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Pese a que ya se materializó la operación con la que el Gobierno enajenó el 57,6% de la participación del Estado en Isagén, la oposición a la decisión del ejecutivo parece no tener freno.Hoy un grupo de senadores – entre los que están Jorge Robledo, Sofía Gaviria, Antonio Navarro e Iván Duque– radicarán una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el proceso (Lea: 'Tras la venta de Isagén, sector eléctrico quedó privatizado')
Los argumentos de los legislados, junto con la Red de Justicia Tributaria y Sintraisagén, es que la venta de la generadora de energía violó los derechos de libre competencia, ocasionó un detrimento del patrimonio público y afectó gravemente la moral administrativa, "por lo que debe declararse ilegal y evitar que se lleve a cabo en su totalidad", señaló una de las organizaciones en una nota de prensa.
Según la Red de Justicia Tributaria, "el proceso aún puede detenerse porque tanto el Gobierno Nacional como el fondo de inversiones Brookfield tenían suficiente información sobre los procesos legales en curso. Además, conociendo las dificultades que ha afrontado la venta, el Ministerio de Hacienda cambió las reglas de juego a última hora".
La acción judicial se radicará hoy a las 2: 00 p.m. ante el alto tribunal. Por la venta de sus más de 15 millones de acciones en Isagén, el Gobierno recibió $6,49 billones. Este monto representa la oferta mínima que desde el Ministerio de Hacienda, con ayuda de una firma especializada, se estableció para la subasta.
Luego de que el Consejo de Estado levantara las medidas cautelares en contra de la venta de la empresa de energía, que habían sido impuestas luego de considerar que la operación podría afectar los intereses de la Nación, se reactivo la subasta en la que Colbún, Engie (antes GDF Suez) y Brookfield habían expresado, hasta mayo cuando se impuso el recurso, su intención de participar en la puja (Lea: Precio de Isagén haría menos atractiva su venta).
Sin embargo, en la recta final, y a pesar de haber manifestado su interés a finales de diciembre, la chilena Colbún comunicó que desistía. "Luego de evaluar la situación en las instancias corporativas, Colbún informa que debido a nuevos plazos establecidos por a autoridad para la presentación de la oferta y también, en parte por el aumento del precio mínimo de la generadora, no estará en condiciones de presentar una oferta" (Lea: 'Tres empresas pujarán por Isagén').
La decisión de la generadora austral estuvo fundamentada en la decisión del Gobierno, luego de reiteradas críticas, de aumentar un 20% el valor por acción, dejándola en $4.130, precio por el que finalmente se vendió la participación en Isagén (Lea: 'Esperamos que nuestro negocio crezca en el país”: nuevo dueño de Isagén').
Lo que queda ahora es que los accionistas minoritarios, entre los que está Empresas Públicas de Medellín (EPM), definan si quieren o no vender su participación. De ser así, como quedó establecido en las condiciones de la enajenación, el fondo canadiense de inversión Brookfield estará en la obligación de comprar (Lea: ¿Quién es Brookfield, el nuevo dueño de Isagén?').