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“¡Ricky, renuncia!”, fue el grito que durante doce días se escuchó en todos los rincones de Puerto Rico y que el miércoles a medianoche fue acatado por el gobernador, Ricardo Rosselló, conocido como Ricky, quien en un mensaje de poco más de diez minutos anunció: “Mi renuncia se hará efectiva a partir del 2 de agosto”. Ricky es el primer gobernador en renunciar en la historia de la isla y lo hace por cuenta de la protesta social.
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Durante dos semanas, miles de puertorriqueños salieron a las calles para protestar por un penoso chat en la red Telegram, en el que el gobernador y sus colaboradores insultan y se burlan de compañeros de partido, oposición, mujeres y miembros de la comunidad LGBTI, además de las víctimas del huracán María y por el manejo de las finanzas de la isla. Aunque en su mensaje de renuncia Rosselló aseguró que Puerto Rico estaba en un camino de progreso inédito gracias a su “trabajo arduo y desinteresado”, lo cierto es que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está quebrado: el gobernador se va, pero deja una deuda de cerca de US$75.000 millones y una gestión “dudosa”.
Rosselló es uno de los hijos de otro gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló (1993-2001), con poca experiencia política. Ricky fue campeón de tenis, deportista olímpico y asesor de campañas de su padre, pero su pasión siempre fueron la bioingeniería y la neurobiología. Se formó en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), donde encabezó proyectos de servicios comunitarios, y en las universidades de Míchigan y Duke (Carolina del Norte). Como investigador, trabajó en el diseño de medicinas contra el cáncer en el Centro Médico de Duke y en el Instituto Médico Howard Hughes (Maryland). Es decir que manejar el Gobierno de la isla no era lo suyo y a pesar de eso ganó las elecciones en 2017.
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Y aunque no hay que culpar de todos los males de la isla a Ricardo Rosselló, pues cuando asumió el cargo tuvo que enfrentarse a la crítica situación de las finanzas públicas, con una deuda de más de US$72.000 millones, cuya gestión estaba intervenida y dirigida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por el Congreso estadounidense, el gobernador no hizo mucho para frenar el mal manejo de recursos y la corrupción. Rosselló tuvo que declarar a la isla en bancarrota en marzo de 2017, pues el país arrastraba una recesión gravísima desde 2008.
Lo que pasó en Puerto Rico va más allá del humillante chat, que llevó a artistas como Residente, Bad Bunny, Daddy Yankee, Ricky Martin (objeto de burlas en el chat) y Nicky Jam, entre otros, a promover las marchas. La convulsión social y política que sacudió a ese país, la más grave de su historia reciente, tiene una raíz más profunda y quizá no termine este viernes. Muchos han anunciado que seguirán en las calles exigiendo el fin de gobiernos corruptos. Muchos vieron en Puerto Rico la versión caribeña de la Primavera Árabe, las protestas populares que llevaron a la renuncia a varios presidentes de países árabes.
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Durante la gestión de Rosselló, la recesión y la falta de empleo provocaron un éxodo de puertorriqueños muy alto, que aumentó aun más después del huracán María. La población disminuyó de 3,8 millones en 2006 a menos de 3,2 millones en 2018, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, que sitúa el índice de pobreza en 44 %. El desempleo fue del 8,5 % en mayo de 2019, más del doble de la tasa nacional estadounidense, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Según el analista puertorriqueño Luis R. Dávila-Colón, “estamos en el medio de una revolución”. “Para los que no aceptan, niegan y juraban que esto no podía pasar en Puerto Rico comprendan: estamos en el medio de una revolución y las revoluciones son incontrolables y suelen tener vida y voluntad propia, con consecuencias no imaginadas. El peligro es que salgan un Robespierre y jacobinos”, escribió en su cuenta de Twitter.
