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El gobierno español sabe que debe hacer todo lo posible para frenar cuanto antes la expansión del coronavirus en su territorio. Por eso, con más de 4.200 infectados y 120 fallecidos en el país, el segundo más castigado de Europa sólo después de Italia, Sánchez declaró este estado de alarma durante quince días, conforme prevé la ley.
Durante este periodo se "adoptará un conjunto de decisiones excepcionales a fin de movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos". Estos recursos serán "tanto públicos como privados", "tanto civiles como también militares", indicó el jefe de gobierno socialista en una corta comparecencia televisada.
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A pesar de que durante las útlimas semanas se han llevado a cabo intensos debates, finalmente el gobierno español decidió llevar a cabo una línea gradual de medidas: "Nos esperan (...) semanas muy duras, no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados", advirtió Sánchez.
El número de contagios y decesos por el nuevo coronavirus se disparó en España desde comienzos de semana. De 589 el pasado domingo pasó a más de 4.200 en el último balance de este viernes, la mitad de ellos en la región de Madrid (centro), que sumaba por sí sola 64 fallecidos. En un país altamente descentralizado, tanto el gobierno central como las diferentes administraciones regionales fueron incrementando las medidas para evitar la propagación.
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Las escuelas y centros educativos cerraron, cuatro municipios fueron confinados en Cataluña (noreste), el ayuntamiento de Madrid pidió cerrar los bares y restaurantes y la región de Murcia decretó el confinamiento de sus municipios costeros ante el temor de que los madrileños acudan masivamente a sus segundas residencias en la zona.
La adopción del estado de alarma permite al gobierno español centralizar la gestión de toda esta crisis. En una comparecencia de su líder Pablo Casado, el principal partido de la oposición conservadora, el Partido Popular apoyó la medida anunciada por Sánchez y se ofreció para aprobar una extensión de esta medida en el Congreso más allá de los quince días previstos.