y detenidos detrás de puertas con candado han desatado una lluvia de fuego política. La orden del presidente Donald Trump para que se detengan juntas a las familias probablemente generará millones de dólares más en contratos para los operadores de refugios privados, las constructoras y los contratistas de defensa.

Ver más: "No hay que permitir que esta gente (inmigrantes) lleguen a este país, dice Trump

Una pequeña red de empresas de prisiones privadas ya está operando centros de detención familiar en Texas y Pensilvania, y es probable que esas instalaciones se expandan bajo la nueva directiva presidencial, en caso de que soporte la revisión legal, dijeron los analistas.

La gama de contratistas que trabajan en la industria de los refugios para migrantes varía ampliamente.

BCFS, una red global de grupos no lucrativos, ha recibido por lo menos US$179 millones por contratos federales desde 2015 bajo el llamado programa gubernamental de menores extranjeros no acompañados, diseñado para hacerse cargo de los menores migrantes que llegan al país sin un padre o algún otro familiar. Muchos de los contratistas, algunos de los cuales son organizaciones con afiliación religiosa y agencias de manejo de emergencias, como Catholic Charities, ven su trabajo como ayuda humanitaria para los niños más vulnerables del mundo.

Sin embargo, varios contratistas de defensa y firmas de seguridad importantes también están construyendo una presencia en el sistema, incluyendo a General Dynamics, la empresa global aeroespacial y de defensa, y MVM Inc., que hasta 2008 firmó contratos con el gobierno para proporcionar guardias en Irak. Recientemente, MVM anunció oportunidades de empleo para “trabajadores bilingües para el cuidado de jóvenes en viajes” en la zona de McAllen, en el sur de Texas. En la descripción de los empleos se hablaba de cuidar a niños migrantes “mientras los acompañas en vuelos nacionales y transportación terrestre a refugios por todo el país”.

Ver más: Celdas de migrantes, un problema que no es nuevo en EE.UU. 

El negocio de los refugios para migrantes ha estado floreciendo desde que la separación de familias comenzó a hacerse a gran escala el mes pasado en la frontera sur de EE. UU.

Durante años, incluyendo algunos del gobierno de Obama, los contratistas albergaron a niños atrapados mientras cruzaban la frontera sin documentos y sin la compañía de un padre o cuidador. Tras la nueva política, los contratistas agregaron más camas y se expandieron más allá de sus capacidades autorizadas para alojar al creciente número de niños que el gobierno separó de sus familias. Sólo en Texas, 15 refugios han recibido dispensas de funcionarios estatales para expandirse, incluyendo la adición de espacios para dormitorios y baños, con lo que ha aumentado la capacidad autorizada en Texas de cerca de 4.500 a casi 5.300 niños.

La prisa de los refugios por albergar a la ola de menores, y cobrar por ello, los ha convertido en nuevos blancos de los demócratas, los defensores de migrantes y una serie ruidosa de funcionarios locales, estatales y federales, además de líderes comunitarios.

Muchos de estos contratistas, incluyendo a Southwest Key, cuyo presidente y director general, Juan Sánchez, ha sido un figura muy conocida y con conexiones políticas en el sur de Texas durante varios años, se consideraban a sí mismos los buenos de la película durante todos los años en los que dieron refugio, casa y educación a jóvenes que habían cruzado la frontera solos. Sin embargo, conforme la base de sus clientes ha incluido cada vez más a menores separados a la fuerza de sus padres, esa buena voluntad pública se ha erosionado.

Ver más: ¿A dónde van a parar los niños inmigrantes en EE. UU.?

Los críticos han divulgado registros fiscales que muestran que la remuneración a Sánchez —de más de US$770.000 sólo en 2015— y los esfuerzos de su organización, por lo general realizados por debajo del agua, para abrir nuevos refugios se ha estado discutiendo en batallas públicas. En Houston, varios funcionarios demócratas, incluyendo al alcalde Sylvester Turner, han pedido a Sánchez abandonar sus planes de convertir un antiguo refugio para vagabundos en un nuevo refugio para jóvenes migrantes cerca del centro. Turner y otros dijeron que pedirán a los reguladores estatales negar la licencia a las instalaciones propuestas para cuidado infantil.