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La corrupción
Hace apenas un mes se conocía una trama de corrupción al amparo de Rosselló y el Partido Nuevo Progresista, al que han pertenecido diez de los últimos trece gobernadores de la isla. Resulta que Julia Keleher, secretaria de Educación de Puerto Rico, y Ángela Ávila-Marrero, directora del Sistema de Salud, fueron arrestadas, junto con tres contratistas de obras públicas y un empresario, acusadas de entregar contratos públicos a empresas dirigidas por sus amigos que no estaban calificados para las tareas encomendadas. Además, otros cuatro exfuncionarios del equipo de Rosselló fueron acusados de conspiración para cometer fraude, robo y lavado de dinero.
El 24 de junio de 2019, Rosselló destituyó al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, por hacer unas declaraciones a la prensa —sin comunicárselo previamente al gobernador— en las que el funcionario aseguraba haber sido objeto de una extorsión y de la existencia de una red de corrupción. A partir de esa fecha se desencadenaron una serie de acontecimientos que han llevado a una crisis institucional sin precedentes.
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Antes, al gobernador lo habían acusado de dilapidar el dinero que llegó tras el huracán María, que azotó la isla en septiembre de 2017 y causó la muerte de 2.975 personas, según un estudio encargado por el Gobierno y publicado casi un año después. El balance fue un shock, ya que la cifra manejada antes por el Gobierno era de 64 muertos. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Harvard señaló que en realidad los muertos ascendían a 4.600.
Tras la mortal tormenta, las familias de la isla pasaron un promedio de 84 días sin electricidad, 64 días sin agua y 41 días sin cobertura de teléfono celular, según investigaciones. María provocó alrededor de US$90.000 millones en daños, clasificándose como el tercer huracán más costoso en Estados Unidos desde 1900. A Rosselló lo acusaron de haber realizado una pésima gestión de los recursos, no brindar la ayuda que necesitaban los damnificados y retrasar la recuperación. Golpeados por la tragedia, los isleños se dedicaron a sobrevivir y no le reclamaron a su gobernador.
(En contexto: Casi 3.000 muertos por huracán María, según estudio encargado por Puerto Rico)
El único que criticó con dureza a Ricardo Rosselló fue Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien dijo que la situación de Puerto Rico tras el paso del huracán era culpa de la “pésima gestión del gobernador”. Hoy Trump saca partido de sus críticas y afirma que él fue lo mejor que le pudo pasar a Puerto Rico: “Los líderes en lo más alto de Puerto Rico son completa y gravemente incompetentes, y muy corruptos”, afirmó y los acusó de “despilfarrar, malgastar y robar” los fondos federales para la reconstrucción de la isla tras el paso de María.
En su mensaje de renuncia Rosselló pintó otro panorama, pero pocos le creen. Aunque defendió su gestión con cifras y un repaso de los programas y avances durante su administración (dijo que había nombrado a más mujeres que cualquier otra administración en cargos de responsabilidad y que había respaldado la lucha de la comunidad LGBTI), lo cierto es que Puerto Rico es hoy un país con muchos problemas.
Con su renuncia, Rosselló evita un juicio político, pues un equipo jurídico encontró que el gobernador cometió cinco delitos al participar en el chat de Telegram, cuatro de ellos graves, como aprovechamiento ilícito de trabajos y malversación de fondos públicos. Otros abogados dicen que la participación de Rosselló en las conversaciones que están dirigidas a perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado puede constituir una violación al delito federal de conspiración.
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El mismo Rosselló anunció que a partir del 2 de agosto, cuando se hará efectiva su renuncia, será reemplazado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Por mandato constitucional debería de ser el secretario de Estado, Luis Rivera, pero eso no fue posible debido a que se vio obligado a renunciar, por ser uno de los integrantes del chat que desembocó en la crisis institucional que vive la isla desde hace once días.
Pero mientras llega el 2 de agosto y Rosselló deja la Gobernación, los boricuas seguirán en pie de lucha. Ayer lo demostraron con una nutrida marcha en San Juan en la que exigieron reconstruir el país y las instituciones para que Puerto Rico vuelva a ser la Isla del Encanto.