El tribunal que manda en Venezuela

La Asamblea Nacional padece la maldición cíclica de Sísifo: cada vez que ejecuta una acción, se ve forzada a recomenzar porque un mandato mayor deshace su éxito. De modo que cualquiera de sus actos no es más que simbólico. Este martes, el plenario de la Asamblea se reunirá en Caracas para discutir el “estado constitucional” del mandato de Nicolás Maduro y se repetirá la historia de los últimos meses: nada de lo que diga o haga la mayoría opositora tendrá alguna validez.

En su sesión del domingo, la Asamblea llegó a un acuerdo de nueve puntos. Declaraba, entre otros asuntos, que en Venezuela se había roto el orden constitucional después de que la recolección de firmas para el revocatorio contra Maduro fue suspendida. Pedía a la comunidad internacional su apoyo para restablecer los derechos de los ciudadanos y aseguraba que elegiría a tres rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de estar viciado hacia el chavismo, y que designaría a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que también acusan de ser chavistas. (Lea: Venezuela: 14 años de diálogos)

Este martes la Asamblea se reunirá para debatir el acuerdo aprobado el domingo. El entusiasmo, sin embargo, dura poco. En la práctica, todas las decisiones de la Asamblea nacen muertas puesto que el TSJ la declaró en desacato (por la posesión de tres diputados cuya elección fue rebatida). Ninguna decisión que tome la Asamblea, de mayoría opositora (112 diputados de la Mesa de Unidad Democrática frente a 55 del chavismo), tendrá efecto jurídico.

En este momento es el TSJ el organismo que se encarga de tramitar las leyes sin la participación de los diputados.

El TSJ (que es el equivalente de la Corte Suprema en Colombia) está conformado por 32 magistrados, divididos en seis salas. Hasta finales del año pasado, el Tribunal era un personaje tras bambalinas: aunque siempre se había asegurado que estaba en el bolsillo del chavismo, no había tomado una relevancia pública, porque la mayoría legislativa estaba también en manos del PSUV, la formación de Maduro. Pero en diciembre del año pasado, la oposición ganó la mayoría en la Asamblea y el mandatario por primera vez, desde que el chavismo llegó al poder, se preguntó cómo podía detener a los diputados si ahora era minoría.

Había dos posibles soluciones. Por un lado, Maduro podía desatender a la Asamblea, quitarle su inmunidad a través del TSJ y desarmar todo ese órgano. Era una solución muy conflictiva; lo hubiera comprometido demasiado. En cambio, veinte días después de las elecciones y antes de que la nueva AN tomara posesión, la mayoría todavía chavista nombró a 13 magistrados y a 21 suplentes. Entonces, denunciaba la oposición, Maduro puso de su parte al organismo que se encarga justamente de anular o aprobar las decisiones de la Asamblea. Es decir, el presidente tiene en sus manos el filtro final de cada proyecto de ley que haga trámite en el hemiciclo.

Desde entonces comenzó un enfrentamiento entre los poderes legislativo y judicial, que pervive. La oposición aprobó una ley de amnistía para presos políticos; el TSJ la tumbó. La oposición aprobó una ley para la emergencia sanitaria; el TSJ la declaró inconstitucional. Según datos de la Asamblea, de diez proyectos sancionados, seis han sido anulados por el TSJ. En ese sentido, el tribunal se ha convertido en una suerte de “para-asamblea” que le permite al chavismo saltarse la aprobación de los diputados. Según Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea, la relación entre el TSJ y Maduro es tan cercana que se estarían preparando una serie de medidas cautelares para proteger los derechos políticos de Maduro, de modo que no exista forma (aunque, en realidad, ya no existe) de retirarlo de la Presidencia.

Hoy insistirán en probar los orígenes colombianos (y por ende su nacionalidad) de Nicolás Maduro. Aunque los diputados comprueben que el mandatario no es venezolano, el TSJ ya atajó ese camino: en mayo, el Tribunal sentenció que no interesa que un funcionario público tenga dos nacionalidades para ejercer su cargo, con tal de que “la venezolana sea la que prime”. Ante los alegatos de los diputados de que Maduro se saltaba a la Asamblea a la hora de tomar decisiones, el TSJ aseguró que en ciertas ocasiones puede hacerlo y que su vinculación no es obligatoria.

El oficialismo asegura que los poderes son independientes y que todas las decisiones del TSJ se han tomado siguiendo el reglamento constitucional. El acto más reciente de ese poder es la ley de presupuesto. Dado que la Asamblea está en “desacato”, la TSJ se apropió de su función de designar el presupuesto nacional del año próximo.

Los diputados esperan “restablecer el orden constitucional”, como declararon el domingo, a través de la restitución de los rectores del CNE y de los magistrados. Pero cualquier nombramiento que hagan, así esté en sus funciones, no tendrá efecto.