Algunos han manifestado su preocupación respecto de que las ansias por expandirse hagan difícil la gestión adecuada del albergue y cuidado de bebés, niños pequeños y adolescentes, todos los cuales presentan una serie de complejos problemas emocionales, legales y de salud. En los últimos años, varios refugios para menores migrantes se han visto implicados en problemas que la gente desconoce: violaciones al código contra incendios, demandas por abuso y quejas de empleados que hablan de rescisiones injustas y salarios no pagados.

El refugio en el antiguo Walmart no aprobó dos de las 12 inspecciones sobre incendios, incluyendo problemas con el sistema de rociadores, pero aprobó la inspección más reciente realizada este mes. Los funcionarios estatales han investigado acusaciones de abuso sexual y supervisión negligente en muchas instalaciones.

Los directivos de los refugios y sus simpatizantes, así como algunos funcionarios federales, dicen que respaldan la gestión de los contratistas, su responsabilidad fiscal y su misión en general.

“Nuestro crecimiento es una respuesta directa a la llegada de los niños a las fronteras”, dijo Alexia Rodríguez, la vicepresidenta de servicios a los niños migrantes de Southwest Key.

La mayoría de las miles de posibles violaciones investigadas cada año son reportadas por el personal mismo de Southwest Key a los funcionarios de licencias estatales, quienes llevan a cabo una investigación y deciden si hubo o no una violación. En su caso, dijo Rodríguez, los miembros del personal bajo investigación se suspenden hasta conocer los resultados.

Las aproximadamente 150 deficiencias citadas en los tres últimos años provienen de miles de posibles violaciones, la mayoría de las cuales fueron informadas por Southwest Key, dijo Rodríguez. “Quizá reportamos de más. Pero lo crucial es cómo responde una empresa a un posible incidente”, dijo. “Puedo decir que nunca hemos tenido una deficiencia que no se haya abordado de manera adecuada”.

Aunque Southwest Key ha llamado la atención debido a la política del gobierno de Trump de separar a las familias en la frontera, sólo el diez % de los niños en sus instalaciones fueron separados de sus familiares. La gran mayoría de los niños bajo su cuidado llegaron solos a Estados Unidos como menores no acompañados, provenientes sobre todo de Guatemala y El Salvador.

La capacidad de este grupo para brindar refugio ha aumentado de manera significativa: en 2010, podía albergar hasta 500 niños al día en diez refugios. Ahora puede atender a 5.000 niños en 26 refugios. El reciente aumento en separaciones de familias incrementó la demanda en sus instalaciones.

Ver más: ¿Dónde están los 1.475 niños inmigrantes a los que EE. UU. les perdió el rastro?

Los gestores de refugios para migrantes dicen que se ha considerado erróneamente que alojan a los menores en el tipo de instalaciones sobrepobladas que están en los cruces fronterizos, donde se procesa inicialmente a los migrantes.

Los albergues en las instalaciones como las de Southwest Key por lo general incluyen dormitorios, aulas y centros médicos y terapéuticos.

“Si alguna vez pusiéramos a un niño en una jaula, nos clausurarían por maltrato infantil”, dijo Rodriguez. “La gente está confundiéndonos con las instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza, que forma parte de la Seguridad Nacional. Nosotros trabajamos con el área de servicios sociales del gobierno federal. No somos parte de la procuración de justicia”.

2018 New York Times News Service

Southwest Key Programs, una organización sin fines de lucro, ha ganado por lo menos US$955 millones por contratos federales desde 2015 para dirigir refugios y proporcionar otros servicios a los menores migrantes bajo custodia federal. Su refugio para niños migrantes en un antiguo Walmart en el sur de Texas ha sido el foco del escrutinio nacional, pero Southwest Key es sólo uno de los actores en el mundo secreto y lucrativo del negocio de refugios para migrantes. Cerca de 12 contratistas gestionan más de 30 instalaciones sólo en Texas, con muchos otros contratados para aproximadamente 100 refugios en otros 16 estados.

