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Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras 13 años en el poder. El mandatario de ese país dejó su cargo después de vivir los momentos más difíciles desde que asumió en 2006, cuando hizo historia al convertirse en el primer indígena en llegar a ser jefe de estado.
“Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales”, dijo Morales a través de la televisión, aludiendo a los líderes opositores que convocaron protestas en su contra, desatadas el día siguiente de los comicios del 20 de octubre.
Desde la zona cocalera de Chimoré, su cuna política en la región central de Cochabamba, Morales hizo el anuncio acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera, quien también renunció a su cargo.
"Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical, cocalero", exclamó, al término de sus "trece años, nueve meses y 18 días" en el poder desde que tomó posesión el 22 de enero de 2006.
"Muchas gracias por acompañarnos", concluyó, tras un largo discurso acompañado, con una bandera del país de fondo.
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En sus más de diez años en el poder, Morales demostraba astucia política, empatía con los pobres y buen manejo de la bonanza económica derivada de la exportación de materias primas a China. Pero su polémica reelección en la primera vuelta del 20 de octubre, calificada de fraudulenta por la oposición, hizo que miles de bolivianos salieran a las calles a exigir su renuncia.
El destino de Morales pendía de un hilo. El Gobierno se había derrumbado, presionado por el hostigamiento de los movimientos insurgentes que atacan los domicilios de los dirigentes oficialistas. El líder boliviano dejó su cargo poco después de que se conociera que una decena de funcionarios, diplomáticos y alcaldes y gobernadores oficialistas renunciaran a sus cargos. El fin de semana incendiaron la casa de la hermana del presidente, así como la de dos gobernadores y ministros.
“Por esa razón estamos renunciando. Para que nuestras familias no sigan siendo hostigadas y atacadas”, afirmó Evo en su intervención.
La grave situación en las calles que se vivió el fin de semana hizo que Morales anunciara la convocatoria de unas nuevas elecciones. Sin embargo, esa decisión no convenció a varios sectores del país, entre ellos la policía y al ejército. El domingo, los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia pidieron a Morales que renunciara.
Los militares veían insuficiente la convocatoria a nuevas elecciones que había hecho el gobierno en horas de la mañana tras las "irregularidades" detectadas por una auditoría de las elecciones hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA).
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“Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia”, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, ante la prensa.
“Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia", declaró por su parte el comandante general de la Policía, general Vladimir Yuri Calderón.
La reacción de Morales, de 60 años, fue denunciar un intento de "golpe de Estado" y pedir a sus seguidores que defendieran los resultados electorales. Sin embargo, este domingo optó por convocar a nuevos comicios, sin aclarar si sería candidato, tras el lapidario informe de la OEA, el cual Morales criticó y calificó de estar “politizado”.
"La comisión de la auditoría de la OEA ha tomado una decisión política" al exigir nuevos comicios en Bolivia, declaró Morales por televisión poco después de anunciar su renuncia al país luego de casi 14 años en el poder. "Algunos técnicos de la OEA están al servicio de (...) grupos de poder", agregó.
Al respecto, exigió ante la comunidad internacional que "se diga la verdad" sobre lo que consideró un golpe de Estado.
"La lucha no termina acá", advirtió con la voz entrecortada por momentos. "Hay un golpe cívico, político y policial" instigado por "grupos oligárquicos que conspiran contra la democracia".
El lapidario informe
El domingo, muy temprano, la Organización de Estados Américanos (OEA) entregó un reporte que mostraba varias irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre. Tras dos semanas de análisis, la OEA concluyó que en los comicios no se siguieron los protocolos adecuados y pidió que se anularan esos resultados, junto con la convocatoria de una nueva elección."La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral", dice el reporte de la OEA.
"En los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas”, agrega el informe.
