Los defensores ilegales de Nicolás Maduro en la frontera

Lejos de las disputas políticas en las que hoy se encuentra Venezuela, en las que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó reclaman como suya la presidencia de la república, en el vecino país se está librando una guerra silenciosa que, a los ojos del mundo parece desapercibida, pero cuya violencia plantea graves problemas de seguridad para la estabilidad de la región.

En un momento en el que desde Washington se plantean “todas las opciones” para deponer a Nicolás Maduro y dar una solución a la crisis económica en Venezuela, una opción militar terminaría provocando un efecto no esperado en la zona centro y sur de Venezuela, área estratégica por su importancia minera y su cercanía con países como Colombia, Brasil y Guyana, debido a la presencia de distintos grupos ilegales dispuestos a defender a Nicolás Maduro y a su gobierno.

“Las potencias extranjeras y la oposición venezolana deberían frenar los pedidos de una intervención militar extranjera en Venezuela, que solo sirven para alentar a estos grupos a combatir ejércitos extranjeros y proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro”, alerta la ONG International Crisis Group en su último reporte “Gold and Grief in Venezuela’s Violent South” (Oro y dolor en el violento sur de Venezuela).

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Dice el reporte que el crimen organizado y los grupos armados irregulares, entre ellos la guerrilla del ELN y disidentes de la extinta FARC, en estrecha colaboración con las Fuerzas Militares venezolanas, se han hecho con el control de diferentes partes de la región minera del Arco del Orinoco, un área que comprende cuatro estados del centro y sur del país, rica en recursos minerales, que Venezuela explota desde el 2017.

 El declive en la producción petrolera de Venezuela, que en los últimos tres años llegó a sus niveles históricos más bajos, obligó al gobierno de Nicolás Maduro a buscar recursos en otras fuentes. El presidente venezolano creó entonces en 2016 un marco legal para la minería, incluida la creación y delimitación del “Arco Minero del Orinoco”, con el que el gobierno venezolano buscaba incentivar la inversión extranjera y recibir así capitales distintos a los que dejaba el petróleo.

Sin embargo, hasta el momento, ningún acuerdo importante con firmas extranjeras se ha materializado, en parte a las dificultades legales y técnicas para implementar proyectos de gran envergadura en la región. Un hecho que permitió que grupos ilegales, con el apoyo de los militares, se hicieran con el control de la operación minera en gran parte del área del Arco Minero, sobre todo en los estados Bolívar y Amazonas.  “Esto complica las perspectivas de una transición pacífica en Caracas al reforzar la resistencia militar al cambio político”, agrega el informe.

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De acuerdo con exmilitares y agentes de inteligencia consultados por International Crisis Group, las ganancias mineras ilegales son una de las fuentes de ingresos más importantes de las milicias. Fuentes consultadas por la ONG concuerdan, casi todas, en la activa participación de las Fuerzas Militares venezolanas en el negocio de la minería ilegal, sea cobrando vacunas a los pequeños extractores o supervisando las operaciones de los grupos ilegales armados como los “sindicatos” y las guerrillas.

De hecho, uno de los actores más importantes en este conflicto es la guerrilla colombiana del ELN, con actividad en 13 de los 23 estados de Venezuela según el informe de International Crisis Group. Con años de experiencia en combate, la presencia del grupo insurgente en territorio venezolano, sobre todo en las fronteras con los departamentos colombianos de Arauca, Guanía, Guaviare y Vichada, sirve a los intereses estratégicos de Maduro y de las Fuerzas Armadas, más ahora que se habla de que hay una posibilidad de que una potencia externa pueda organizar una intervención militar para sacar al presidente venezolano, como se ha especulado en las últimas semanas con el agravamiento de la crisis política en ese país.

“Un ejército de guerrilleros entrenados podría aumentar las posibilidades de un conflicto prolongado de baja intensidad, especialmente en las regiones de selva densa del sur de Venezuela, donde el ELN está creando una sólida base de apoyo social en las comunidades vecinas a las minas”, alerta el International Crisis Group.

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De hecho, otro de los efectos negativos trae las amenazas de una invasión externa es el aumento de la tensión en loa frontera, donde podría generarse un conflicto entre los grupos ilegales armados por el poder de las minas y sumir a la región en violentos enfrentamientos que podrían provocar el desplazamiento forzado de las poblaciones locales.