Si hay un centro de refugios para migrantes en Estados Unidos, muy probablemente se ubica en la región del Valle del Río Grande, que abarca cuatro condados, en el sur de Texas, donde cerca de 12 refugios ocupan antiguas tiendas, escuelas y centros médicos. Son de los mayores proveedores de empleos en la región, aunque lo que sucede en el interior de los refugios a menudo es altamente confidencial: un grupo hace que los empleados firmen acuerdos de confidencialidad, algo más propio del mundo corporativo y sus grandes riesgos que de centros de cuidado infantil sin fines de lucro.

La reciente separación de unos 2.300 menores de sus familias bajo la política de “cero tolerancia” del gobierno de Trump para quienes cruzan la frontera sin documentos ha puesto a esta industria antes invisible bajo los reflectores en las últimas semanas, pues las imágenes de niños pequeños y adolescentes arrebatados de sus padres y detenidos detrás de puertas con candado han desatado una lluvia de fuego política. La orden del presidente Donald Trump para que se detengan juntas a las familias probablemente generará millones de dólares más en contratos para los operadores de refugios privados, las constructoras y los contratistas de defensa.

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Una pequeña red de empresas de prisiones privadas ya está operando centros de detención familiar en Texas y Pensilvania, y es probable que esas instalaciones se expandan bajo la nueva directiva presidencial, en caso de que soporte la revisión legal, dijeron los analistas.

La gama de contratistas que trabajan en la industria de los refugios para migrantes varía ampliamente.

BCFS, una red global de grupos no lucrativos, ha recibido por lo menos US$179 millones por contratos federales desde 2015 bajo el llamado programa gubernamental de menores extranjeros no acompañados, diseñado para hacerse cargo de los menores migrantes que llegan al país sin un padre o algún otro familiar. Muchos de los contratistas, algunos de los cuales son organizaciones con afiliación religiosa y agencias de manejo de emergencias, como Catholic Charities, ven su trabajo como ayuda humanitaria para los niños más vulnerables del mundo.

Sin embargo, varios contratistas de defensa y firmas de seguridad importantes también están construyendo una presencia en el sistema, incluyendo a General Dynamics, la empresa global aeroespacial y de defensa, y MVM Inc., que hasta 2008 firmó contratos con el gobierno para proporcionar guardias en Irak. Recientemente, MVM anunció oportunidades de empleo para “trabajadores bilingües para el cuidado de jóvenes en viajes” en la zona de McAllen, en el sur de Texas. En la descripción de los empleos se hablaba de cuidar a niños migrantes “mientras los acompañas en vuelos nacionales y transportación terrestre a refugios por todo el país”.

Ver más: Celdas de migrantes, un problema que no es nuevo en EE.UU. 

El negocio de los refugios para migrantes ha estado floreciendo desde que la separación de familias comenzó a hacerse a gran escala el mes pasado en la frontera sur de EE. UU.

Durante años, incluyendo algunos del gobierno de Obama, los contratistas albergaron a niños atrapados mientras cruzaban la frontera sin documentos y sin la compañía de un padre o cuidador. Tras la nueva política, los contratistas agregaron más camas y se expandieron más allá de sus capacidades autorizadas para alojar al creciente número de niños que el gobierno separó de sus familias. Sólo en Texas, 15 refugios han recibido dispensas de funcionarios estatales para expandirse, incluyendo la adición de espacios para dormitorios y baños, con lo que ha aumentado la capacidad autorizada en Texas de cerca de 4.500 a casi 5.300 niños.

La prisa de los refugios por albergar a la ola de menores, y cobrar por ello, los ha convertido en nuevos blancos de los demócratas, los defensores de migrantes y una serie ruidosa de funcionarios locales, estatales y federales, además de líderes comunitarios.

Muchos de estos contratistas, incluyendo a Southwest Key, cuyo presidente y director general, Juan Sánchez, ha sido un figura muy conocida y con conexiones políticas en el sur de Texas durante varios años, se consideraban a sí mismos los buenos de la película durante todos los años en los que dieron refugio, casa y educación a jóvenes que habían cruzado la frontera solos. Sin embargo, conforme la base de sus clientes ha incluido cada vez más a menores separados a la fuerza de sus padres, esa buena voluntad pública se ha erosionado.