La Asamblea Nacional padece la maldición cíclica de Sísifo: cada vez que ejecuta una acción, se ve forzada a recomenzar porque un mandato mayor deshace su éxito. De modo que cualquiera de sus actos no es más que simbólico. Este martes, el plenario de la Asamblea se reunirá en Caracas para discutir el “estado constitucional” del mandato de Nicolás Maduro y se repetirá la historia de los últimos meses: nada de lo que diga o haga la mayoría opositora tendrá alguna validez.

En su sesión del domingo, la Asamblea llegó a un acuerdo de nueve puntos. Declaraba, entre otros asuntos, que en Venezuela se había roto el orden constitucional después de que la recolección de firmas para el revocatorio contra Maduro fue suspendida. Pedía a la comunidad internacional su apoyo para restablecer los derechos de los ciudadanos y aseguraba que elegiría a tres rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de estar viciado hacia el chavismo, y que designaría a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que también acusan de ser chavistas. (Lea: Venezuela: 14 años de diálogos)

Este martes la Asamblea se reunirá para debatir el acuerdo aprobado el domingo. El entusiasmo, sin embargo, dura poco. En la práctica, todas las decisiones de la Asamblea nacen muertas puesto que el TSJ la declaró en desacato (por la posesión de tres diputados cuya elección fue rebatida). Ninguna decisión que tome la Asamblea, de mayoría opositora (112 diputados de la Mesa de Unidad Democrática frente a 55 del chavismo), tendrá efecto jurídico.

En este momento es el TSJ el organismo que se encarga de tramitar las leyes sin la participación de los diputados.

El TSJ (que es el equivalente de la Corte Suprema en Colombia) está conformado por 32 magistrados, divididos en seis salas. Hasta finales del año pasado, el Tribunal era un personaje tras bambalinas: aunque siempre se había asegurado que estaba en el bolsillo del chavismo, no había tomado una relevancia pública, porque la mayoría legislativa estaba también en manos del PSUV, la formación de Maduro. Pero en diciembre del año pasado, la oposición ganó la mayoría en la Asamblea y el mandatario por primera vez, desde que el chavismo llegó al poder, se preguntó cómo podía detener a los diputados si ahora era minoría.

Había dos posibles soluciones. Por un lado, Maduro podía desatender a la Asamblea, quitarle su inmunidad a través del TSJ y desarmar todo ese órgano. Era una solución muy conflictiva; lo hubiera comprometido demasiado. En cambio, veinte días después de las elecciones y antes de que la nueva AN tomara posesión, la mayoría todavía chavista nombró a 13 magistrados y a 21 suplentes. Entonces, denunciaba la oposición, Maduro puso de su parte al organismo que se encarga justamente de anular o aprobar las decisiones de la Asamblea. Es decir, el presidente tiene en sus manos el filtro final de cada proyecto de ley que haga trámite en el hemiciclo.

Desde entonces comenzó un enfrentamiento entre los poderes legislativo y judicial, que pervive. La oposición aprobó una ley de amnistía para presos políticos; el TSJ la tumbó. La oposición aprobó una ley para la emergencia sanitaria; el TSJ la declaró inconstitucional. Según datos de la Asamblea, de diez proyectos sancionados, seis han sido anulados por el TSJ. En ese sentido, el tribunal se ha convertido en una suerte de “para-asamblea” que le permite al chavismo saltarse la aprobación de los diputados. Según Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea, la relación entre el TSJ y Maduro es tan cercana que se estarían preparando una serie de medidas cautelares para proteger los derechos políticos de Maduro, de modo que no exista forma (aunque, en realidad, ya no existe) de retirarlo de la Presidencia.

Hoy insistirán en probar los orígenes colombianos (y por ende su nacionalidad) de Nicolás Maduro. Aunque los diputados comprueben que el mandatario no es venezolano, el TSJ ya atajó ese camino: en mayo, el Tribunal sentenció que no interesa que un funcionario público tenga dos nacionalidades para ejercer su cargo, con tal de que “la venezolana sea la que prime”. Ante los alegatos de los diputados de que Maduro se saltaba a la Asamblea a la hora de tomar decisiones, el TSJ aseguró que en ciertas ocasiones puede hacerlo y que su vinculación no es obligatoria.

El oficialismo asegura que los poderes son independientes y que todas las decisiones del TSJ se han tomado siguiendo el reglamento constitucional. El acto más reciente de ese poder es la ley de presupuesto. Dado que la Asamblea está en “desacato”, la TSJ se apropió de su función de designar el presupuesto nacional del año próximo.

Los diputados esperan “restablecer el orden constitucional”, como declararon el domingo, a través de la restitución de los rectores del CNE y de los magistrados. Pero cualquier nombramiento que hagan, así esté en sus funciones, no tendrá efecto.