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El viernes, el Parlamento catalán proclamó la independencia de Cataluña ante el estupor, la incomprensión o la frustración de buena parte de la sociedad española. Entre 1931 y 1936 hubo tres intentos de independencia, todos tan breves como frustrados, pero que sirven como referencia para confirmar que España está ante un conflicto político que es todo, menos nuevo.
Ante una tensión nacionalista entre España y Cataluña, acontecida bajo la breve experiencia republicana, el fascismo llegado con Francisco Franco en 1936 reprimió e invisibilizó cualquier atisbo lingüístico, idiomático o cultural que no representara la matriz identitaria de la dictadura, es decir, nacionalismo español, centralismo y catolicismo.
Así, sólo recuperada la tradición democrática, y muerto el dictador, es desde la Constitución de 1978 que se recobra el sentido descentralizador en favor de los mal llamados nacionalismos periféricos, a partir de los cuales ciertos elementos culturales distintivos pueden ser nuevamente recuperados, protegidos y reivindicados.
Bajo la anterior situación cobró fuerza el denominado Estado de las autonomías. Esto es, una suerte de Estado profundamente descentralizado —de hecho, España es de los más descentralizados del mundo—, aunque formalmente unitario, que, sin embargo, confería competencias y capacidades diferenciales a algunos de sus territorios, entre los que se encontraba Cataluña.
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No obstante, esta comunidad nunca se erigió como una región donde el secesionismo se hallara profundamente problematizado y politizado. De hecho, siempre fue el País Vasco el lugar de encuentro de las prácticas y discursos políticos en los que se hacía visible la difícil articulación de una única nación jurídica y política integrada por diferentes naciones culturales.
Desde el año 2011, las tornas cambiaron y el problema territorial español encontró su mayor dificultad en Cataluña. Superado el terrorismo de Eta y redefinida exitosamente la conjugación de visiones y posiciones también rupturistas dentro del propio sistema democrático vasco, es en Cataluña donde afloran las mayores complejidades.
La inconstitucionalidad declarada por parte del Tribunal Constitucional (politizado en favor del Partido Popular) sobre un Estatuto de Autonomía que había sido aprobado en 2008, a efectos de conferir mayor autonomía a Cataluña, fue el comienzo de una escalada de tensión cuyo corolario es la reciente declaración de independencia.
Si a ello sumamos una crisis económica que en España y Cataluña ha convivido con corrupción, políticas de austeridad y desafección, además de que ha sido instrumentalizada por uno y otro Gobierno para culparse recíproca —y falazmente— de sus males, llegamos al escenario actual.
Es decir, el gobierno español ha tapado muchas de sus miserias con el problema nacional proveniente de Cataluña del mismo modo que la Generalitat ha construido un discurso político que le ha permitido invisibilizar sus ingentes niveles de desgobierno y corrupción.
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Y ahí se ha tensado la cuerda hasta el punto de romperse. Se ha recurrido al nacionalismo, a las emociones y a la irracionalidad, y se ha instrumentalizado un diálogo que, en el fondo, nunca estuvo encima de la mesa porque ni el gobierno central ni el catalán tuvieron un plan B para tal efecto. Desde España se recurre a la legalidad constitucional. Desde Cataluña, a la legitimidad social. Pero ni una ni otra son suficientes para justificar ni una interrupción de la autonomía ni una declaración de independencia unilateral.
Frente a una necesidad de buscar una solución mutuamente favorable, se ha optado por una catástrofe mutuamente desfavorable, en la que el “choque de trenes” se va a resolver en el corto plazo del lado de quien tenga una posición de poder más favorable —presumiblemente el Estado—, aunque en el medio y largo plazo igualmente se torna insuficiente e irresoluta para todos los implicados.
En este escenario lo que se hace necesario es despersonalizar la política y dejar de lado los réditos electorales. No se trata de descartar ninguna solución, si bien, quizá, la mejor de todas pueda ser un referéndum que consulte vinculantemente a los catalanes, pero donde el Estado español también pueda igualmente disputarles la narrativa, la práctica y el discurso político a sus adversarios separatistas. El conflicto en democracia implica eso.
El unilateralismo nos separa de lo anterior y nos conduce a una lucha de enemigos donde todos pierden. No es demasiado tarde para retornar a la senda que nunca debió perderse.
* Doctor en ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad EAN (@Jeronimo_Rios).