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El origen de los disturbios se debe a la cancelación de los subsidios a los combustibles por parte del gobierno, lo que desencadenó una estrepitosa subida de precios. En cuestión de horas el galón de diesel pasó de US$1,03 a US$2,27, mientras que la gasolina "extra" subió de US$1,85 a US$2,30 por galón. Los valores, según quedó estipulado por el ejecutivo ecuatoriano se tasarán a partir de los precios internacionales.
En marzo pasado Ecuador llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se estipuló que contará con créditos por US $4.209 millones que se harán disponibles en un plazo de tres años. Esto implicó que el gobierno tenía que dejar de destinar US $1.400 millones al diésel y la gasolina extra.
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La medida, según el ministro de Economía, Richard Martínez, “dará un alivio a la caja fiscal muy fuerte y eso va a permitir que nosotros podamos empezar a cumplir las obligaciones de una manera mucho más efectiva". Tras el acuerdo con el FMI, el déficit fiscal de Ecuador para 2019, que superaba los US $1.500 millones, descendió a unos US $230 millones.
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Los primeros resultados de la medida son desastrosos. A las manifestaciones, que iniciaron con la participación de transportadores y taxistas, se sumaron colectivos indígenas y universitarios en las grandes ciudades del país. Los enfrentamientos dejaron más de 350 detenidos en un día, incluyendo varios líderes del movimiento que actualmente están siendo investigados, según informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo: "Jorge Calderón —líder taxista— fue detenido por el delito de paralización de servicio público. Será puesto de inmediato a órdenes de la justicia", aseguró en su cuenta de Twitter, incluyendo el artículo del Código Integral Penal (COIP) relativo a la paralización de servicios públicos, castigada con prisión de 1 a 3 años.
De acuerdo a Romo, unas 3.000 personas participaron en actos vandálicos y en saqueos durante la tarde del jueves; sin embargo, la forma como el gobierno ha actuado, es uno de los puntos más criticados por los manifestantes y hasta por organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales han denunciado un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. La Cruz Roja de Ecuador afirmó: "Rechazamos las agresiones de las cuales hemos sido víctimas durante las últimas horas en contra del personal humanitario que brindaba atención prehospitalaria en nuestras ambulancias. ¡Somos neutrales, imparciales e independientes!".
Las consecuencias del Estado de Excepción
Lenín Moreno declaró que imponía el mecanismo "para controlar a quienes pretenden imponer el caos como el mecanismo de conseguir algo. Ese tiempo ya pasó".
En pocas palabras, el Estado de Excepción le permite al gobierno ecuatoriano restringir derechos como el de la libre circulación, emplear la fuerza armada para el control público o imponer la censura previa a la prensa.
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Las primeras consecuencias llegaron ayer mismo, cuando el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó: "Tenemos en todo el país organizados 293 equipos para trabajar y 90 equipos de fuerza de reacción inmediata para apoyar a esos equipos. El trabajo coordinado de Policía y Fuerzas Armadas se mantendrá hasta que termine el estado de excepción y la normalidad vuelva". El hecho podría tardar, pues, si las protestas y los desórdenes públicos continúan, el presidente puede solicitar una extensión de la medida por otros 30 días.