Venezuela: Las denuncias sobre los violentos abusos en las minas de oro ilegales

Residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como “sindicatos” y grupos armados colombianos con presencia en la zona, señaló hoy la ONG Human Rights Watch.

“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como reservas de coltán y uranio. Aunque el gobierno ha anunciado iniciativas para atraer inversiones para la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal, buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, incluido Bolívar, es ilegal, y una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando.

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Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas.

De hecho, de acuerdo con HRW, estos grupos armados "parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación", para mantener un férreo control de las poblaciones locales.

La organización internacional entrevistó a varias personas que trabajaron en estas minas entre el 2018 y el 2019 y dieron con testimonios en los que se cuentan que una gran cantidad de minas en Bolívar están bajo el férreo control de sindicatos venezolanos o de grupos armados colombianos como el ELN y grupos disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Las personas entrevistadas también señalaron que las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividades de minería ilegal.

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Los grupos armados, que en la práctica están a cargo de las minas y los pueblos que se han formado en los alrededores, aplican sus normas con brutalidad. “Todo el mundo sabe las reglas”, dijo una residente. “Si robas oro o lo mezclas con otro producto, el pran [líder del sindicato] te golpea o te mata”. Otro dijo: “Son como el gobierno ahí… Si roban, los desaparecen”.

De hecho, cuatro residentes señalaron haber visto a miembros de un sindicato amputarles las manos o dispararle a las manos a personas que supuestamente habían robado. Varios otros residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.

Ricardo Gómez*, de 49 años, trabajó en una mina cerca de Las Claritas entre enero y octubre de 2017, y cuenta cómo vivió uno de estos episodios violentos.

"Una minera tomó 10 gramos de oro de otro trabajador con el que había mantenido relaciones sexuales. Miembros del sindicato capturaron a la mujer, la ataron a un árbol y le cortaron la cabeza con una motosierra y descuartizaron el cuerpo frente a otros residentes. Tengo todo grabado en mi mente”, afirmó Gómez. “Me fui de la mina atemorizado”, agregó.

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Mientras que un joven de 17 años contó haber visto a miembros del sindicato amputar dedo por dedo de las manos de un minero acusado de haber robado oro, antes de amputarle lo que quedaba de ambas manos. Dijo que lo hicieron frente a otros mineros para que “todos pudieran ver”.

Si bien las autoridades venezolanas han anunciado operativos para detener a personas implicadas en minería ilegal, incluidos algunos funcionarios públicos, no han brindado información pública sobre acciones tendientes a investigar y castigar delitos que constituyen violaciones de derechos humanos.

De hecho, organizaciones locales e internacionales han reportado que gran parte del oro extraído en Venezuela, y del que se beneficia el gobierno de Nicolás Maduro, es ilegal. 

Si bien parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando y presuntamente llegaría a países como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza. La cantidad total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal.

*Alianza informativa con Human Rights Watch

Residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como “sindicatos” y grupos armados colombianos con presencia en la zona, señaló hoy la ONG Human Rights Watch.

“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como reservas de coltán y uranio. Aunque el gobierno ha anunciado iniciativas para atraer inversiones para la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal, buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, incluido Bolívar, es ilegal, y una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando.

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Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas.

De hecho, de acuerdo con HRW, estos grupos armados "parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación", para mantener un férreo control de las poblaciones locales.

La organización internacional entrevistó a varias personas que trabajaron en estas minas entre el 2018 y el 2019 y dieron con testimonios en los que se cuentan que una gran cantidad de minas en Bolívar están bajo el férreo control de sindicatos venezolanos o de grupos armados colombianos como el ELN y grupos disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Las personas entrevistadas también señalaron que las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividades de minería ilegal.

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Los grupos armados, que en la práctica están a cargo de las minas y los pueblos que se han formado en los alrededores, aplican sus normas con brutalidad. “Todo el mundo sabe las reglas”, dijo una residente. “Si robas oro o lo mezclas con otro producto, el pran [líder del sindicato] te golpea o te mata”. Otro dijo: “Son como el gobierno ahí… Si roban, los desaparecen”.

De hecho, cuatro residentes señalaron haber visto a miembros de un sindicato amputarles las manos o dispararle a las manos a personas que supuestamente habían robado. Varios otros residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.

Ricardo Gómez*, de 49 años, trabajó en una mina cerca de Las Claritas entre enero y octubre de 2017, y cuenta cómo vivió uno de estos episodios violentos.

"Una minera tomó 10 gramos de oro de otro trabajador con el que había mantenido relaciones sexuales. Miembros del sindicato capturaron a la mujer, la ataron a un árbol y le cortaron la cabeza con una motosierra y descuartizaron el cuerpo frente a otros residentes. Tengo todo grabado en mi mente”, afirmó Gómez. “Me fui de la mina atemorizado”, agregó.

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Mientras que un joven de 17 años contó haber visto a miembros del sindicato amputar dedo por dedo de las manos de un minero acusado de haber robado oro, antes de amputarle lo que quedaba de ambas manos. Dijo que lo hicieron frente a otros mineros para que “todos pudieran ver”.

Si bien las autoridades venezolanas han anunciado operativos para detener a personas implicadas en minería ilegal, incluidos algunos funcionarios públicos, no han brindado información pública sobre acciones tendientes a investigar y castigar delitos que constituyen violaciones de derechos humanos.

De hecho, organizaciones locales e internacionales han reportado que gran parte del oro extraído en Venezuela, y del que se beneficia el gobierno de Nicolás Maduro, es ilegal. 

Si bien parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando y presuntamente llegaría a países como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza. La cantidad total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal.

*Alianza informativa con Human Rights Watch