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Horas antes de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, arremetiera en su conferencia matutina contra cuatro medios de comunicación porque no le gustaba la cobertura a su gobierno, sujetos hasta ahora no identificados entraron por la fuerza a la casa de la periodista Lydia Cacho, mataron a sus dos perras y se robaron archivos, cámaras, memorias digitales y una computadora con material relacionado con sus investigaciones.
Las dos noticias circularon el lunes 22 de julio y el contraste evidenció las dificultades para la prensa mexicana en el nuevo gobierno. El ejercicio libre y seguro del periodismo en México es todavía una esperanza que López Obrador no ha convertido en realidad.
La semana pasada la redacción del periódico Monitor de Parral, en Chihuahua, fue atacada con bombas molotov, lo que obligó al diario a dejar de publicar la edición impresa y noticias sobre crímenes. Y, en solo cuatro días, fueron asesinados tres periodistas: Rogelio Barragán, Édgar Navas y Celestino Ruiz.
En los ocho meses que López Obrador lleva en el gobierno, ha descalificado investigaciones periodísticas que revelaron comportamientos inadecuados de funcionarios de su gobierno o enfoques que no le gustan y por los que ha llenado a la prensa con adjetivos como “fifí”, “mentirosa”, “conservadora” o el “hampa del periodismo”.
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Hay quienes defienden la política de comunicación de AMLO, pues argumentan que “las mañaneras” son un ejercicio inédito de apertura, una dinámica que ha desterrado las viejas prácticas de censura, que el presidente solo está expresando el hartazgo popular hacia la prensa corrompida y tiene derecho a defenderse. Pero es inevitable considerar que la hostilidad verbal del político tabasqueño alimenta también los ciberataques feroces y los reclamos de ciudadanos a los reporteros de ser enemigos de la llamada “Cuarta Transformación” y sirve de coartada para los gobernadores y alcaldes que califican de corruptos a los medios independientes para asegurar su impunidad.
Uno de los reclamos del presidente fue a la revista Proceso —una publicación históricamente crítica con el poder— por no “portarse bien” con él. Aclaró que los buenos periodistas son aquellos que toman partido y apoyan las grandes transformaciones. La referencia de AMLO del buen periodismo pertenece a la antigua tradición de editorialistas militantes al servicio de un proyecto político, como ocurrió durante la guerra de Reforma en el siglo XIX y durante la Revolución mexicana, a inicios del XX.
Por lo mismo, su exhortación significa un rechazo a lo que ha costado más de un siglo forjar: una prensa que busca la imparcialidad, la independencia y ser el contrapeso a cualquier gobierno sin importar el signo ideológico. Es también un estatequieto al periodismo de investigación independiente que —en medio de dificultades y peligros— ha revelado escándalos de corrupción estatal que contribuyeron al clima de hartazgo ciudadano que López Obrador capitalizó en su triunfo electoral. Aplicado hoy a su gobierno, ese cuestionamiento le resulta incómodo y lo fustiga en cualquier oportunidad.
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El llamado presidencial a “portarse bien” resulta ominoso al recordar que el mismo pedido fue hecho en 2015 por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte —preso actualmente— mientras ese estado se convertía en el más mortífero para ser periodista y México en lo que es hoy: el país más peligroso del mundo para ejercer el oficio.
Era imposible pensar que con el cambio de gobierno esa inercia violenta contra la prensa se frenara repentinamente. Pero ante las esperanzas generadas por el triunfo electoral del líder de izquierda que creó su propio partido para poner un alto a los poderes fácticos a los que llama “la mafia del poder”, nadie esperaba lo opuesto: que fuera a empeorar. Desde que empezó su gestión, diez periodistas han sido asesinados por motivos relacionados con su profesión; a este ritmo, 2019 podría convertirse en el año más sangriento para la prensa mexicana.
De manera equivocada y hasta contraproducente, el debate en México gira en torno a lo que es una prensa “bien portada” y no sobre qué implica tener a una prensa amenazada, hostigada o diezmada por el poder político, económico o criminal o sus múltiples combinaciones. Una muestra del poco interés del gobierno a esta realidad está en el presupuesto: en el país donde entierran a más periodistas al año que los países en guerra, el fomento al beisbol recibió más dinero que el mecanismo federal que debe proteger a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
López Obrador debe poner el ejemplo de lo que significa el respeto a la libertad de expresión, no solo al dejar de hostigar a la prensa, también al implementar acciones concretas. El presidente debe asegurar el pleno funcionamiento del sistema de protección de periodistas —el mecanismo de protección para amenazados y la fiscalía especializada en investigar los delitos contra la prensa—; empujar a los gobiernos estatales a responder con efectividad cuando se trata de prevenir e investigar las agresiones contra periodistas o medios y acabar con la impunidad de los delitos contra periodistas para que no se repitan.
Marcela Turati es periodista, cofundadora de Periodistas de a Pie y Quinto Elemento Lab y colaboradora de la revista semanal Proceso. Javier Garza es periodista y asesor de medios en seguridad. Es exdirector de El Siglo de Torreón, un diario que sufrió ataques armados, toma de rehenes y amenazas.