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Brian Kemp, firmó este martes una ley que prohíbe abortar si se detecta el latido del corazón del feto, una norma que fue declarada inconstitucional en enero tras aprobarse en Iowa y que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) recurrirá.
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Actualmente, en el estado de Georgia una mujer puede realizar un aborto hasta la semana 20 de su embarazo, pero la nueva legislación considera ilegal toda interrupción del embarazo si se detecta el latido del corazón fetal, algo que sucede a la sexta semana, cuando la mujer aún puede no saber de su embarazo.
"La norma es muy simple pero también muy poderosa: Es una declaración de que toda vida tiene valor, importa y es digna de protección", dijo el republicano Kemp en declaraciones a los medios de comunicación locales al firmar la ley en el Capitolio estatal.
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La organización ACLU ya ha anunciado que recurrirá la ley porque "prohibirá el aborto seguro, legal y criminalizará la decisión más íntima que toman las mujeres y las parejas".
Uno de los legisladores estatales republicanos que ha impulsado la iniciativa, Ed Setzler, ha calificado en sus intervenciones pasadas el aborto como "procedimiento bárbaro".
Asimismo, Setzler consideró que "existen muchas otras opciones para las mujeres, incluida la adopción y la píldora de la mañana siguiente".
Varias mujeres se vistieron con cofia blanca y delantal como en las comunidades menonitas y llevaron a cabo una protesta silenciosa con carteles que indicaban "confíe en las mujeres", según informaron los medios de comunicación locales.
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Esta ley antiaborto es la más restrictiva de EE.UU. y se aprobó anteriormente en el estado de Iowa, aunque ahora mismo está paralizada por un juzgado.
El juez del condado de Polk Michael Huppert consideró esa norma "contraria al derecho, contemplado como fundamental en la Constitución de Iowa, de una mujer para decidir si interrumpe un embarazo".
Así, el magistrado citó varios casos anteriores en los que un tribunal federal -de mayor rango- del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos indicó en 2015 y 2016 que este tipo de normativa era anticonstitucional.