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Las conclusiones de la OEA confirmaron lo que la oposición boliviana venía denunciando desde el 20 de octubre, cuando el conteo se suspendió misteriosamente en horas de la noche. Antes del apagón, el escrutinio anticipaba que Morales y Carlos Mesa, su principal contrincante, debían definir la presidencia boliviana en segunda vuelta. Tras el apagón, el escrutinio dio una ventaja clara a Morales sobre Mesa, suficiente para evitar el balotaje. Según el análisis de la OEA, los datos se derivaron a un servidor externo no previsto.
Poco después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano le diera la victoria a Morales, la oposición boliviana denunció este resultado, al que no dudó de calificar como un “fraude”. Desde ese momento, Bolivia se transformó en un caos, donde las protestas en las calles aumentaron, así como también la represión y la violencia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, parte del gobierno, en los enfrentamientos han fallecido al menos tres personas y hay más de 300 heridos.
El primer presidente indígena
Morales nació en una comunidad andina en el seno de una humilde familia campesina aimara y solo terminó el bachillerato, pero en "la escuela de la vida" de joven aprendió oficios desde pastor de llamas a panadero, albañil y trompetista.Luego migró al Chapare, una zona cocalera en el departamento de Cochabamba, donde ascendió hasta líder sindical, lo que le catapultó a la silla presidencial en 2006 por primera vez y con los años se convertiría en el presidente con mayor permanencia en el poder en Bolivia.
Su llegada al poder fue encumbrada por movimientos sociales, deslumbró a muchos más allá de América Latina, a la vez que desencadenó los recelos de otros con decisiones como la nacionalización de recursos naturales como el gas, enfrentándose a multinacionales con las que ahora en cambio se prodiga en firmas de contratos estatales.
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Morales, uno de los pocos defensores que quedan del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, en estos años de Gobierno siempre se jactó de la estabilidad económica del país y de mantener a Bolivia con uno de los crecimientos más altos y sostenidos en América, de más del 4 % durante varios años.
Pero la bonanza económica o la reducción del 38,5 al 15,2 % de la pobreza extrema en este periodo o el crecimiento del PIB per cápita de 961 a 2.392 dólares, que usualmente señala en sus repetitivos discursos en el país y en el extranjero, no le garantizaron su permanencia en el poder.
A pesar de que hace cinco años él mismo dijera que al terminar su tercer periodo gestión se retiraría para abrir un restaurante en Cochabamba, encontró la manera para presentarse de nuevo a unas elecciones, de forma muy cuestionada en Bolivia y por una parte de la comunidad internacional.
¿El principio del fin?
Para participar en las elecciones del pasado 20 de octubre, Morales se aprovechó de varios cambios en las leyes bolivianas, que prohibían una posible cuarta reelección del mandatario.Para poder postularse de nuevo a la Presidencia, en 2017, el Tribunal Constitucional avaló la reelección indefinida alegando que debe respetarse el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo, sacando a la palestra el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Bolivia.
El tribunal seguía así una vía que a partir de ese artículo abrió en 2003 en Costa Rica Óscar Arias y siguieron luego otros como Daniel Ortega en Nicaragua en 2014 y en 2015 Juan Orlando Hernández en Honduras. Con el sustento del fallo constitucional de 2017, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó en diciembre de 2018 la candidatura de Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, para las primarias, terminando de allanar el camino a la nueva postulación de ambos.
Morales defendió su candidatura exhibiendo la reducción de la pobreza y las altas tasas de crecimiento, que aún en declive se sitúa en 4,2% en la actualidad, y amenazó que con cualquier otro candidato se perderían derechos sociales en este país de 11 millones de habitantes, entre los tres más pobres de la región.
El gobernante indígena estaba empecinado en conseguir un cuarto mandato hasta 2025, un verdadero récord en Bolivia desde la independencia en 1825. Sin embargo, la crisis que provocó su cuarta candidatura evitó que esto pudiera suceder. Sin fecha todavía para las próximas elecciones, el futuro del país andino es, por ahora, una incógnita.