Por ello, Crisis Group concluye que los gobiernos, más allá de sus diferencias políticas, deben reconocer los riesgos de empeorar las hostilidades en la frontera y tratar de mantener canales de comunicación estables entre sus fuerzas armadas y entre los principales funcionarios políticos. 

Lejos de las disputas políticas en las que hoy se encuentra Venezuela, en las que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó reclaman como suya la presidencia de la república, en el vecino país se está librando una guerra silenciosa que, a los ojos del mundo parece desapercibida, pero cuya violencia plantea graves problemas de seguridad para la estabilidad de la región.

En un momento en el que desde Washington se plantean “todas las opciones” para deponer a Nicolás Maduro y dar una solución a la crisis económica en Venezuela, una opción militar terminaría provocando un efecto no esperado en la zona centro y sur de Venezuela, área estratégica por su importancia minera y su cercanía con países como Colombia, Brasil y Guyana, debido a la presencia de distintos grupos ilegales dispuestos a defender a Nicolás Maduro y a su gobierno.

“Las potencias extranjeras y la oposición venezolana deberían frenar los pedidos de una intervención militar extranjera en Venezuela, que solo sirven para alentar a estos grupos a combatir ejércitos extranjeros y proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro”, alerta la ONG International Crisis Group en su último reporte “Gold and Grief in Venezuela’s Violent South” (Oro y dolor en el violento sur de Venezuela).

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Dice el reporte que el crimen organizado y los grupos armados irregulares, entre ellos la guerrilla del ELN y disidentes de la extinta FARC, en estrecha colaboración con las Fuerzas Militares venezolanas, se han hecho con el control de diferentes partes de la región minera del Arco del Orinoco, un área que comprende cuatro estados del centro y sur del país, rica en recursos minerales, que Venezuela explota desde el 2017.

 El declive en la producción petrolera de Venezuela, que en los últimos tres años llegó a sus niveles históricos más bajos, obligó al gobierno de Nicolás Maduro a buscar recursos en otras fuentes. El presidente venezolano creó entonces en 2016 un marco legal para la minería, incluida la creación y delimitación del “Arco Minero del Orinoco”, con el que el gobierno venezolano buscaba incentivar la inversión extranjera y recibir así capitales distintos a los que dejaba el petróleo.

Sin embargo, hasta el momento, ningún acuerdo importante con firmas extranjeras se ha materializado, en parte a las dificultades legales y técnicas para implementar proyectos de gran envergadura en la región. Un hecho que permitió que grupos ilegales, con el apoyo de los militares, se hicieran con el control de la operación minera en gran parte del área del Arco Minero, sobre todo en los estados Bolívar y Amazonas.  “Esto complica las perspectivas de una transición pacífica en Caracas al reforzar la resistencia militar al cambio político”, agrega el informe.

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De hecho, uno de los actores más importantes en este conflicto es la guerrilla colombiana del ELN, con actividad en 13 de los 23 estados de Venezuela según el informe de International Crisis Group. Con años de experiencia en combate, la presencia del grupo insurgente en territorio venezolano, sobre todo en las fronteras con los departamentos colombianos de Arauca, Guanía, Guaviare y Vichada, sirve a los intereses estratégicos de Maduro y de las Fuerzas Armadas, más ahora que se habla de que hay una posibilidad de que una potencia externa pueda organizar una intervención militar para sacar al presidente venezolano, como se ha especulado en las últimas semanas con el agravamiento de la crisis política en ese país.

“Un ejército de guerrilleros entrenados podría aumentar las posibilidades de un conflicto prolongado de baja intensidad, especialmente en las regiones de selva densa del sur de Venezuela, donde el ELN está creando una sólida base de apoyo social en las comunidades vecinas a las minas”, alerta el International Crisis Group.

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De hecho, otro de los efectos negativos trae las amenazas de una invasión externa es el aumento de la tensión en loa frontera, donde podría generarse un conflicto entre los grupos ilegales armados por el poder de las minas y sumir a la región en violentos enfrentamientos que podrían provocar el desplazamiento forzado de las poblaciones locales.

Por ello, Crisis Group concluye que los gobiernos, más allá de sus diferencias políticas, deben reconocer los riesgos de empeorar las hostilidades en la frontera y tratar de mantener canales de comunicación estables entre sus fuerzas armadas y entre los principales funcionarios políticos.