Ver más: ¿A dónde van a parar los niños inmigrantes en EE. UU.?

Los críticos han divulgado registros fiscales que muestran que la remuneración a Sánchez —de más de US$770.000 sólo en 2015— y los esfuerzos de su organización, por lo general realizados por debajo del agua, para abrir nuevos refugios se ha estado discutiendo en batallas públicas. En Houston, varios funcionarios demócratas, incluyendo al alcalde Sylvester Turner, han pedido a Sánchez abandonar sus planes de convertir un antiguo refugio para vagabundos en un nuevo refugio para jóvenes migrantes cerca del centro. Turner y otros dijeron que pedirán a los reguladores estatales negar la licencia a las instalaciones propuestas para cuidado infantil.

Algunos han manifestado su preocupación respecto de que las ansias por expandirse hagan difícil la gestión adecuada del albergue y cuidado de bebés, niños pequeños y adolescentes, todos los cuales presentan una serie de complejos problemas emocionales, legales y de salud. En los últimos años, varios refugios para menores migrantes se han visto implicados en problemas que la gente desconoce: violaciones al código contra incendios, demandas por abuso y quejas de empleados que hablan de rescisiones injustas y salarios no pagados.

El refugio en el antiguo Walmart no aprobó dos de las 12 inspecciones sobre incendios, incluyendo problemas con el sistema de rociadores, pero aprobó la inspección más reciente realizada este mes. Los funcionarios estatales han investigado acusaciones de abuso sexual y supervisión negligente en muchas instalaciones.

Los directivos de los refugios y sus simpatizantes, así como algunos funcionarios federales, dicen que respaldan la gestión de los contratistas, su responsabilidad fiscal y su misión en general.

“Nuestro crecimiento es una respuesta directa a la llegada de los niños a las fronteras”, dijo Alexia Rodríguez, la vicepresidenta de servicios a los niños migrantes de Southwest Key.

La mayoría de las miles de posibles violaciones investigadas cada año son reportadas por el personal mismo de Southwest Key a los funcionarios de licencias estatales, quienes llevan a cabo una investigación y deciden si hubo o no una violación. En su caso, dijo Rodríguez, los miembros del personal bajo investigación se suspenden hasta conocer los resultados.

Las aproximadamente 150 deficiencias citadas en los tres últimos años provienen de miles de posibles violaciones, la mayoría de las cuales fueron informadas por Southwest Key, dijo Rodríguez. “Quizá reportamos de más. Pero lo crucial es cómo responde una empresa a un posible incidente”, dijo. “Puedo decir que nunca hemos tenido una deficiencia que no se haya abordado de manera adecuada”.

Aunque Southwest Key ha llamado la atención debido a la política del gobierno de Trump de separar a las familias en la frontera, sólo el diez % de los niños en sus instalaciones fueron separados de sus familiares. La gran mayoría de los niños bajo su cuidado llegaron solos a Estados Unidos como menores no acompañados, provenientes sobre todo de Guatemala y El Salvador.

La capacidad de este grupo para brindar refugio ha aumentado de manera significativa: en 2010, podía albergar hasta 500 niños al día en diez refugios. Ahora puede atender a 5.000 niños en 26 refugios. El reciente aumento en separaciones de familias incrementó la demanda en sus instalaciones.

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Los gestores de refugios para migrantes dicen que se ha considerado erróneamente que alojan a los menores en el tipo de instalaciones sobrepobladas que están en los cruces fronterizos, donde se procesa inicialmente a los migrantes.

Los albergues en las instalaciones como las de Southwest Key por lo general incluyen dormitorios, aulas y centros médicos y terapéuticos.

“Si alguna vez pusiéramos a un niño en una jaula, nos clausurarían por maltrato infantil”, dijo Rodriguez. “La gente está confundiéndonos con las instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza, que forma parte de la Seguridad Nacional. Nosotros trabajamos con el área de servicios sociales del gobierno federal. No somos parte de la procuración de justicia”.

2018 New York Times News Service