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China ha querido endurecer su vínculo con Hong Kong desde hace meses, cuando estallaron las masivas protestas que pusieron en la cuerda floja al gobierno local. Ahora, en medio de la crisis sanitaria, el Partido Comunista Chino estaría a punto de aprobar una propuesta para que la ley de Hong Kong persiga las “actividades secesionistas y subversivas, la interferencia extranjera y el terrorismo” en la ciudad semiautónoma.
El diario hongkonés South China Morning Post cita a fuentes en Pekín cercanas a la gestión de los asuntos de Hong Kong, que indican que esta nueva normativa prohibiría todas las “actividades sediciosas encabezadas a derrocar al Gobierno central, los actos terroristas y la interferencia externa en los asuntos de Hong Kong”.
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Esta decisión sería la respuesta del Gobierno central chino a los meses de protestas en Hong Kong y a su cada vez menor confianza en las autoridades de la ciudad. Según el medio, Pekín ha perdido la paciencia con la capacidad de las instituciones hongkonesas -en concreto, del Consejo Legislativo, el Parlamento local- de aprobar una ley de seguridad nacional con base en lo permitido por la Ley Básica, la carta magna de la región semiautónoma.
El artículo 23 de ese texto estipula que son las autoridades hongkonesas quienes promulgarán sus propias leyes para “prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín)”. Esas reglas también servirían para “prohibir que organizaciones u organismos políticos extranjeros lleven a cabo actividades políticas” en Hong Kong o que establezcan lazos con las organizaciones locales.
El 28 de mayo, fecha probable de la votación
Las fuentes chinas del South China Morning Post aseguran que la oposición prodemocrática de la ciudad ha sido la que ha impedido que Hong Kong apruebe sus propias leyes al respecto, y asegura que no hay garantías de que se lleve a cabo si no es en la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), que comienza mañana, o poco después.
“No podemos seguir permitiendo actos como la profanación de banderas nacionales o las pintadas sobre el emblema nacional en Hong Kong”, indica esa persona, cuya identidad no es desvelada.
Las próximas elecciones al Consejo Legislativo hongkonés están previstas para septiembre de este año, y la oposición -que arrasó en los comicios a concejal de distrito de noviembre de 2019- las marca como una oportunidad histórica para conseguir una mayoría que les permita bloquear las propuestas de ley del Gobierno local.
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Según la prensa hongkonesa, esta misma tarde se presentará un borrador de la resolución a los delegados hongkoneses que asisten a la ANP y mañana será presentada como una moción ante el máximo órgano legislativo chino, controlado por el Partido Comunista (PCCh).
Se espera que la votación se produzca al final de la sesión anual, probablemente el próximo día 28, y que luego se envíe la resolución al Comité Permanente de la ANP -cuya próxima reunión debería celebrarse en junio- para especificar sus detalles.
El Gobierno lleva años queriendo aprobarla
Los mecanismos legales que regulan la autonomía de Hong Kong permiten a Pekín aprobar directamente legislación para la ciudad sin necesidad de pasar por las instituciones locales, que se incluiría en el anexo tercero de la Ley Básica.
Hong Kong, que regresó a manos de China en 1997 tras siglo y medio de dominación colonial británica, no cuenta con una ley de seguridad nacional pese a lo estipulado en el citado artículo 23 y a que el Gobierno local ha intentado sacarla adelante en el pasado.
En 2003, las autoridades locales se vieron obligadas a suspender un proyecto de ley de seguridad nacional después de que cerca de medio millón de personas se manifestase en contra al considerar que afectaría a sus derechos y libertades, mucho más amplios que los de sus compatriotas de la parte continental de China.
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Desde entonces, el Ejecutivo hongkonés no había vuelto a retomar esos planes hasta las protestas de 2019, que comenzaron por un polémico proyecto de ley de extradición -ya retirado- y que acabaron convirtiéndose en un movimiento que reclamaba mejoras en los mecanismos democráticos de la ciudad y una menor injerencia de Pekín, aunque con habituales enfrentamientos violentos entre Policía y manifestantes.
Durante esos meses, el régimen chino ha elevado el tono contra el movimiento, asegurando que está orquestado por fuerzas extranjeras y equiparando las acciones de los manifestantes más violentos al terrorismo.